La entelequia del biodiésel gallego

La gran apuesta empresarial del puerto exterior de Ferrol por el biodiesel resultó una entelequia. En 2008, la ría se perfiló como el gran productor de este combustible biodegradable desde Galicia para el mundo. Aspiraba a producir el 44% del carburante ecológico de España con tres nuevas plantas que prometían un centenar de empleos y que, paradójicamente, no terminaron de arrancar aunque se beneficiaron de jugosas ayudas públicas e incentivos a la reindustrialización.

 En la explanada de cabo Prioriño, junto a los muelles, hay dos empresas que no fabrican nada. A poca distancia, en el polígono industrial de Río do Pozo, en Narón, el armazón de una tercera, también mimada con fondos públicos, que ni siquiera se terminó. Son tres de las cuatro plantas gallegas que, entre 2006 y 2009, se apuntaron al boom del biodiésel. Infinita Renovables acaba de cambiar de manos para integrar una gran corporación indonesia del aceite que la absorberá como plataforma estratégica para saltar al mercado europeo. Otra, Entabán Biocombustibles de Galicia, SA, está en liquidación desde el año pasado, y la de Narón, Biocarburantes Peninsulares, SL, inicialmente vinculada a Eulén y Enagás, en manos de un administrador concursal. Entre las tres, calcularon que exportarían 720.000 de toneladas anuales desde la rada de Caneliñas, y los 90 operarios que contrataron se pasaron más tiempo regulados que en activo. Las tres tienen otra cosa en común: recibieron importantes inyecciones de dinero público, al menos 19,2 millones de euros en incentivos, créditos blancos o subvenciones, para empujar la producción de este combustible a base de aceites vegetales —colza, soja o palma importados de Latinoamérica o Asia— llamado a sustituir a los derivados del petróleo.

Al poco de arrancar en Ferrol, Entabán e Infinita ya se toparon con la competencia de los productores de Argentina e Indonesia, que fabricaban a menor coste y sin trabas para exportar. “Básicamente, ellos producían más barato porque tenían la materia prima a mano y coparon el mercado”, explica Germán Amor, del comité de empresa de Infinita. Durante años, y ya en paralelo a la crisis, los productores españoles urgieron a los sucesivos gobiernos centrales a regular los tráficos. Se hizo con un decreto de abril del 2011, que quedó sin efecto en octubre. “La alegría nos duró bien poco”, resume Amor. Un limbo jurídico prolongado que se ha llevado por delante a las dos firmas que apostaron por la fabricación de este carburante ecológico animados por las ayudas a la reindustrialización que ofrecía el Ejecutivo a través del Plan Ferrol.

La más grande de las tres es Infinita Renovables, del grupo Isolux Corsán y el Banco Santander. Se estrenó en junio de 2009 tras una inversión de 80 millones para una gran fábrica que ocupa 40.000 metros cuadrados y que prometía 300.000 toneladas por año. La empresa renunció a los 14,4 millones en ayudas del Ministerio de Industria a través del Plan Ferrol, que tenía preconcedidos en 2008 porque no logró los avales necesarios. No obstante, accedió, al menos, a diez millones en incentivos, “cinco de la Xunta y cinco del ministerio”, apunta Germán Amor, de acuerdo con la información que proporcionó la dirección a la plantilla.

Los 70 puestos comprometidos se quedaron en 55 y pronto menguaron hasta la treintena. Desde marzo de 2011, la plantilla ha vivido un “calvario laboral” de eres y prórrogas que finalizó en noviembre. Desde entonces, trabajan pero no producen. “Básicamente, hacemos mantenimiento”, explica el comité. Cinco años después de abrir, Infinita cambia de dueños. El puerto ferrolano aprobó en febrero la cesión de las instalaciones portuarias de Infinita a Masol Iberia Biofuels, del grupo Musin Mas, especializado en aceites vegetales y con sede en Sumatra (Indonesia). Suma 700 trabajadores en todo el mundo. “Nos dijeron íbamos todos dentro del paquete”, cuenta Germán Amor, hijo del histórico sindicalista ferrolano Manuel Amor. Pero, el pasado miércoles, la empresa despidió a seis de los 34 empleados que quedaban. Se lo notificó por carta aduciendo causas objetivas.

Entabán, propiedad de un grupo radicado en Zaragoza, destinó 48 millones a poner en marcha una fábrica que inauguró Emilio Pérez Touriño, entonces presidente de la Xunta, en junio de 2008. Presumía de ser la más moderna, con 34 operarios —se quedaron en 18— para producir 200.000 toneladas cada año desde una parcela de 32.000 metros en el puerto. El Gobierno gallego aportó al proyecto 4,5 millones a través del Igape y el Ministerio de Economía, 1, 8. Buscó nuevos dueños sin éxito y está en liquidación.

El caso de Biocarburantes Peninsulares es el más llamativo. Anunció 120.000 toneladas por año con 26 empleados y 20 millones de inversión, de los que 2,9 eran subvenciones del Igape para una planta que ocupa 8.000 metros cuadrados en Narón. Contrató, por lo menos, a 10 personas que nunca llegaron a trabajar aunque durante muchos meses, cobraron la nómina sin pisar la fábrica, que no se llegó a inaugurar, según la CIG. “Era un cachondeo. Cobraban como si estuvieran en periodo de formación pero sin ir. Lógicamente, la culpa no era de los trabajadores”, explican los sindicatos. La planta, domiciliada en Madrid, está en manos de un administrador concursal.