La Xunta descarta ahora ampliar las zonas de protección ecológica

El programa electoral con el que Alberto Núñez Feijóo logró ser reelegido hace año y medio como presidente de la Xunta prometía expresamente la “ampliación de la Red Natura 2000”, el conjunto de espacios naturales protegidos que actualmente ocupa el 12% de la superficie de Galicia, muy por debajo del 27% de la media estatal. Ayer, sin embargo, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, dejó claro en varias ocasiones que esa ampliación “no es un objetivo a corto plazo de la Xunta”. Lo hizo al presentar el decreto que regirá sobre los espacios ya protegidos actualmente, que en la práctica dejará en manos de la discrecionalidad del gobierno de turno la autorización de nuevas instalaciones de cualquier tipo en zonas de alto valor ecológico.

La ampliación de la Red Natura gallega es una vieja promesa de la Xunta, que en la época del bipartito inició los trabajos para elegir nuevos espacios naturales a proteger. Ese proceso se ha ido demorando, pero formalmente sigue abierto, según admitió ayer el propio Hernández. Aunque no se completará “a corto plazo” ya que según el conselleiro “no tenemos ningún tipo de expediente, indicación o regulación” procedente de instancias superiores que obligue a ello. De hecho, la Xunta ya no contempló la posible inclusión futura de esa ampliación de la Red Natura en las Directrices de Ordenación do Territorio, el máximo documento de planificación espacial de Galicia aprobado hace tres años.

Si no hay ninguna exigencia apremiante de ampliación de espacios protegidos, aunque existe esa recomendación, el expediente que sí ha abierto la Unión Europea es el que amenaza con sancionar a España porque las comunidades autónomas no habían fijado aún las normas a aplicar en las áreas ya protegidas. Esa obligación es la que ahora la Xunta acaba de cumplir, convirtiéndose en la segunda que lo hace tras La Rioja. El nuevo decreto, que entrará en vigor el lunes, establece qué usos son permitidos y cuáles no en las 390.000 hectáreas protegidas en Galicia por la actual Red Natura. El conselleiro destacó ayer en su presentación que la norma es “restrictiva con las actividades que puedan dañar el medio” y detalló que, al tiempo que “compatibiliza los aprovechamientos tradicionales”, el decreto “prohíbe” nuevas canteras, parques eólicos o hidroeléctricas en espacios protegidos. Pero a continuación la directora general de Conservación da Natureza, Verónica Tellado, matizó que esa norma general se podrá contravenir “por razones imperiosas de interés público”, que serán establecidas por la propia Xunta.

Aunque asegura que como norma general no permitirá nuevas canteras, aerogeneradores y embalses, el Gobierno gallego será flexible con la ampliación o repotenciación de los existentes, cuya autorización condicionará a la elaboración de estudios ambientales específicos para cada instalación. Ese proceso, denominado Evaluación Ambiental Estratégica, ha registrado en los últimos años diversos casos de análisis elaborados supuestamente para un proyecto concreto que incluían párrafos plagiados de estudios genéricos o que no reflejaban la realidad existente sobre el terreno. Ayer Hernández aseguró que su departamento estará vigilante para “monitorizar y exigir rigor” en los estudios ambientales.

Esos análisis de impacto serán los que determinen, por ejemplo, la instalación de nuevas piscifactorías en espacios protegidos, que el decreto ahora aprobado sigue permitiendo. Según Hernández y Tellado, la ubicación de las nuevas construcciones para acuicultura estará permitida incluso en el más restrictivo de los tres tipos de zonas de protección de la Red Natura, que supone el 26% del total, con un nivel de conservación de los valores naturales “muy alto”. En esas áreas, argumentó el conselleiro, la propia Directiva Hábitats de la UE que regula la Red Natura permite un uso con “un impacto puntual” si a cambio se establecen medidas “compensatorias”, que deberá determinar el Gobierno gallego y de las que deberá informar a Bruselas. A Hernández se le volvió a poner el ejemplo del cabo Touriñán, donde Pescanova pretendía instalar una planta de rodaballo vetada por el bipartito. El conselleiro insistió en que, como el resto de proyectos, la construcción allí de una hipotética piscifactoría, dependerá de su estudio específico de impacto ambiental.

Por otra parte, además de permitir nuevas instalaciones y la ampliación de las ya existentes, la nueva normativa, según admitió el conselleiro, no incluye ningún plan específico para la recuperación de los valores naturales de los espacios ya ocupados dentro de las áreas protegidas. Hernández se limitó a recordar que la Xunta dispone de “líneas de subvenciones” para la mejora de espacios naturales. El Gobierno gallego iniciará ahora una campaña de divulgación de las nuevas normas en los 215 ayuntamientos que cuentan con alguna parte de su territorio protegida.