Jabyer y Bilbao vuelven a Alonsotegi

Hay historias que se resisten a terminar, enfrentamientos que emergen periódicamente y capítulos judiciales que sobreviven a los ciclos políticos. El empresario Jabyer Fernández y al actual diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, amigos en otros tiempos, pueden ser un ejemplo. Tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que condenó a tres años de prisión al empresario Jabyer Fernández por un delito de insolvencia punible en la modalidad de concurso, al considerar que, con sus actuaciones, “agravó” la insolvencia de Iurbenor, ambos tienen cosas por resolver en la sala de lo contencioso administrativo del Superior de Justicia vasco y si se admite a trámite, en la Audiencia Nacional.

Los tres convenios que firmaron en 2006 para impulsar una planta de pisos modulares en Alonsotegi, el pueblo del lehendakari Iñigo Urkullu, además del empleo y la formación siguen vivos en los tribunales. Dos de esos convenios fueron “autodenunciados” por la institución foral ante la UE, que los anuló al considerarlos ayudas de Estado.

El grupo de empresas Habidite, impulsor del proyecto y a cuyo frente está Jabyer Fernández, sostiene que el incumplimiento de los convenios firmados en 2006 fue “premeditado y decidido” por las máximas autoridades de la Diputación y hay partes, como el tercero de los convenios, que no ha sido cuestionado, pero sí incumplido, generando numerosas pérdidas al grupo. Este asunto está ya en la fase final de conclusiones, un año después de interpuesta la demanda ante la Sala de lo Contencioso del Superior vasco.

Pero además, si la Audiencia Nacional lo admite a trámite, la Diputación de Bizkaia tendrá que dar nuevas explicaciones sobre lo que la empresa califica de “multimillonaria” pérdida patrimonial, pero esta vez en Madrid. Este segundo proceso se ha planteado muy recientemente ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, tras la desestimación expresa por parte de la Diputación Foral de Bizkaia de la reclamación directa de responsabilidad patrimonial formulada por las empresas del grupo Habidite por los daños y perjuicios derivados de la frustración del proyecto.

Habidite reclamó a la Diputación el pasado septiembre. En este segundo proceso se pide también la responsabilidad solidaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuya Secretaria de Estado para la Unión Europea intervino en la notificación tardía de los dos únicos convenios comunicados a la Comisión Europea y que fueron rechazados al ser entendidos como ayudas de Estado.

En la primera de las demandas, la que se resuelve en Bilbao, la Diputación foral “ha admitido expresamente la vigencia y eficacia del tercero de los convenios cuyo cumplimiento se le exige por parte del empresario”, sostienen fuentes conocedoras del proceso, pese a que han sido “sistemáticamente denegadas por el tribunal todas las pruebas solicitadas por Habidite”, a excepción únicamente de las documentales aportadas con la demanda y de las que obraban en el expediente administrativo. Un expediente que la empresa critica que “se abrió y se cerró de un carpetazo, sin practicar ningún tipo de pruebas, ni audiencias, ni alegaciones”.

Incluso el dictamen pericial elaborado por la consultora Ernst & Young que ponía números a la inversión efectuada por el empresario en relación con este tercer convenio y que se admitió inicialmente por el tribunal, fue finalmente rechazado, al estimarse un recurso de la Diputación basado en motivos puramente formales. Dicho dictamen cifraba la inversión subvencionable según el tercer convenio, en más de 8,1 millones de euros, todo ello sin considerar la pérdida de la subvención que había sido otorgada al proyecto por parte del Gobierno vasco, de más de seis millones de euros y que no pudo hacerse efectivo por la frustración del mismo.

Según la decisión de la Comisión Europea, de haberse comunicado en tiempo y forma los convenios, la empresa podía haber recibido legalmente hasta 10,5 millones de euros, por lo que para Habidite la clave esencial del caso está en determinar cómo, por qué y por quién se decidió impedir la culminación de este proyecto.