Asomando la patita...

¿Está asomando la patita la OCDE?, se preguntaba el pasado domingo Joaquín Estefanía. Se refería al último informe de este organismo, que clama contra el aumento de la desigualdad en España y propone aplicar medidas específicas para los más desfavorecidos, sin mencionar que han sido las políticas instigadas por el FMI o la propia OCDE las que las han exacerbado. Las desigualdades ya aumentaban en plena fase de euforia económica, pero han sido las políticas aplicadas durante la crisis las que han agrandado la brecha social.

España es el país en el que más crecen las desigualdades. La propia OCDE constata que las rentas del 10% de los españoles más ricos apenas se han reducido entre 2007 y 2010 un 1% anual, mientras que las del 10% más pobre han caído casi un 14% al año, lo que para estos supone una pérdida enorme pues no es lo mismo perder poco teniendo mucho que perder mucho teniendo poco. Estas cifras no incluyen el grueso de los recortes y bajadas salariales, que se aplicaron a partir de 2010.

¿Y qué nos propone la OCDE? Que hay que focalizar la política de gasto social en las capas sociales más desfavorecidas. Cree que “las prestaciones asistenciales pueden ser orientadas de manera más precisa y eficiente, de tal modo que el gasto social vaya en ayuda de las personas más necesitadas”. Parece razonable. Otros organismos, como la Fundación Alternativas, han señalado la necesidad de aplicar programas “de rescate” de la población vulnerable como ancianos, parados de larga duración o jóvenes sin formación. Bienvenida pues la OCDE a la lucha contra las desigualdades que ella ha contribuido a crear.

Pero si vamos a las medidas concretas, lo que encontramos es la propuesta de... ¡Subir el IVA reducido! El argumento no tiene desperdicio: resulta que en España la comida, el transporte o la energía “gozan de tasas de IVA especiales debido a consideraciones sociales”, pero eso no es justo porque como los pobres consumen menos que los ricos, “las exenciones y rebajas del IVA los benefician menos”. Solución, que todos paguen más IVA y ya les daremos a los pobres una ayuda. La trampa consiste en tratar de sustituir políticas de redistribución de carácter universal, por políticas sectoriales para los grupos marginales, y presentarlas como excluyentes. De tal manera que cualquier oposición al cambio pueda ser calificada de retrógrada e incluso injusta, por defender privilegios frente a las perentorias necesidades de los que menos tienen.

No es la primera vez que se oye este tipo de argumentos. Y a veces hasta suenan bien. Me vienen a la memoria un par de ejemplos. “No tiene sentido que el catalán de renta media subvencione la universidad de mi hija, como ahora es el caso”. Lo dijo el consejero de Economía Andreu Mas-Colell en 2011. Dicho de otro modo: es injusto que la hija del consejero, situado en la franja de las rentas altas, pague lo mismo que el hijo del conserje, situado en la franja de las rentas bajas. Parece razonable ¿no es cierto?

Parecido argumento utilizó el ministro Wert en 2012 para justificar una subida de las tasas universitarias de hasta el 66%. No era justo que, teniendo rentas diferentes, todos los estudiantes pagaran lo mismo. La matrícula sería más cara para todos, pero los pobres no tenían que preocuparse porque ellos tendrían beca. Dos años después, las matrículas han subido, el presupuesto de becas se ha encogido y miles de estudiantes se han quedado sin ayudas porque también se han endurecido los requisitos para obtenerlas.

En realidad la matrícula solo cubre alrededor del 25% del coste de los estudios. Pero para las familias con menos renta, esa primera barrera es la de la exclusión. Resulta que el restante 75% del coste de los estudios, incluidos los de la hija del consejero, los pagamos entre todos. Así que no debería preocuparse tanto por la equidad de la matrícula. Se supone que si, como nadie duda, cumple con sus obligaciones fiscales, en razón de su renta más elevada ya habrá pagado más impuestos y habrá contribuido en mayor proporción que el conserje al sostenimiento de la universidad pública.

El otro ejemplo lo proporcionó el consejero de Sanidad, Boi Ruiz, nada más llegar al cargo. En una conferencia vino a decir que, ante los crecientes problemas de sostenibilidad financiera, habría que explorar la posibilidad de reformar el sistema sanitario de tal manera que se garantizaran unas prestaciones básicas iguales para todos en el sistema público, y se obligara a las personas de rentas más altas a suscribir un seguro privado complementario. Se trata de conseguir más dinero para la sanidad. Los que más tienen, que paguen un seguro aparte. También parece razonable.

Pero ¿qué diferencia hay entre pagar más a través de los impuestos, o pagar más a través de un seguro privado complementario? Que si se recauda a través de los impuestos, el dinero revierte sobre el sistema sanitario público y se reparte de forma equitativa entre todos aquellos que lo necesitan. Por el contrario, si la aportación extra se hace a través de un seguro complementario privado, lo que en realidad se está haciendo es garantizar a las rentas altas que lo que paguen de más, no se repartirá entre todos sino que revertirá en una mejora asistencial exclusiva para ellos. Eso ya no suena tan bien, ¿verdad que no?

Habría, efectivamente, que destinar muchos más recursos a rescatar a los más desfavorecidos, como se han dedicado a rescatar a los bancos. Pero cuidado con las fórmulas porque no son neutras. De entrada hay que sospechar de las que proponen ayudar para los pobres a costa de eliminar prestaciones universales, porque suelen llevar trampa.