La fiscalía se apoya en el Supremo para mantener el juicio de Gürtel en Valencia

La Fiscalía Anticorrupción se apoyó este juves en el Tribunal Supremo para mantener en Valencia el juicio sobre el amaño de las adjudicaciones de Fitur a la trama de Francisco Correa. La dimisión como diputada de La Perla, que es como la red llamaba a Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo, expresidenta de las Cortes valencianas y todavía alcaldesa de Novelda, dejó esa pieza separada del caso Gürtel sin aforados, que es en lo que se basa la competencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano para conocer asuntos. “Las circunstancias que han rodeado la pérdida de aforamiento por renuncia a sus escaños de las acusadas Milagrosa Martínez Navarro y [poco antes de] Angélica Such Ronda y de las que ahora pretenden valerse para que la sala pierda su competencia, revisten carácter de fraude de ley”, señaló la fiscalía.

“El haberse producido ambas renuncias más de un año después de conocer los escritos de acusación, ocho meses después de dictarse auto de apertura de juicio oral y a escasos días del inicio de las sesiones señaladas del juicio, unido a la pretensión de que éstas supongan la pérdida de competencia del tribunal constituye un claro entorpecimiento de la actuación procesal y conducen a una indebida e injustificada sustracción de la competencia a la sala”, argumentó la fiscalía.

La acusación pública se opuso así a la probable vuelta a la Audiencia Nacional de la pieza sobre estas adjudicaciones de la Generalitat a la trama. Si su petición no es atendida —los acusados solicitan lo contrario— los fiscales anuncian que recurrirán en casación.

Es posible, sin embargo, que la demora sea ya inevitable, y que tenga que ser el Supremo de una u otra forma el que decida dónde se celebrará el juicio que debía empezar el lunes.

Anticorrupción basó su argumentación en decisiones anteriores del alto tribunal. El Supremo ya estableció que el TSJ debía asumir “la totalidad de los hechos justiciables cometidos en Valencia y vinculados básicamente a la actividad de Orange Market, tanto en la contratación pública como la privada con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana”.

“Los delitos”, prosigue la fiscalía citando también al Supremo, “aconsejan una unidad de la investigación en unos hechos de naturaleza compleja, en la que a los aforados se les imputa una participación en la ejecución de supuestos delitos que no son escindibles de las conductas de los no aforados en los mismos hechos delictivos”.

La fiscalía subraya que existen todavía cuatro imputados en la “rama valenciana del Grupo Correa”. Los diputados y ex altos cargos del PP regional o en la Generalitat Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra y Yolanda García. Y que a pesar de estar imputados en otras piezas separadas del procedimiento, su fuerza de gravedad debe anclar en Valencia el enjuiciamiento de las demás. Las piezas separadas, añade, “forman parte de un único procedimiento”. Y la subdivisión en piezas, según estableció la Sala Civil y Penal del tribunal valenciano no fue sido sino un “mecanismo procesal para simplificar la tramitación de este macroprocedimiento”. Una forma de “agilizar su instrucción para evitar la impunidad de conductas, facilitar el ejercicio de los legítimos derechos de cada parte encausada y evitar dilaciones indebidas en su tramitación y enjuiciamiento”.

Algunos de los imputados —11, además de las dos exdiputadas— defendieron en sus escritos que la causa se mantuviera en el Tribunal Superior valenciano. Otros, como la exconsejera Such, pidieron que se trasladase a la Audiencia de Valencia. La Perla, para quien la fiscalía pide 11 años de cárcel, solicitó que el juicio abandonase el TSJ, pero no mostró preferencia por qué sede debía asumirlo.