Valencia gasta 5,3 millones del presupuesto en facturas atrasadas

El Ayuntamiento de Valenciano sigue con facturas pendientes de otros ejercicios. El Consistorio destinará 5,3 millones de euros del presupuesto de 2014 a pagar facturas del año pasado, han denunciado los tres grupos de la oposición tras la comisión de Hacienda.

Hacienda ha tratado este martes la segunda relación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de obligaciones; la liquidación del presupuesto 2013 y cumplimiento de los objetivos de Estabilidad presupuestaria, así como la ordenanza de ocupación del dominio público. 

El concejal socialista Pedro Sánchez ha criticado que en los tres primeros meses del año, el PP haya destinado a pagar facturas en los cajones “la mitad de lo que destinó en todo el 2013”. Mientras el año pasado gastó 50 millones de euros, en 2014 ya ha destinado 27 millones.

Las sentencias judiciales por expropiaciones “han impedido que el ayuntamiento cumpliera el límite de gasto para 2013 al tener que pagar sentencias por expropiaciones mal realizadas, ha denunciado el edil socialista.

El informe de estabilidad presupuestaria señala que el Ayuntamiento ha cumplido el objetivo de déficit cero marcado por el Gobierno. En cuanto a la sostenibilidad financiera, el Ayuntamiento tiene capacidad de financiar gastos en el futuro y de pagar las deudas financieras, pero no ha fijado el objetivo para la deuda comercial. El periodo medio de pago es de 60 días, el doble que el plazo legal de 30 días.

En cuanto a la liquidación del presupuesto de 2013, ha criticado que el resultado haya sido 286 millones pendientes de cobro y 106 de pago. Sánchez ha destacado que la ejecución de las inversiones se quedó en el 60% y que la Generalitat debía al acabar el ejercicio 31,4 millones de euros.

Para expropiaciones en esta relación se dedican 1,16 millones de euros, que se sumarían a los 9,1 millones pagados en la primera relación de reconocimiento de obligaciones de este año 2014. De la última relación de 17,92 millones euros, 5,29 millones suponen que disminuye la disponibilidad presupuestaria para 2014.

En cuanto a la moción sobre la reducción del impuesto del ICIO el equipo de Gobierno se ha comprometido a estudiar la propuesta de cara a 2015.

Sólo un 60% de gasto corriente pagado

Compromís ha denunciado el "descontrol presupuestario" en el Ayuntamiento de Valencia, en el último reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado de 17,9 millones de euros.

Del importe de las facturas reconocidas. 5,18 millones de euros corresponden a facturas a residuos sólidos (SAV, FCC y Secopsa), 3,74 millones a servicios centrales técnicos (Gas Natural y Secopsa), 2,5 millones a jardinería (SAV y FCC), 1,4 millones al ciclo integral del agua (Acciona y Emivasa) y 1,1 millones a la retirada de vehículos (Servicleop).

El portavoz de Compromís, Joan Ribó, ha declarado: "Estamos, en el tercer mes del año y el Ayuntamiento ha aprobado reconocimientos extrajudiciales de crédito de facturas por 27,1 millones de euros, lo que supone una disminución de la disponibilidad de crédito en el presupuesto de 2014 del 3,7 por ciento del total".

La concejal del grupo municipal de EU Rosa Albert ha explicado que a 31 de diciembre únicamente se había pagado el 59% del gasto corriente, es decir, de los 209 millones de obligaciones reconocidas se habían pagado 122 millones, mientras que el gasto financiero, que ha ascendido a 112 millones se había pagado al 100%. En cuanto respecta al pago de bancos cabe señalar que ha representado el 15% del total del presupuesto.

Según Albert, "los impuestos que tradicionalmente tienen un elevado grado de cumplimiento se mantienen constantes mientras que tampoco hay cambios en aquellos otros que tienen un grado mayor de morosidad".

La edil socialista Isabel Dolz ha explicado, por otro lado, que su formación ha votado en contra de la ordenanza de ocupación del dominio público al entender que abre la puerta a la limitación de derechos al restringir los actos en las plazas del Ayuntamiento y de la Virgen, y da la espalda a las personas con discapacidad al no establecer el 1,80 de banda peatonal libre en las aceras, siguiendo la recomendación del Ministerio de Vivienda para accesibilidad y no discriminación.