El Gobierno busca que los ciudadanos puedan proponer decretos y órdenes

El Gobierno intentará garantizar por ley que los ciudadanos puedan presentar propuestas de normativa -decretos y órdenes- que el propio Ejecutivo tramite y ponga en marcha, una iniciativa conocida como iniciativa reglamentaria popular, similar a la iniciativa legislativa popular que se puede impulsar en los legislativos para promover leyes. Es una de las ideas más novedosas que incluye el anteproyecto de Ley de Administración Pública, que incluye también medidas de transparencia de la administración como la publicación en Internet de los nombramientos, ceses, complementos retributivos e indemnizaciones a altos cargos, así como otras cuestiones como el número de liberados sindicales, el número de horas y su coste para la administración.

El consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka, ha avanzado algunos detalles del anteproyecto de ley, que en los próximos días saltará a su fase de consulta pública para la ciudadanía y se remitirá a los otros dos niveles institucionales así como a los sindicatos y la patronal. El anteproyecto no se convertirá en proyecto de ley -paso previo a su tramitación parlamentaria- hasta mediados de este año. El Gobierno ha tratado esta cuestión en su consejo semanal, aunque no ha facilitado el documento completo.

Erkoreka ha señalado que las iniciativas normativas de la ciudadanía estarán delimitadas por un número de firmas concreto, al igual que ocurre con iniciativas legislativas populares -en Euskadi hay una en marcha, para prohibir el fracking, que pasa ahora por su fase de recogida de 30.000 firmas para proseguir su tramitación-, aunque en el caso de las propuestas normativas hacia el Gobierno la cifra será inferior. El consejero ha delimitado el terreno. Primero, ha resaltado que las propuestas tendrán que estar enmarcadas en la legalidad y que, como el Ejecutivo no legisla, el margen de maniobra será más "delimitado".

En el caso de las iniciativas que cumplan con la legalidad, tampoco ha garantizado que salgan adelante: "si se plantea una cuestión que puede ser claramente contraargumentada o ser comprometida, sin consensos suficientes, podría apartarse; tampoco un Parlamento está obligado a cumplir escrupulosamente con las ILP". En todo caso, ha asegurado que el Ejecutivo "tendrá que explicar por qué se aparta de esa propuesta". "Es parte del juego ordinario", ha zanjado.

Ni las diputaciones ni los ayuntamientos deberán cumplir con la futura ley en caso de que sea aprobada.