Imputados dos funcionarios de la Diputación por la corrida de Beneficencia

El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha imputado a la interventora y al secretario general de la Diputación de Castellón en la causa abierta por presuntos delitos de prevaricación, fraudes y exacciones ilegales mediante la asignación a municipios de entradas para la corrida de toros de la Beneficencia.

Se trata de María Isabel Gil de Grados -interventora- y de Manuel Pesudo Esteve -secretario-, que declararán como imputados ante el juez el próximo 30 de mayo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El magistrado ha citado también a un testigo para el 3 de junio.

Las nuevas imputaciones se producen tras los interrogatorios del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, y el exvicepresidente Francisco Martínez, que también declararon como imputados.

El ministerio público acordó abrir diligencias de investigación penal por este asunto en junio de 2013, después de que una sentencia apuntara indicios de prevaricación y malversación en la actuación de la Diputación por la organización de ese festejo en 2010 y 2011 en relación con entradas adjudicadas al Ayuntamiento de Vila-real sin contrato y cuyo valor fue restado de ayudas.

Para evitar que la corrida de la Beneficencia fuera deficitaria, con una decisión no documentada tomada por Fabra y Martínez, se adjudicó un determinado número de entradas a municipios de la provincia "sin que mediase ningún tipo de solicitud por escrito, ni contratación, ni convenio entre la Diputación Provincial y los determinados ayuntamientos", mantiene el fiscal.

Con estas cantidades, la Diputación se aseguraba los ingresos necesarios para sufragar los gastos y cuyo pago, caso de no efectuarse por los ayuntamientos, se compensaba con deudas que éstos tuvieran con la institución provincial.