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Un centenar de colectivos protesta contra las tarifas de agua en Málaga

La plataforma reclama al alcalde que rectifique los tramos por habitante El PSOE alerta del "fantasma de la privatización"

El centenar de colectivos aglutinados en torno a la Iniciativa Ciudadana contra el Tarifazo del Agua en Málaga (partidos políticos, sindicatos y asociaciones de vecinos y de consumidores) encabeza mañana una manifestación contra el sistema que se aplica en la capital desde finales del año pasado, que se rige por habitante empadronado en la vivienda. En la capital malagueña se vive una auténtica guerra del agua desde enero, cuando empezaron a llegar las primeras facturas, con una defensa a ultranza de la tarifa por parte del equipo de gobierno del PP y críticas constantes de la plataforma, en la que están PSOE e IU. Las organizaciones de consumidores están divididas en este asunto.

"El fantasma de la privatización"

El secretario de Medio Ambiente del PSOE de Andalucía, Antonio Pradas, acusó ayer al PP de “extender el fantasma de la privatización”, atacar a la autonomía municipal y mentir sobre el canon del agua, medida que los populares han amenazado con llevar al TSJA por considerar que se ha cobrado sin que se haya utilizado. Pradas defendió que se han recaudado 133 millones de euros, invertido más de 325, ejecutados 200 y pendientes otros 218 para 54 actuaciones.

Pradas también se pronunció sobre "la estrecha relación entre el agua y la energía". En este sentido, el gerente de la Asociación de Operadores Públicos (Aeopas), Luis Babiano, informó que esta semana han pedido el apoyo de la Junta para reclamar al Gobierno central que abarate la factura de los ciudadanos con un menor gravamen fiscal para la energía que se utiliza en los sistemas del ciclo del agua, ya que supone más del 15% de los costes de producción.

El representante de Aeopas destacó el apoyo, "insuficiente pero significativo", manifestado por Europa a la primera iniciativa ciudadana continental, en la que se ha reclamado que el agua y otros servicios básicos se consideren un derecho humano y queden fuera de las leyes del mercado.

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A priori, todas las partes están conformes en que la asignación de metros cúbicos por habitante empadronado es más justa, aunque las desavenencias fundamentales están en la cantidad fijada en el primer tramo. Para los detractores del sistema, los litros de agua son escasos; para sus defensores, son suficientes porque se fomenta el ahorro. Hay tres bloques distintos cuyo precio se encarece progresivamente.

Con el antiguo sistema, el primer tramo (el que tiene un precio más reducido) concedía cinco metros cúbicos de agua al mes por vivienda, independientemente de los residentes. Es decir, daba igual que viviera una persona, dos o cinco. Con la nueva tarifa, en ese primer bloque se asignan dos metros cúbicos por residente, de ahí la importancia de que todos los inquilinos de un domicilio estén empadronados en él. En caso contrario, la factura se encarece. Este sistema eleva el coste en los hogares con menos miembros y beneficia a los abonados domésticos con tres o más personas censadas.

En el segundo tramo, con un precio más alto, se asigna un metro cúbico de agua al mes y a partir de ese consumo (tres metros cúbicos en total, unidos el primer tramo y el segundo) se entraría en un tercero, que es el que más cuesta. Con la cantidad de agua prevista, es complicado no llegar a ese tercer tramo, especialmente en los domicilios con menos personas.

Desde que se aplica el nuevo sistema, ha habido correcciones por parte de la empresa de agua (Emasa), a instancias del equipo de gobierno. Por ejemplo, las viviendas que tengan un consumo por debajo de 116 litros diarios por habitante serán bonificadas transcurridos seis meses si el recibo se ha encarecido respecto al sistema anterior. Esta cantidad equivale a siete metros cúbicos cada dos meses por persona. El consumo medio al día en Málaga está fijado en unos 112 litros al día.

La presidenta de Facua-Málaga, Lola García, portavoz de la iniciativa ciudadana, es partidaria del sistema por habitante, pero pide una tarifa “más justa y equitativa”. La plataforma reivindica al alcalde, el popular Francisco de la Torre, que paralice el sistema y dialogue con los colectivos sociales y la oposición una fórmula más adecuada.

La iniciativa cuenta con el respaldo de 34.000 firmas contra este sistema y piden una participación masiva en la manifestación de mañana, solicitud realizada también por los portavoces municipales de PSOE e IU, María Gámez y Eduardo Zorrilla. Las asociaciones de consumidores Al-Ándalus y UCE están a favor de la nueva tarificación y el equipo de gobierno entiende que se usa el agua “como herramienta política”.

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