El sector de la dependencia exige el pago de la deuda del Consell

El sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana ha denunciado este lunes que la Generalitat mantiene una deuda de 83,7 millones de euros que afecta a más de 300 centros y a cerca de 15.000 trabajadores. Empresas y sindicatos han criticado “la incapacidad de la Consejería de Bienestar Social por solventar esta situación y el constante incumplimiento y discriminación con respecto a otros sectores de los calendarios de pago comprometidos” con unos centros que atienden a cerca de 30.000 personas.

Las tres patronales de las residencias (Aerte, Aecas y Avrep) y los sindicatos CC OO y UGT, han acordado realizar una serie “acciones conjuntas a lo largo del mes de abril para que, de forma urgente, la Generalitat Valenciana resuelva el desbloqueo de la deuda comprometida”. Entre las acciones que pretenden realizar, está la "presentación de mociones a los plenos de los Ayuntamientos" para exigir a Bienestar Social el pago de la deuda y la “presentación conjunta de escritos individuales en un mismo acto y día al presidente de la Generalitat” para que establezca “un plan de pagos real y urgente que ser ejecute en tiempo y forma”.

Las empresas han recordado que hace menos de un año se produjo una “situación de impagos masivos de salarios a los profesionales” que “llevó a cierres de centros, pérdidas de puestos de trabajo y sanciones de la misma administración por los impagos de las deudas con hacienda”. Aunque las patronales explican que se han solicitado por vía de urgencia varias reuniones con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, “el periodo de tiempo sin cobrar las cantidades pendientes es cuatro veces superior a la media, algo insólito en otras autonomías”.

Entre la deuda, los recortes y la imposición del copago a los usuarios de centros de apoyo a la discapacidad, el sector está al rojo vivo. Los colectivos de ayuda a la dependencia han convocado una manifestación contra el copago el próximo sábado para exigir la retirada del copago y el fin de los recortes en Bienestar Social. La marcha, que discurrirá desde las seis de la tarde por el centro de Valencia, se espera que sea masiva porque ha sido convocada de forma unitaria por 13 grandes organizaciones del sector: asociaciones, colectivos y sindicatos.

Desde que el pasado mes de diciembre comenzaran a llegar las cartas que comunicaban a las familias la cantidad que les correspondía copagar, han sido numerosas las movilizaciones y los intentos de frenar una medida que no satisface a ninguno de los actores implicados. Las familias se quejan de las cantidades impuestas por la consejería y acusan a la Generalitat de opacidad en los criterios de cálculo de los montantes del copago. Los centros no quieren ser los responsables de recaudarlo porque dicen que no es su competencia y que esta decisión generará conflictos directos entre los usuarios que no puedan pagar y la dirección del centro.

Para tratar de llegar a un entendimiento y lograr la retirada del copago, el pasado mes de enero el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi) comenzó una negociación con la Consejería de Bienestar Social. Tras las primeras reuniones, la Consejería emitió una propuesta de acuerdo en la que ofrecía moderar el copago pero no retirarlo. Esta oferta no convenció a las principales organizaciones afectadas, que hicieron llegar sus críticas a la consejería mediante documentos y reuniones. Tras el envío de sus alegaciones, la negociación continúa a la espera de que la Generalitat las acepte o las rebata.