La portavoz del PP se jactó de inflar una factura municipal en 3.000 euros

Los pinchazos del sumario de la Operación Pokémon revelan varios enchufes de Prado En las conversaciones pide favores para amigos y afines al PP en Santiago

Paula Prado en su escaño en el Parlamento
Paula Prado en su escaño en el Parlamento ÓSCAR CORRAL

Medió ante concesionarias del Ayuntamiento de Santiago para contratar amistades y afines al PP. Ajustó ofertas de empleo desde su concejalía para que casasen con el currículum de candidatos a los que quería colocar. Y planeó premiar con contratos públicos a firmas amigas desde la Administración. El informe del Servicio de Vigilancia Aduanera sobre las llamadas que efectuó la actual portavoz del PP gallego, Paula Prado, en su etapa de concejal en Santiago a los principales implicados en la trama Pokémon —cuyos teléfonos estaban pinchados por orden de la juez Pilar de Lara— revelan una frenética actividad de quien entonces era la número dos de Gerardo Conde Roa. Y destapan su complicidad —en medio de las guerras internas de la corporación— con el entonces jefe de gabinete de la alcaldía, Ángel Espadas, detenido en esta supuesta trama de corrupción, encarcelado más de un mes y acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

 Prado y Espadas, amigos de los tiempos de Nuevas Generaciones, tejieron en la primavera de 2012 una sociedad para intentar que el PP designase a Prado alcaldesa tras la dimisión de Conde Roa, cuando se conoció en 2012 una denuncia de la fiscalía contra él por fraude de 291.000 euros a Hacienda. En ese plan estaban también algunas de las subcontratas municipales, cuyos cargos se mostraban convencidos de que Prado iba a ser más moldeable para sus intereses. Pero el presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, eligió a Ángel Currás y eso desencadenó una batalla incruenta en el gobierno municipal que los pinchazos de la policía retratan ahora con pelos y señales.

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En una de esas conversaciones, el 7 de mayo de 2012, poco después de que Currás asumiese el bastón de mando, Prado se jacta de haber “metido un gol” al nuevo alcalde, al pasar una factura inflada por un espectáculo infantil que valía 8.500 euros y por el que el Ayuntamiento acabó pagando “once mil y pico más IVA”. La actuación musical, basada en el personaje de La Abeja Maya, se celebró el 12 de mayo de 2012 y fue producida por el promotor de conciertos Jesús Fuentes, un intermediario habitual del Ayuntamiento, bien relacionado con el Gobierno y también imputado en la causa. El informe de Vigilancia Aduanera sostiene que el edil Adrián Varela, también imputado en la misma operación, aseguró entonces: “Ahí están los 3.000 euros para Susito [Fuentes, amigo personal suyo]”. En su confesión a Espadas, Prado aseguró: “Que los disfrute”. El pago, según comprobó Hacienda, se efectuó dos meses después.

El listado de conversaciones de Prado — aforada por su condición de diputada autonómica, no imputada en el sumario y cuya declaración ante la juez sigue secreta— ocupa 118 páginas en el atestado policial. En otro diálogo con Espadas, el 27 de enero de 2012, la entonces concejal sopesa mediar ante Geriatros, la empresa que gestiona desde 2010 el servicio municipal de ayuda a domicilio en Santiago, para que enchufe a dos hijas de un conocido suyo. Prado admite que le “da palo” pedir favores a una empresa a la que el Ayuntamiento debe 800.000 euros. Y resuelve encomendar la contratación a otra adjudicataria municipal, Sermasa, filial de Vendex, eje de la trama Pokémon, que administra guarderías públicas.

El 30 de marzo, también por teléfono, Espadas y Prado adaptan los requisitos de los programas de cooperación municipal a las condiciones que tienen sus candidatos elegidos de antemano. En una plaza, pactan solicitar titulación de técnico informático y auxiliar administrativo para que el puesto recaiga en una recomendada del hermano de Paula Prado, el abogado Luciano Prado, otro habitual en las conversaciones del caso.

El 7 de mayo de 2012, a través de mensajes de texto, la actual portavoz del PP gallego pidió al entonces edil de Seguridad, Albino Vázquez Aldrey —dimitido tras pagar la fianza para evitar la cárcel por este caso— que contratase desde el gobierno a la madre de una militante popular que había trabajado para Prado como ujier. “Vale para un roto y para un descosido”, alegó vía sms. Vigilancia Aduanera da por hecho que fue contratada por el Ayuntamiento. En el informe de Hacienda quedan recogidas gestiones similares de Prado para colocar a amigos y compañeros de partido en subcontratas como Aquagest e incluso en un supermercado de Carrefour, pendiente de recibir licencia municipal. En otra conversación con este mismo edil, Prado pregunta si puede adjudicar el software de su departamento a su hermano. Vázquez Aldrey responde que no y recomienda dar el contrato a Plexus, otra de las firmas que trabaja habitualmente en el Ayuntamiento de Santiago y que tiene una relación estrecha con varios ediles del Gobierno. La conversación finaliza apresuradamente porque Prado “le dio un golpe al coche de delante”.

El atestado está plagado de reproches de Prado —cuando aún era concejal— a los dos últimos alcaldes del PP. Llama “chorizo” varias veces a Currás, “sinvergüenza” a Conde Roa y calificativos aún más duros a ambos. Prado desliza durante todas esas charlas su temor a que Conde Roa acabe “tirando de la manta”.

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