Un juez analizará la ‘ley mordaza’ de Castedo tras el recurso del PSPV
La medida impide a la oposición y a los medios de comunicación fiscalizar la gestión del PP
La prensa y los partidos en la oposición tienen ahora más complicado consultar los expedientes y los informes que pasan por el registro del Ayuntamiento de Alicante. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante ha admitido a trámite el recurso presentado por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la ciudad contra la resolución de alcaldía sobre "datos protegidos" que establece "la prohibición de trasladar o ceder los datos" del Registro a personas no autorizadas o terceros y recordaba a funcionarios el "deber de exigir discreción sobre los asuntos que conozcan por su cargo".
La conocida como Ley mordaza impide a la oposición y a los medios de comunicación realizar adecuadamente una "fiscalización de la gestión municipal". La admisión a trámite fue notificada el pasado 26 de marzo, por lo que el portavoz municipal socialista, Miguel Ull, se ha congratulado de la decisión judicial y ha recordado en un comunicado que ahora disponen de 10 días hábiles para presentar una demanda y adjuntar todas las solicitudes de pruebas que consideren oportunas.
"Ya anunciamos en su día que llegaríamos hasta donde fuera necesario para luchar contra una medida que nos parece desproporcionada e injusta. El apagón informativo que quiere Sonia Castedo es propio de otros regímenes y nos hace pensar que la alcaldesa no quiere que salgan a la luz determinadas cosas justo ahora que están a punto de abrirle juicio oral por los presuntos amaños en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Pues bien, ahora tendrá que explicarlo en los juzgados", ha manifestado Ull.
Medidas de seguridad
Los socialistas se han mostrado sorprendidos por la medida del PP ya que, según han argumentado, los tribunales investigan "por qué un determinado promotor conocía el PGOU" y "ahora la alcaldesa se escuda en la necesidad de adoptar medidas de seguridad para que determinada información no llegue a los medios".
"Son esas medidas de seguridad que quiere para la oposición las que se deberían haber tenido presentes a la hora de filtrar, presuntamente, el documento urbanístico más importante de la ciudad", ha explicado. "A lo largo de estas últimas semanas se nos ha estado bloqueando el acceso a todos los documentos que hemos solicitado con la excusa de que las peticiones eran genéricas o que faltaba justificación, una muestra más de la especie de 'ley mordaza' que ha impuesto. Ahora tendrá que ser ella la que se justifique", ha recordado.
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