El PP impide que se cree una comisión de investigación del ‘caso Aneri’

La Asamblea de Madrid no abrirá una comisión de investigación sobre el presunto fraude en los cursos de formación conocido como el caso Aneri destapado por este diario el pasado diciembre. El PP empleó su mayoría en la Mesa del Parlamento regional —la componen siete miembros: cuatro del Partido Popular (el presidente de la Asamblea regional, José Ignacio Echeverría, más Jacobo Beltrán, Rosa Posada y Carlos González), uno del Partido Socialista (Juan Barranco), uno de Izquierda Unida (Antero Ruiz) y uno de Unión, Progreso y Democracia (Enrique Normand)— para impedir que saliera adelante. El presidente regional, Ignacio González, eludió aclarar en el pleno del pasado jueves si habría o no comisión de investigación, pese a las constantes peticiones que le realizaron los tres partidos de la oposición.

El argumento dado por el PP fue que la supuesta estafa está sub iudice y bajo secreto de sumario en el Juzgado número 9 de Madrid. La oposición reprochó la decisión del PP, que por enésima vez tumbó la solicitud de apertura de una investigación en la Asamblea para evaluar “las responsabilidades políticas que pudieran derivarse en relación con la presunta estafa de fondos de formación por parte de Sinergia Empresarial”.

A cambio, el grupo parlamentario popular solicitó la comparecencia de la cúpula de la Consejería de Empleo ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones “para informar sobre los planes de formación sectoriales, en la modalidad de teleformación”. Así, además de la consejera Ana Isabel Mariño, comparecerían el viceconsejero Juan Van-Halen Rodríguez; el director general de Estrategia y Fomento del Empleo, Valentín Bote; y la directora general de Formación, Patricia Herrero (ya lo hizo la semana pasada).

El PP también pide todos los expedientes relativos a los cursos de teleformación del año 2011. La Comisión de Presupuestos acordó la semana pasada la “fiscalización especial” de la Cámara de Cuentas a las subvenciones destinadas a empresas, asociaciones empresariales, sindicatos u otras entidades para financiar cursos de formación continua concedidas por la Comunidad entre 2010 y 2013.