Nuevo fallo contra el Consell por negar información a EUPV
Educación rechazó entregar a la coalición un informe sobre un colegio de Santa Pola
Nueva condena a la Generalitat por negar información pedida por un grupo parlamentario. La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Consell por la portavoz de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y coordinadora de la formación, Marga Sanz, por negarle el informe técnico del colegio Hispanidad de Santa Pola (Alicante), donde se registró a principios de 2013 un hundimiento del suelo que se saldó con una decena de heridos.
En su fallo, el tribunal declara vulnerado el derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución sobre denegación de documentación invocado por Sanz en su recurso, que obliga a la Administración demandada a facilitarle esa información. Contra esta decisión cabe interponer recurso de casación ordinario.
En un comunicado, Sanz destaca que el TSJCV "ha vuelto a condenar en el Gobierno valenciano para vulnerar los derechos fundamentales de los diputados de EUPV en las Cortes", en este caso porque la Consejería de Educación se negó a "entregar una copia literal del Informe de la inspección técnica del CEIP Hispanidad de Santa Pola" a este grupo.
En su opinión, se trata de "la enésima muestra de la opacidad de la consejera María José Català", que "ya es casi crónica y está siendo sistemáticamente rechazada por la justicia", recalca.
Apunta, en este sentido, que el TSJCV hizo pública recientemente la condena al Consell por no entregarles la "documentación sobre la privatización de la VIU" solicitada por estos parlamentarios.
Sanz mantiene que se trata de "un nuevo varapalo" del TSJCV a la consejería "por vulnerar el artículo 23 de la Constitución Española que ampara el derecho fundamental de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos".
En este punto, subraya que esperan que Educación "entregue de inmediato el informe técnico del colegio de Santa Pola", a lo que agrega que "es muy triste que tenga que ser la justicia quien obligue a la consejería a abrir las puertas a la transparencia necesaria para poder ejercer desde las Cortes el derecho a la fiscalización y el control de los asuntos públicos".
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