El alcalde de Jaén desafía al juez y se niega a prestar la dependencia

Han pasado ya casi dos meses desde el auto judicial que obligaba al Ayuntamiento de Jaén a seguir prestando la ayuda a domicilio de la ley de dependencia mientras el juez dictamina si la gestión de este servicio es competencia del gobierno autonómico o del municipal. Desde entonces, el conflicto se ha enquistado, sobre todo tras la decisión municipal de ingresar en una cuenta judicial el dinero de la dependencia que le llega de la Junta desde que el pasado 3 de diciembre el Ayuntamiento rompió unilateralmente el convenio. Y este viernes, en el transcurso del pleno municipal, el alcalde y todos los concejales del PP han rechazado una moción en la que las cuidadoras le instaban a acatar la resolución judicial.

“El Ayuntamiento no ha dejado en ningún momento de prestar el servicio de ayuda a domicilio, por lo que no hace falta que le pidan que siga haciendo lo que ya viene haciendo”, declaró la edil de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, para justificar el voto en contra de su grupo a la moción presentada por el PSOE. Sin embargo, las trabajadoras de la empresa concesionaria no creen que el servicio se esté prestando con normalidad. “Existe un continuo retraso en el pago de las nóminas”, dijo la presidenta del comité de empresa, Mari Carmen García, a la que los socialistas cedieron la palabra para que defendiera la moción en la que se pedía que el Ayuntamiento proceda al pago directo e inmediato a la empresa del dinero transferido por la Junta de Andalucía. Buena parte de las 200 cuidadoras se concentraron, primero en el pleno y más tarde ante la empresa concesionaria, para reclamar las dos mensualidades que se les deben. El próximo lunes volverán a hacerlo ante el Ayuntamiento.

Las cuidadoras, que atienden a unos 500 dependientes, censuran la decisión del alcalde de ingresar en el juzgado el dinero que le llega de la Junta, una decisión que, subrayan, “en ningún momento ha sido impuesta por el juez y con la que el alcalde dilata la llegada de fondos a empresa y empleadas”.

Fernández de Moya culpa a la Junta de dilatar el nuevo convenio

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, María del Mar Shaw, mostró su sorpresa porque en sede plenaria el alcalde “reniegue” de las obligaciones que judicialmente tiene impuestas en materia de ayuda a domicilio. “Fernández de Moya está tristemente instalado en el ruido, en no aplicar voluntad y sí generar desasosiego. El juez ha dicho que se haga cargo de la ayuda a domicilio y que el dinero debe ir directamente sin intermediarios judiciales a los beneficiarios”, dijo.

Pero el alcalde jiennense ofreció una interpretación muy distinta del momento judicial del conflicto. Según Fernández de Moya, es el gobierno andaluz el que “deliberadamente” ha dejado pasar 30 días para formalizar la demanda contra el Ayuntamiento por abandono del servicio contra la que debe pronunciarse el juez. “Es la Junta quien ha judicializado este problema, llevando al Ayuntamiento a los tribunales”, indicó el regidor jiennense, tras cuestionar la “voluntad negociadora y de diálogo” de la Junta por no haber respondido a la propuesta municipal para suscribir un nuevo convenio.

Después de que el Ayuntamiento ingresara en una cuenta judicial 215.000 euros recibidos de la Junta, el Juzgado de lo Contencioso 3 de Jaén pidió aclaraciones al gobierno municipal sobre el destino de esos fondos, que sí ha reclamado formalmente la empresa concesionaria. El Consistorio contestó poco después instando al juez a hacer partícipes de la causa tanto a la Junta como a los posibles afectados, es decir, los 500 usuarios que reciben el servicio. Una respuesta que, según la oposición, puede alargar la judicialización del conflicto. Con todo, el alcalde zanjó el debate subrayando que acatará la sentencia definitiva “de la A a la Z, sea cual sea”.

En el nuevo convenio que se propone a la Junta, el Ayuntamiento se compromete a crear una cuenta restringida para ingresar los pagos de la dependencia mientras que la Junta debe cubrir las bajas del servicio cuando se produzcan. También se le exige pagar con regularidad, con la condición de que, si no cumple, debería abonar los intereses de demora que genera con esos retrasos.