El juez de Gürtel inquiere si una treintena de imputados tuvieron cargos en el PP

El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, José Ceres, ha pedido al PP valenciano que certifique si 29 personas, entre exconsejeros, altos y medios cargos de la Generalitat, funcionarios y empleados públicos ocuparon cargos en el partido entre 2004 y 2009. Todos ellos están imputados por haber adjudicados contratos a dedos a la trama corrupta de Francisco Correa.

El magistrado rastrea si los implicados han tenido mando en el partido no solo en la dirección regional, sino también en las provinciales y locales. Y explica que el requerimiento a la formación se produce como consecuencia de "algunas preguntas y menciones realizadas en diversas declaraciones a la posible pertenencia de algunos declarantes al PP".

La medida conecta la pieza separada en la que se investiga la adjudicación irregular de contratos por parte del Gobierno del expresidente valenciano Francisco Camps con otras dos piezas de la misma causa en las que el juez indaga la financiación ilegal del PP.

A lo largo de la investigación, como ha recordado el juez en otras resoluciones, ha surgido la relación entre las empresas de la red, que se encargaban en exclusiva del montaje de actos electorales del PP valenciano, la formación política y los cargos y funcionarios implicados en la contratación.

Los cabecillas de Gürtel están imputados tanto por haber recibido contratos supuestamente amañados y haber sobornado a cargos públicos como por haber participado en la financiación ilegal del partido. Hasta ahora, sin embargo, unos y otros hechos se habían mantenido en contenedores estancos. Algo que cambia con la providencia dictada ahora.

El magistrado pide a los populares que certifiquen vía fax, en un plazo de cinco días, si un total de 29 personas tuvieron algún cargo orgánico o formaron parte de alguna comisión en el partido (regional, provincial y local). Si integraron algún comité de campaña de naturaleza electoral; o si fueron miembros en representación del partido en la respectiva diputación provincial, ayuntamiento o en las Cortes Valencianas entre 2004 a 2009.

Esos son los años a los que se extiende la investigación abierta por la supuesta adjudicación a dedo de contratos, que sería constitutiva de los delitos de malversación, prevaricación y, en algunos casos, de falsedad documental.

Sobre alguno de los citados a declarar no pesa ya la imputación, y la mayor parte de ellos han abandonado los cargos públicos, aunque aquellos que tenían plaza en la plantilla de la Generalitat o en sus empresas pública los mantienen.

Respecto a los 18 ex altos cargos, el magistrado pide información sobre Juan Miguel Bellver, ex director general de la empresa pública Vaersa; María Auxiliadora Hernández Miñana, ex secretaria autonómica de Educación; Dora Ibars, ex directora general de Promoción Institucional de la Generalitat; y Arantxa Vallés, ex responsable de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat.

Requiere también información sobre Vicente Farnós, exdirector de Castelló Cultural; Silvia Caballer, ex directora general del Libro; Rafael Peset, exsubsecretario de la Consejería de Sanidad; Alfonso Bataller, alcalde de Castellón y exsubsecretario de Sanidad; José Clérigues, exdirector de Farmacia y Productos Sanitarios; María Luisa Carrera, exdirectora de Asistencia Sanitaria; y Pilar Ripoll, ex directora general de Calidad y Atención al Paciente.

El juez pregunta, además, por los exconsejeros de Sanidad Luis Rosado y Manuel Cervera; los ex secretarios autonómicos de Deportes David Serra (que sigue siendo diputado en las Cortes Valencianas y también está imputado por la supuesta financiación ilegal del PP) y Niurka Montalvo; Alicia de Miguel, exdiputada y exconsejera de Bienestar Social; Enrique Navarro Alejandro, ex secretario autonómico de Familia y Solidaridad; y Clara Abellán, ex directora general en Bienestar Social.

Junto a ellos, el juez pide información al PP sobre dos altos cargos del Consell que siguen ocupando sus puestos pese a estar imputados: Carmen Díaz, gerente de la Fundación La Luz de las Imágenes; e Inmaculada García Pardo, directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat.

Ceres se interesa igualmente por Paula de Cubas, ex asesora de prensa de diversos departamentos de la Generalitat; José María Vidal, quien ocupó diferentes cargos en la Administración y también trabajó para Orange Market; Aránzazu Gil, exsecretaria de Farnós; Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, exasesor jurídico de Vaersa o Enrique Bort, exjefe de gabinete técnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva). También cita a Ignacio Ferrer (de la subsecretaría de la Consejería de Sanidad); Patria Callaghan (jefa de sección de Calidad Ambiental de la Consejería de Territorio), y a Emilia Llorca.