Y el pueblo salvó el río Sarria

Un día de diciembre, los alisos del Malecón aparecieron tatuados con espray naranja. Aspas, o cruces de San Andrés, que indicaban su inminente ejecución. José María Díaz sumó uno por uno los viejos árboles de ribera señalados y la cuenta le dio 178. Esa misma tarde, él, Roberto Irimia y otros sarrianos inquietos, reunidos en una taberna, garabatearon en una servilleta de papel las razones de un vecindario decidido a salvar el paisaje de su vida. Acordaron no aceptar vinculación política alguna, y repartir el trabajo para estudiar a fondo las leyes ambientales y el que consideraban “absurdo, horroroso e inútil” proyecto de encauzamiento preparado por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para el río Sarria.

Cuentan que la localidad entró en un mapa de zonas de riesgo de crecidas por causa de una “extraña jugada administrativa” a principios de la década pasada. Los vecinos afirman que el río que da nombre al pueblo puede desbordarse en otros tramos, pero no en el Malecón, y sin embargo el Gobierno central va a actuar únicamente allí. El plan para abrir paso a la corriente de agua, aunque reducido solo a su primera fase, 300 metros y unos cinco millones de euros, había sido heredado del tiempo en que el socialista Francisco Fernández Liñares, principal imputado de la Operación Pokémon, presidía el organismo de cuenca.

Preveía no solo la tala masiva del único pulmón verde de la localidad, sino la eliminación de presas históricas, la amputación de buena parte de una isla fluvial y una metamorfosis total de la zona más popular de Sarria al alterar por completo cuatro puentes. Uno de estos (Ponte Ribeira) tiene base medieval y está en pleno Camino Francés, un itinerario declarado BIC y patrimonio de la Unesco. Otro de ellos (el de la rúa Calvo Sotelo) fue proyectado y construido en el siglo XIX, en concreto por un bisabuelo ingeniero que tenía Álvarez Cascos. La Escola Galega da Paisaxe ha criticado duramente estas reformas.

Desde aquella primera reunión en el bar, los vecinos han pasado de recoger firmas y organizarse a través de una web (www.plataformariosarria.org) y una página de Facebook, a manifestarse por las calles, convocar caceroladas, montar un campamento base en la isla del río, cosechar miles de apoyos y encadenarse durante un mes entero a los árboles para defenderlos de una tala que ya había comenzado. Al final, la mañana del pasado día 25, un número desproporcionado de guardias civiles se presentó en el Malecón y los desalojó.

Para los miembros de la Plataforma Sarriana polo Río no fue ninguna sorpresa. Aseguran que un representante del PP, el partido que gobierna este municipio lucense, había pasado varias veces por su acampada “jactándose” de que pronto llegaría de arriba la orden de la evacuación forzosa. Tras el desalojo, los indignados vecinos se concentraron inmediatamente en el Ayuntamiento, y el alcalde, José Antonio García, terminó logrando marchar de allí, pero escoltado, y con la misma acusó a sus vecinos de actuar “de forma radical y violenta”. Entonces, la plataforma se fue al juzgado de Sarria y puso una denuncia. El efecto fue fulminante, porque la titular mandó parar las motosierras. La empresa maderera había retomado la tala, suspendida hacía un mes, nada más desalojar a los vecinos. Y eso que un grupo formado por cuatro de los profesores de Botánica e Ingeniería Agroforestal más influyentes de Galicia acababan de advertir que aquel bosque de ribera, uno de los pocos conjuntos de alisos sanos de la comunidad, debía ser “especialmente protegido”.

Sin embargo, un día antes de que los guardias civiles se llevasen a los últimos de la isla de O Toleiro, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil había sorprendido a todos con un anuncio que hoy se puede tomar, si no como una rendición —porque la polémica transformación de los puentes sigue adelante—, sí como una claudicación. El organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente aceptó varias de las reclamaciones de la plataforma cívica y redujo el número de árboles talados en un 95%; amnistió la barandilla del paseo, que para los sarrianos y los peregrinos es un símbolo; y suspendió el brutal rebaje previsto para la isla de O Toleiro, que iba a perder perímetro y 70 centímetros de capa vegetal, incluidos todos sus árboles, y la rica fauna que en ella se refugia.

“Ahora que hay un procedimiento penal, accedimos a informes que habíamos solicitado y nunca nos entregaron”, echaba en cara el colectivo al conselleiro Hernández en una carta esta semana. Mientras, en sus notas de prensa la Confederación que preside Francisco Marín insiste en su “total transparencia”. El colectivo vecinal cree que detrás de las obras, respaldadas por Xunta y consistorio, se acumulan “un delito contra el medio ambiente, uno contra el patrimonio, y posiblemente otro de prevaricación”. “Estos días supimos que algunos informes de la Xunta fueron contradictorios, llegaron un año tarde y obviaron incluso el número de árboles que iban a caer”, asegura Díaz. “Además, la juez ha reclamado el permiso de obra municipal y nadie se lo entrega”.

Por ahora, desde que se cortaron los primeros en diciembre, en el Malecón no han caído ni una veintena de árboles, con tan buena suerte que los pocos que según las nuevas cuentas de la Confederación quedan por caer nadie podrá cortarlos hasta octubre. La guerra vecinal agotó el plazo del permiso dado por Conservación da Natureza: por razones “fitosanitarias”, para que no se transmitan enfermedades entre árboles, la tala solo está permitida del 1 de octubre al 1 de abril. Una vez que se supo que el ministerio renunciaba a talar la mayoría de los ameneiros, el alcalde se apresuró a darse la enhorabuena: “Es una mejora medioambiental tremenda”.