La juez pregunta a 23 pueblos de dónde salió el dinero para la Beneficencia

El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón se ha dirigido a 23 municipios de la provincia para esclarecer de dónde salió el dinero para pagar las entradas de toros de la Beneficencia que organizó la Diputación. La juez, en un auto, reclama a estos Ayuntamientos que certifiquen si el dinero que la institución provincial les restó para pagar las entradas del festejo estaba incluido en los presupuestos municipales, en qué partida y en relación a qué ejercicio.

En total, la Diputación compensó 234.326 euros de partidas que debía pagar a estos municipios en concepto de impuestos, ayudas sociales o planes de obras.

El juzgado investiga si existió fraude y prevaricación en la gestión de la corrida de la Beneficencia en una causa abierta en la que están imputados el expresidente Carlos Fabra y su ex número dos, Francisco Martínez, junto a dos funcionarios. La fiscalía denunció que la Diputación enviaba las entradas del festejo a los ayuntamientos “sin que mediara ningún tipo de solicitud, ni contratación, ni convenio” y que así “se aseguraba los ingresos necesarios” para sufragar el evento. Si los Ayuntamientos no pagaban, se les restaba de otras deudas.

Según la fiscalía, estas resoluciones se adoptaron sin que el dinero estuviera presupuestado o documentado por los Ayuntamientos. Es por ello que ahora la juez se ha dirigido a todos los municipios afectados para concretar si el dinero estaba previsto o no en sus respectivos presupuestos.

Entre los 23 municipios a los que la juez reclama información destaca Burriana como el Ayuntamiento al que la Diputación restó más dinero (28.356 euros) para saldar una supuesta deuda por las corridas de 2009 a 2011. En este caso, un informe de Intervención advirtió de las mismas irregularidades señaladas por el fiscal. El documento establecía que el dinero para las entradas se retuvo por la Diputación “sin procedimiento administrativo alguno” y sin que existiera una consignación presupuestaria municipal. Para salvar el error, el pleno de marzo de 2013 aprobó una modificación de créditos en las que se consignaban los 28.356 euros de las entradas como "atenciones protocolarias".

El portavoz de Compromís en la Diputación y en el Ayuntamiento de Castellón, Enric Nomdedéu, ha asegurado este martes que “pese al intento de algunos responsables del PP de derivar las responsabilidades en funcionarios y técnicos, son los responsables políticos quienes repartían entradas sin aportar ningún tipo de criterio y quienes decidieron compensar el precio de las entradas a cargo de determinadas partidas de las cuentas municipales”.

Junto a Castellón y Burriana, la juez investiga el gasto de la Vall d’Uixó, Albocàsseer, Castellnovo, Torralba del Pinar, Vallibona, Alfondeguilla, Argelita, Bejís, Benafigos, Benassar, Betxí, Càlig, Caudiel, Catí, Cortes de Arenoso, Ribesalbes, Rosell, Useres, Villamalur y Villores. Además de Vila-real, cuyo alcalde ya acudió a los juzgados para reclamar el importe.

Según Nomdedéu, el auto “pone en tela de juicio todo un sistema de supuesto clientelismo político y opaco que, con la excusa de la finalidad social de los festejos taurinos, servía para tejer una red de supuestos favores políticos”.