El Parlamento pide a Rajoy la aplicación “no restrictiva” de la ley a presos enfermos

El proceso que ha iniciado el colectivo de presos EPPK para, en cuatro tandas, registrar solicitudes de acercamiento y de excarcelación de presos de ETA o vinculados a la banda, ha llegado este jueves al Parlamento vasco, al que EH Bildu ha llevado el caso de las primeras solicitudes individuales, las de los presos enfermos y las de aquellos con más de 70 años, por su “preocupación” y la “alarma de la involución” que la izquierda abertzale observa.

En total, son 16 casos los que han iniciado el proceso, que ahora tienen que pasar por las respectivas juntas de tratamiento. Hoy han recibido del Parlamento una respuesta en forma de resolución, un texto propuesto por PNV y apoyado por EH Bildu pese a que no "contenta" a la coalición. El resto de partidos han votado en contra. En la declaración, tras desviar a la ponencia de paz el debate -esta no se ha reunido desde que el PSE la abandonó en septiembre de 2013-, la Cámara exige que "ante la delicada situación" de varios presos "gravemente enfermos", el Gobierno central realice una "aplicación no restrictiva del reglamento penitenciario para quienes sufren "enfermedades graves e incurables".

El texto del PNV reclamaba al  lehendakari que siga trabajando para "aliviar la situación de los presos enfermos", pero este punto ha sido rechazado por EH BIldu, por lo que ha decaído. La resolución no habla de los casos de presos mayores de 70 años.

El PSE advierte a ETA de que con su disolución, todo el proceso se movería "más deprisa"

Julen Arzuaga, portavoz de la coalición, ha asegurado que se utiliza la política penitenciaria para "apretar a un preso" con el objetivo de que ETA dé pasos, una cuestión que le ha llevado a considerar a los presos de la banda como "rehenes políticos". El portavoz de la coalición ha señalado que con la legislación de 1996 fueron excarcelados 21 presos, mientras que con los cambios "restrictivos" de 2003 prácticamente se "cortó" esta vía, que solo se ha utilizado en dos casos. Arzuaga considera que "no hay disculpas para no aplicar la ley de manera ordinaria" y ha resaltado que es "mezquino" que presos enfermos y mayores sigan en las prisiones.

El socialista Rodolfo Ares ha asegurado que si ETA se disolviera y Sortu renunciara a su "pasado negro", cuestiones como la política penitenciaria "se moverían más deprisa". En línea con esta idea, la popular Nerea Llanos ha sentenciado de que "el fin de ETA será el fin de la dispersión". Llanos ha considerado que ahora ETA "en vez de paz por autodeterminación, quiere paz por presos porque necesita una salida honrosa ante la derrota política". La salida de los presos de las cárceles sería, según Llanos, una forma de "maquillar"  la "derrota" de la banda.

La secretaria general del PP vasco ha resaltado que la decisión de excarcelar a presos enfermos se realiza "bajo estrictos criterios médicos" y con un sistema "plenamente garantista", por lo que ha asegurado que "si no ha concedido la progresión de grado o la condicional es simplemente porque no cumplen con los requisitos". Llanos ha asegurado que el sistema ha hecho que se produzcan excarcelaciones "dolorosas", con una referencia implícita a Josu Uribetxeberria Bolinaga, excarcelado en verano de 2012 por sufrir una enfermedad incurable.

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha enumerado los requisitos establecidos en la legislación vigente para acceder al tercer grado y a los beneficios penitenciarios. Ha recordado que para acceder a ellos es preciso que los presos colaboren con la justicia para esclarecer casos y mostrar signos "inequívocos" de haber abandonado la violencia. El peneuvista Iñigo Iturrate ha matizado al parlamentario de UPyD que en los casos que se trataban en el debate plenario, el de los presos enfermos, solo es preciso "la solicitud del preso y la documentación médica".

Maneiro ha asegurado que EH Bildu solo intenta "defender la impunidad de los presos de ETA". "Los puentes están tendidos, son las leyes", ha resaltado el parlamentario, parafraseando al juez Fernando Grande Marlaska.