Gürtel dictaba desde Madrid cómo debía pagar Presidencia de la Generalitat

La trama Gürtel decidía desde Madrid cómo debía pagar las facturas Presidencia de la Generalitat Valenciana. Un informe policial sobre el registro en Special Events, una de las empresas de la red, cuya sede estaba ubicada en un chalet de la calle Virgen de Fátima número 9, en Pozuelo de Alarcón, entregado hace unas semanas al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, desvela la facturación a la carta que el grupo de Francisco Correa emitía al Gobierno del expresidente valenciano Francisco Camps. En uno de los correos intervenidos, el número dos de la trama, Pablo Crespo, “detalla el desglose para la facturación de la Generalitat” a Mónica Magariños, empleada de la filial valenciana de la red Orange Market. El encargo, la elaboración de una guía de la comunicación, es fraccionado en cuatro pagos. Y Crespo “marca la empresa que supuestamente debe figurar como emisora de cada factura”, señala la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

La primera, por 11.948 euros, debe llevar como concepto “la creatividad, diseño y maquetación de una guía de la comunicación para la Generalitat Valenciana”. El lugarteniente de Correa señala que la factura debe ir a nombre de Gráficas Izquierdo, una imprenta con sede en Almàssera (Valencia). Crespo ordena que la segunda, que asciende a 11.632 euros, por “impresión de 5.000 ejemplares de la guía de la comunicación en papel estucado mate de 115 gramos y 300 gramos las portadas”, debe ir a nombre de la empresa de Fotomecánica Grupo Rafael, con sede en Madrid. El número dos de la red dicta que Presidencia debe pagar otras dos facturas, por 9.187 euros y 11.890 euros, que llevarán como conceptos “distribución de 5.000 ejemplares de la guía de la comunicación” y “creatividad, diseño e impresión de 1.200 cajas de regalo en cartulina gráfica de 300 gramos, impresión a dos tintas, troquelado y pegado para la Generalitat valenciana” respectivamente.

Las dos últimas facturas, escribe Crespo, deben ir a nombre de dos sociedades del grupo, Good and Better y Rialgreen. Según la investigación del juez José Ceres, Presidencia acabó pagando por la guía 88.000 euros cuando en principio iba a costar 24.000.

Policía e Intervención General concluyeron que la red también redactaba contratos públicos

La policía y la Intervención General del Estado ya concluyeron que la trama Gürtel, acusada de beneficiarse de contratos amañados por parte de numerosas Administraciones españolas, también redactó varios de los contratos públicos que la Generalitat le adjudicó.

No es casualidad que todas las facturas analizadas por la UDEF en el informe sobre la empresa de la red Special Events tengan un importe algo inferior a los 12.000 euros. La trama, constata la policía, emitía “tantas facturas como eran necesarias para que cada una de ellas no superase los 12.000 euros y hacerlo pasar como un contrato menor y no tener que convocarlo mediante un concurso público”. Esto es, poder concederlo a dedo.

La red encontraba a veces problemas para cobrar. Pero sabía resarcirse. La trama anota sobre una factura a la Agencia Valenciana de Turismo: “Nos dijo [Rafael] Betoret que no la íbamos a cobrar. Enviado mail a Cándido [Herrero] donde se le informaba y le decíamos que el importe lo imputase a otros actos que fuera a realizar”.

Varios  de los aludidos por la policía se sentarán en el banquillo en el juicio de Fitur

La factura era de 2005 y el correo al que se alude, de 2007. La conclusión es que en aquellos casos en que la Generalitat consideraba que algo no podía ser pagado, la trama se resarcía inflando aún más de lo habitual otra factura posterior.

Betoret era el jefe de gabinete de las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such. Los tres se sentarán en el banquillo por las millonarias adjudicaciones a la red relacionadas con la feria turística Fitur, en un juicio que debía empezar este mes y cuya fecha está ahora en el aire tras la renuncia de Martínez, conocida como La Perla, a su escaño en las Cortes Valencianas. Junto a ellos se sentará el otro aludido en el correo, Cándido Herrero, subordinado de Álvaro Pérez, El Bigotes. El informe policial describe a Herrero como “responsable financiero de la sociedad del grupo Orange Market, siendo el contacto directo con las Administraciones de la Generalitat Valenciana”. “Desde Madrid le proporcionaban las facturas que éste requería”, agrega la UDEF.

El informe recoge otro ejemplo de la flexibilidad que la red corrupta encontraba en la contabilidad de la Generalitat. Y de cómo la dirección de la trama funcionaba como una especie de fábrica de facturas. Un correo enviado por Herrero a la sede central de la trama, con copia a la cuenta de Pablo Crespo, en diciembre de 2007 señala: “Buenos días Alicia. Necesito una factura para Conselleria de Educación. Avenida Campanar, 32. 46015, Valencia. Concepto: Jornadas de Disciplina con Dignidad. Museo Príncipe Felipe. Creatividad imagen de la jornada. DVD. Equipo de traducción simultánea. Cantidad: 9.918 euros”.