Revolución y reacción

El movimiento político que promueve la consulta sobre el futuro político de Cataluña al que sus partidarios se refieren con asepsia como el proceso y sus adversarios califican como amenazante desafío catalán ha sido definido por algunos analistas afines a él como una revolución democrática. Como una verdadera revolución, porque quiere cambiar el status constitucional y político de Cataluña y la hegemonía en su seno. Y verdaderamente democrática porque apela solo al voto y están convencidos de que expresa una voluntad mayoritaria en la sociedad.

Su objetivo sería la creación de un Estado catalán, una república, que sustituyera el, a su juicio, agotado régimen de autonomía e insertara a Cataluña en el concierto europeo con voz propia y tan independiente como los demás estados que componen la Unión Europea. Es decir, relativa, pero desde luego muy superior a un autogobierno que disminuye con cada ley que aprueba el Gobierno de PP.

El sujeto revolucionario ya no sería, como en la revolución vivida en Cataluña en el verano de 1936, el anarquismo obrero y sus circunstanciales aliados de la pequeña burguesía urbana y agraria, sino la amalgama de clases medias de las ciudades, profesionales y pequeños empresarios, asalariados de los servicios, de la enseñanza y una franja de los trabajadores industriales y de la intelectualidad progresista y catalanista.

La verdad es que se hace difícil imaginar a una coalición de centro derecha como es CiU como agente de una revolución, sea del tipo que fuera, y a su dirigente máximo, Artur Mas, como su líder. Pero de momento y pese a las presiones del establishment, ahí están él y su partido desde septiembre de 2011. Desde entonces coexisten dos núcleos de dirección política de este movimiento, con sus respectivos estados mayores. Uno es el institucional, en el que el presidente Mas, su Gobierno y la amplia mayoría parlamentaria que persigue la celebración de la consulta van siguiendo los pasos para celebrarla convencidos de que es legalmente posible y de que si se ciegan la vías legales será solo por decisión política del Gobierno español. Más o menos como sucedió con el Estatuto de Autonomía de 2006. Sobre este particular no se hacen ilusiones. Será legal si el Tribunal Constitucional en manos del PP y sus amigos decidan que lo es, piensan. Pero también puede ser legal, si se quiere.

Hasta ahora no se ha incurrido en ilegalidad. Pero otra cosa será, probablemente, si choca con la legalidad o quiere saltar por encima de ella.

El otro núcleo de dirección está formado por una agrupación flexible de representaciones sociales íntimamente conectada con los partidos independentistas, sobre todo Esquerra Republicana (ERC) y Convergència Democràtica (CDC) y, en menor medida, con sectores de ICV, EUiA y del PSC, pero sin vinculación orgánica y jerárquica con ninguna ellos. Más bien lo contrario: su capacidad de iniciativa les ha convertido en un poder que impone sus iniciativas a los partidos. Han creado la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y han demostrado tener una alta capacidad de convocatoria y han logrado una amplia aceptación social de su activismo soberanista.

Ellos son los promotores de la campaña de consultas populares municipales sobre la independencia que se llevó a cabo antes de la sentencia del Estatuto. Ellos fueron los organizadores en 2010 de la primera gran manifestación contra la citada sentencia y desde entonces marcan el ritmo de la presión política al Gobierno de Artur Mas con las manifestaciones de cada 11 de Setembre. La última, la Via Catalana de 2013, constituyó una demostración de apoyo social y fuerza política de una potencia que solo la ceguera puede ignorar. Están convencidos de que el Estado español nunca aceptará de buen grado la pérdida de Cataluña. Piensan, con razón, que algún tipo de ruptura habrá que forzar si quieren alcanzar el éxito.

La voluntad revolucionaria de este conglomerado social y la capacidad de sus dos niveles de dirección para encauzarlo efectivamente en el momento del choque o la ruptura que inevitablemente tiene que llegar si quiere materializar un Estado catalán soberano está por ver. Hasta ahora no se ha incurrido en ilegalidad. Pero otra cosa será, probablemente, si choca con la legalidad o quiere saltar por encima de ella.

Será también otra cosa a medida que la reacción vaya tomando cuerpo. Toda revolución tiene sus contrarrevolucionarios, claro. Toda acción provoca su reacción y este principio de la física vale también, habitualmente, para la política. Uno de los aspectos interesantes de esta situación ha sido que una parte importante del partido socialista comparte la idea de que hay una revolución democrática en marcha y rechaza verse a sí misma en las filas de los contrarrevolucionarios. Comprueba que, como en tantas revoluciones leídas en los libros, es la acción y no las palabras lo que en los momentos críticos define el papel de cada cual.

La semana pasada fue posible ver en las Cotxeres de Sants que un parte muy sustantiva del PSC rechaza alinearse con los contrarrevolucionarios, aunque entre ellos haya muchos socialistas. Participaron en la Via Catalana. Al mismo tiempo, es obvio que hay otra parte del partido que está encantada de oponerse a la consulta. Es una situación contradictoria, pero real. De cómo se desarrolle a partir de ahora este aspecto del conflicto catalán depende en buena medida el futuro del partido socialista en Cataluña. Pero también la capilaridad del movimiento revolucionario en una extensa franja social.