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El exdirector de Vitalia pagó 2,5 millones de euros al ‘conseguidor’ Juan Lanzas

La juez rechaza en un auto el archivo de la causa contra Albarracín

Sevilla -

La juez que investiga el caso de los ERE irregulares ha rechazado la petición de la defensa del exdirector general de Vitalia Antonio Albarracín para que archivara la causa en relación con los delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales que le imputa, pues considera, entre otros aspectos, que pagó más de 2,5 millones en comisiones al conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas y también entregó dádivas al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

 En un auto, la magistrada Mercedes Alaya recuerda que Albarracín, que llegó a ingresar en prisión por estos hechos, permanece imputado en la causa por delitos de cohecho, malversación, prevaricación, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y asociación ilícita, mientras que, como representante legal de la entidad Permar 21, le fue imputado un delito de blanqueo de capitales.

Y es que, según la instructora, este delito le fue imputado por “la posesión, utilización y en su caso adquisición de bienes procedentes de la actividad ilícita desarrollada como director de Vitalia, fundamentalmente de las sobrecomisiones que percibía procedente de fondos públicos, lo cual se traducía en el pago de una retribución variable” al propio imputado con cuyas ganancias adquirió entre 2006 y 2011 un total de ocho inmuebles.

La juez dice que Albarracín, como director general de Vitalia, “de hecho o de derecho, habría conocido la inclusión de los múltiples intrusos en la multitud de pólizas de prejubilación en las que habría intervenido en nombre de Vitalia”, y en segundo lugar “también sería consciente de la magnitud del exceso de la cuantía de la comisión percibida por dicha entidad con cargo a los fondos públicos, superior en muchos casos al 15% por encima de la media del mercado y que fue cobrado en cada una de estas pólizas”.

La juez añade que, con cargo a dichas sobrecomisiones, “percibiría Albarracín sus retribuciones, cobrando una parte a través de la sociedad Permar” y “ordenaba el pago de comisiones a todo aquel que hubiera facilitado la elección de Vitalia por parte de la Administración” como “es el caso de Juan Lanzas, al que se le haría llegar a través del pago de facturación falsa a la empresa Atrado Mensajería más de 2,5 millones de euros”.

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