Construcuatro deberá pagar un millón por usurpar terrenos a una familia

La promotora Construcuatro tendrá que pagar 1,13 millones de euros a una familia a la que usurpó terrenos para levantar un bloque de viviendas en Pontevedra a principios de la década pasada, según ha determinado el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pontevedra en una sentencia de febrero. La resolución considera probado que la empresa de la que fue destacado directivo el diputado en el Congreso y exalcalde de Sanxenxo Telmo Marín —le sustituyó en el cargo su esposa— alteró unos planos para hacer pasar por suyas unas parcelas que necesitaban para edificar. La sentencia tiene en cuenta para fijar la cantidad los sobreprecios que se cobraban de forma “habitual” en viviendas de protección oficial como las que se levantaron finalmente. La empresa pretende recurrir.

La resolución, que ha tardado casi dos años en llegar desde que se celebró el juicio en abril de 2012, asume la mayoría de los argumentos de los demandantes, la familia Vázquez Rebollar. Construcuatro había adquirido una finca de 13.500 metros cuadrados a la que le faltaban, para completar la manzana, dos flecos de menor superficie que precisamente eran los que daban a la vía pública, lo que los hacía necesarios para poder levantar el edificio. El juez Ignacio de Frías examina los planos —que adjunta en la sentencia, analizados uno a uno y por colores— y acaba coincidiendo con lo que había estimado el perito judicial durante la vista: que no consta ninguna prueba de que fuesen de la constructora o de que se los hubiesen vendido o cedido.

El juez también tiene en cuenta las contradicciones de uno de los socios de Construcuatro, José Manuel Torres García, que compareció durante el juicio y acabó reconociendo que sí, que les faltaba una “esquinita” pero sostuvo, sin pruebas, que los propietarios le habían dado permiso. También cuestiona que el Ayuntamiento diese “sorprendentemente” licencia municipal tras haberse negado en un primer momento, permiso que fue aprobado además el mismo día en que en escritura pública se registra un supuesto cambio en los límites de la propiedad. “Pese a la inexistencia de documentación acreditativa de la titularidad de la totalidad del terreno, el arquitecto municipal emite ahora informe favorable”, se extraña el juez, que constata que, por parte de la empresa “se hacen desaparecer los lindes sin explicación alguna”. Por aquel entonces era responsable de la Oficina Técnica de Disciplina Urbanística Encarnación Rivas, que saltó después a gestionar el urbanismo de Sanxenxo con Telmo Martín y es ahora secretaria general del ramo en la Xunta.

La sentencia fija una indemnización que no reconoce todo lo que reclamaban los demandantes, que pedían una cantidad cercana a los tres millones. El juez entiende, con el perito, que la superficie de lo usurpado era inferior al cálculo inicial, pero tampoco asume el montante menor que proponía la defensa de Construcuatro, de solo 153.000 euros. El abogado defensor entendía que había que tomar como referencia la fecha de 2003 y tener en cuenta que los pisos eran de protección oficial, pero el juez argumenta que hay que tomar 2007 como año base porque los afectados podían haber esperado a vender a unas mejoras condiciones de mercado, y porque en los pisos de protección oficial el promotor se beneficia de rebajas fiscales y “es de dominio público, que era habitual que se cobrasen sobreprimas al vender las viviendas de protección oficial” que no se tienen en consideración en esa cuenta. Torres García fue señalado en su día por compradores de las viviendas de Navia como la persona a la que entregaban los pagos, en otro caso que supuso una multa millonaria a la empresa.