El exinterventor defiende ante Alaya la legalidad del fondo de los ERE

El funcionario insinúa que el Gobierno frenó dos proyectos, en 2000 y 2004, para mejorar la regulación de las ayudas. Gómez replica a los peritos del Estado

Manuel Gómez Martínez, a su llegada en julio a los juzgados de Sevilla.
Manuel Gómez Martínez, a su llegada en julio a los juzgados de Sevilla.JULIÁN ROJAS

Una de cal y otra de arena. El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez ha echado un capote al Gobierno andaluz en el debate jurídico sobre el procedimiento utilizado para pagar los ERE y que la juez Mercedes Alaya considera ilegal. Gómez considera que el mecanismo se ajusta a derecho, a pesar de los 15 informes de reparo que su departamento elaboró para alertar de su deficiente diseño, porque el Parlamento aprobó la partida y conoció su destino. Pero a continuación Gómez ha sembrado una duda fundamental que puede dañar la imagen del Ejecutivo autónomo que en 2000 lideraba Manuel Chaves: justo antes de iniciarse el fondo, la Consejería de Empleo presentó un decreto para regular las ayudas y acabar con la discrecionalidad, y sin embargo esta iniciativa fue frenada antes de llegar al consejillo, la sesión preparatoria del Consejo de Gobierno en la que participan todos los viceconsejeros y que presidía el exconsejero de Presidencia y secretario federal de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías.

Gómez, un ex alto cargo enfrentado con acritud a la anterior cúpula del Gobierno, que le achaca que no emitiera un informe para frenar el fondo, considera en un extenso escrito presentado ante Alaya que los peritos de la Intervención General del Estado y la juez incurren en un “inmenso error” al calificar de “ilegales” las transferencias de financiación. El escrito es un contrapeso a las graves acusaciones de la Intervención del Estado, que en un voluminoso informe censuró el pasado diciembre la gestión del fondo, aunque sin tacharlo de ilegal.

La juez sostiene que el fondo de los ERE es ilegal, pese a su inclusión en la Ley de Presupuestos año tras año, porque las transferencias de financiación debían ser utilizadas para cubrir las pérdidas de las entidades públicas de la Junta, y no para subvenciones a empresas, un hecho que supuestamente ignoraba la Cámara. Sin embargo, Gómez rescata las enmiendas y documentos anexos que integraban los Presupuestos, para demostrar que los diputados conocían que el uso de esa partida era para conceder ayudas a las empresas.

Mientras que las críticas de los peritos de la Intervención General del Estado cargaban contra el papel y supuesta inacción de la Intervención de la Junta por no frenar el fondo, las críticas no se dirigían contra la Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador que conoció todas las partidas que aprobaba el Parlamento, incluidas en las leyes de Presupuesto. El escrito hace hincapié en la “inexplicable benevolencia” hacia la Cámara de Cuentas: “El comportamiento de la Cámara, en relación con el Programa 31L, se ha caracterizado por la absoluta pasividad que no podemos por menos que calificar como de auténtica desidia, al dejar de realizar durante 10 años las actuaciones que estaban dentro de su ámbito de competencias respecto al citado programa”.

Gómez subraya que los estados de gastos del Presupuesto y la Cuenta General aclaraban que la función del fondo de los ERE era otorgar subvenciones sociolaborales, y no cubrir las pérdidas de la agencia Idea (pagadora de las ayudas): “No cabe negar la contundente evidencia de que los Presupuestos de la Junta del periodo 2002-2010 establecían un destino determinado de dichas transferencias”.

Mientras, el exinterventor denuncia dos intentos que la Consejería de Empleo acometió en 2000 y 2004 para regular el sistema de ayudas y acabar con la discrecionalidad y opacidad en las ayudas. “Resulta inexplicable que los órganos competentes no llegaran a poner en marcha sendos proyectos que (...) a todas luces habrían, si no impedido, al menos, dificultado extraordinariamente los fraudes”, resalta el escrito. El proyecto de decreto de 2000 se elevó para el consejillo, pero se frenó antes. “No recuerdo por qué se pararía. No tendría los informes correspondientes de gabinete jurídico o Presupuestos. Ningún papel entraba si no contaba con todos los documentos”, alegó ayer Zarrías sobre esta cuestión clave.

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Hace dos años el ex director general de Trabajo Javier Guerrero declaró ante la Guardia Civil: “Intentamos regular la forma de concesión de las ayudas a través de órdenes y borradores que nunca prosperaron”. Guerrero puntualizó que estos borradores de órdenes se llevaron al consejillo, pero “nunca se trataron”.

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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