Unas llaves entre la confusión

No se lo creían, pero no por falta de fe, sino por increíble. Las 22 familias desalojadas de un edificio en Sevilla iban a tener en unas horas las llaves de la que sería su vivienda en el futuro. Un piso con luz y con agua, bienes de los que no han dispuesto en los últimos dos años, desde que conformaron entre 36 familias la corrala La Utopía y ocuparon un bloque de viviendas de Ibercaja. Sobre las 11.15, la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía (IU) les comunicó que les ofrecería cobijo inmediato y a las 21.00 les entregó las llaves de varias viviendas públicas.

En el primer momento de la mañana todo fueron abrazos, llantos, saltos, gritos y consignas en la Plaza Nueva de Sevilla, frente al Ayuntamiento, donde acampaban desde que este domingo fueran desalojados por orden judicial del edificio que ocupaban desde mayo de 2012. “La lucha ha sido muy larga, hemos vivido en condiciones extremas, pero se puede, se puede”, decía y repetía y entre lágrimas Irma Blanco, diplomada en Trabajo Social y una de las personas que va a resultar beneficiada.

Pero la alegría apenas les duró dos horas. Empezó la confusión cuando a las 13.00 estaba prevista la comparecencia del viceconsejero de Fomento y Vivienda en la misma plaza. Pero nunca acudió. Una hora después se pronunció la Consejería de Presidencia de la Junta, que veía inviable la solución propuesta por IU para los desalojados. Pero a los vecinos, Fomento no les negó en ningún momento que fuese a cancelarse el plan de realojo. Ahí lo increíble comenzó a convertirse en incredulidad e incertidumbre.

“No puede haber otra opción que no sea nuestro realojo. Sería brutal lo contrario”, añadió Blanco por la tarde, dispuesta a recoger los enseres de la acampada para instalarse durante la noche en una vivienda de la Junta.

Fomento mantuvo en todo momento que el plan se ejecutaría en el día

Después de las dudas, sobre las 21.00, comenzaron a aparecer llaves de pisos en la Plaza Nueva. Al menos 10, según aseguraron los vecinos. Una de las que anoche tuvo entre sus manos el metal que le daba la entrada a su futura residencia fue Toñi Rodríguez, que ha formado parte de la corrala desde el principio de la lucha. “¡Estoy contentísima, todavía no me lo creo!”, exclamaba esta madre desempleada con un hijo de 14 años a su cargo.

En estos dos años, el edificio ocupado, propiedad de Ibercaja, ha visto entrar y salir a decenas de familias. Entre las vecinas que han resistido desde el principio está Manoli, que trabaja en lo que puede para cuidar a su hijo de 10 años, con un brazo escayolado por una caída. Se mantenía Toñi, que ha llegado a ponerse en huelga de hambre. Otra de ellas tiene a su marido en el hospital e Irma Blanco se niega a volver a casa de sus padres. Estas son algunas de las 36 familias que comenzaron la lucha. Pero se han ido yendo algunas y entrando otras nuevas. De ellas, solo una ha sido realojada por el Ayuntamiento de Sevilla. “Después de realizar 25 informes sociales a los habitantes del edificio se vio que solo tres cumplían los requisitos para acceder a las viviendas sociales, uno fue realojado y los otros están dentro del baremo social. Los demás no están en riesgo de exclusión y tendrían que apuntarse al registro de demandantes de vivienda”, aseguran fuentes municipales.

Además, en este tiempo, otras cinco familias decidieron acogerse al programa llaves solidarias propuesto por Ibercaja, que facilita una vivienda de alquiler asequible. Los demás, los 22 que faltan, han esperado acampados en la calle una solución política a su situación, en la que desde el principio medió el Defensor del Pueblo andaluz. En las mesas de negociaciones han participado el Ayuntamiento, la Junta, Ibercaja y las familias, que también habían puesto una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. “El tribunal consideraba suficientes las medidas que aportó el Ayuntamiento para garantizar el derecho a la vivienda, que eran en concreto las plazas del albergue municipal. Lo que no conocen allí es lo difícil que es acceder”, dijo este miércoles Pastora Filigrana, abogada que les asesora.

“Queremos luchar por todos, que nadie duerma en la calle, en un coche o en los pisos de sus familiares. La vivienda es nuestro derecho”, señaló Blanco.