Brión multa por uso ilegal a un edificio de alquileres protegidos de la Xunta

Una pareja al borde del desahucio denuncia el caso de un inmueble con licencia municipal de hotel que ofrecía minipisos como viviendas sociales a 257 euros

Manuel Castro, en los Alojamientos Rourís de Brión
Manuel Castro, en los Alojamientos Rourís de BriónÓSCAR CORRAL

El alcalde socialista de Brión asegura que no desaloja y precinta el edificio porque “hay gente viviendo dentro”. Pero la Xunta ampara el inmueble bajo una fórmula, “aloxamentos protexidos en alugueiro”, de su Plan de Vivenda. Y la empresa promotora, la inmobiliaria Urban, resume la situación como “una discrepancia entre Administraciones sobre la licencia de primera ocupación”. Mientras tanto, Stop Desahucios sale a la calle con sus pancartas a denunciar el “acoso urbanístico”, el “robo”, la “estafa” que sufre un matrimonio con hijas, sin más recursos que una ayuda de 420 euros y a punto de perder su techo. La familia decidió abandonar este edificio junto a “la mayoría” de los inquilinos, dice, después de enterarse por boca de la policía, en febrero de 2013, de que era “ilegal”.

“La semana que viene mandaremos la próxima multa” de 5.000 euros, comenta el alcalde, Xosé Luis García, 35 años al frente del gobierno local, cuando se le pregunta por la legalidad del inmueble. Explica que la casa se construyó con licencia municipal para uso hotelero, porque en ese lugar, Rourís, “la norma urbanística no permite otro que no sea vivienda unifamiliar, hotel o geriátrico”. Sin embargo, tal y como reza el propio anuncio en internet, Urban ofrece 16 apartamentos “totalmente equipados” en régimen de alquiler. Hace meses que la Administración local optó por las sanciones “coercitivas”, después de mandar a la policía y comprobar que los que vivían allí no eran turistas, sino inquilinos, entre ellos personas con pocos recursos. “No podemos clausurar la casa porque a ver a dónde se van”, reconoce García, “pero ponemos carteles avisando de la situación, aunque enseguida desaparecen”.

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Marilena Calota, de nacionalidad rumana, y su marido, Manuel Castro, nacido en A Estrada, se decidieron a denunciar el miércoles a la prensa la situación arropados por Stop Desahucios. Dicen que no hablaron antes, y no recurrieron a la justicia hasta ahora, por miedo a que les quiten a sus dos niñas. “Nos desvivimos por ellas, y la mayor es de las primeras de su clase”, defiende Marilena. “Pero ahora no les podemos comprar todo lo que necesitan... A veces visten de Cáritas”, lamenta el padre. En ocasiones, dice la madre, los servicios sociales también les dan “arroz, pasta y lentejas”. Tanto Manuel como su esposa están en paro. Conocieron mejores tiempos, pero ahora a la crisis se ha sumado la enfermedad degenerativa del marido (41% de discapacidad), una esclerosis múltiple que le obliga a pincharse y lo mortifica con brotes que sobrevienen en los peores momentos.

Marilena y Manuel se conocieron en Barcelona y allí tuvieron a sus dos hijas, de 3 y 10 años. Cuando vinieron mal dadas y la crisis segó las esperanzas de los que siempre pierden, Manuel quiso volver a Galicia, seguro de que en su tierra la vida sería “menos dura”. Aquí buscaron techo, y recalaron en la inmobiliaria Urban de Santiago. Firmaron un contrato de alquiler de uno de los minipisos de Rourís. Según explican, no sabían que solo podía ser un hotel. Creyeron que se trataba de una vivienda social, y de hecho, dicen, la empresa los registró como “beneficiarios de un piso de protección autonómica” en el Instituto de Vivenda e Solo (IGVS).

Pero tenían que pagar 257 euros, una cantidad bastante alta para una vivienda protegida de 42 metros cuadrados en un lugar apartado y con servicios precarios. La inmobiliaria, recuerdan, también quedó en cobrarles cada mes 30 euros de luz “todavía de obra”, porque “el contador no estaba individualizado; era compartido por todo el edificio, construido como hotel”. “Aunque luego Urban suponemos que manipuló la instalación de Iberdrola y puso los suyos propios”, denuncia Manuel. Las sorpresas llegaron cuando, en las facturas mensuales, la inmobiliaria empezó a cobrarles cantidades de “hasta 360 euros”. Mientras tanto, dice, los apagones eran el pan de cada día: “Si hacíamos pollo al horno teníamos que avisar al resto, porque si ponían la lavadora saltaba la luz y se echaba a perder todo lo del congelador”, relatan. Al final, un mes les presentaron una factura de Iberdrola de más de 600 euros. Creen que les endosaron el total del edificio construído como hotel, “después de que los otros inquilinos dejasen aquello” vacío.

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“Ahora en el portal hay un cartel que dice recepción”. Según la pareja, eso antes no estaba. El IGVS, no obstante, confirma que aquello es “un aloxamento protexido para menores de 35 y mayores de 60” (algo que niega el alcalde) y que “la calificación se realizó en función de la licencia de construcción concedida por el consistorio en 2006 y de un informe del técnico municipal” que pidió la propia Xunta. Aquel año, sigue el IGVS, “el Ayuntamiento suprimió expresamente la palabra hotelero de la licencia de edificación a través de un acuerdo de la junta de gobierno”. En medio de este choque de criterios, Marilena habla de “inseguridad” ciudadana: “En España hay una plaga de chorizos, y los pobres somos leprosos”.

Urban: "No somos hermanitas de la caridad, pero tampoco chorizos"

S. R. P.

El episodio de Apartamentos Rourís apenas es más que el comienzo de los “engaños” que asegura sufrir esta familia desde que firmó el primer contrato con Urban. Dicen que en el primer trimestre de 2013 hubo una estampida de vecinos y que ellos también quisieron irse, pero cometieron “el error” de mudarse a otra promoción de la misma firma en Brión. Lo hicieron porque estaban “atados” por un contrato que los “penalizaba”, explican, si abandonaban aquel “hotel” antes de “dos años”. De todas formas, la “multa” les llegó. Deben a Urban 1.332'14 euros por atrasos y una factura de luz (648 euros). Ahora siguen pagando 257 euros en el nuevo inmueble. El martes, Stop Desahucios comprobó que Urban no había inscrito el actual contrato de la pareja en la Xunta. La promotora lo atribuyó a un “error”, y ese mismo día lo envió al IGVS.

Pero Urban quiere que la familia que sacó a la luz el extraño caso del bloque de Rourís abandone el nuevo piso. La pareja, ahora, no paga porque no puede, y aún adeuda los 1.332 euros. “Asumimos que no pueden pagar, pero necesitamos recuperar esa vivienda porque también tenemos la hipoteca del edificio, y empleados”, dice un jefe de Urban. “No somos hermanitas de la caridad, pero tampoco chorizos. Somos los perjudicados, y aún así, estamos dispuestos a perdonar la deuda con tal de que se vayan. Si quieren, por las niñas, cuando acabe el curso”. Marilena, sin embargo, cuenta que no la reciben y que jamás le hicieron tal ofrecimiento.

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