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justicia

Una media de cuatro años para la instrucción de seis casos en curso

Las corruptelas afectan a los tres niveles administrativos

Caso Zubiaurre: Va para cuatro años. Es la vertiente del pinchazo a los ordenadores del departamento de Industria en el primer Gobierno socialista. Antton Zubiaurre (PNV) fue el responsable de la sociedad pública Sprilur entre 2000 y 2008. Archivada la causa por la compra de terrenos a un precio desorbitado y pagar en parte con un talón al portador, sigue viva en el Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao la causa por el pinchazo a los ordenadores del departamento socialista, aunque sin noticias sobre su evolución. El Gobierno mantiene un mutismo absoluto sobre si se ha avanzado en la última actuación conocida, un informe que fue solicitado a Microsoft por el juzgado en 2012.

Caso Xabier Legarreta. El caso avanza hacia los tres años de instrucción en el Juzgado número 1 de Gernika. El ahora diputado de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia está imputado por un delito de prevaricación que presuntamente cometió cuando era alcalde de Bermeo junto al entonces teniente alcalde Iñigo Imatz, del mismo partido político (PNV). Legarreta era el alcalde de Bermeo y presidente de la sociedad municipal Beruala en 2011, cuando promovió una operación urbanística que afectaba a otro bloque de viviendas. La construcción fue paralizada por orden judicial al levantar dos plantas más de las acordadas. Han declarado 12 personas y la acusación la ejerce el ayuntamiento de Bermeo ahora gobernado por Bildu.

Caso Bizente Arteagoitia. Lo lleva el Juzgado 3 de Instrucción de Bilbao y sigue engrosando el expediente desde 2010 por la denuncia de un vecino. El juzgado investiga un presunto caso de prevaricación ya que el alcalde del PNV y aquella corporación de Loiu, concedió en 2006 una licencia para la obra de un chalé, cuando de los 3.000 metros de parcela, se habían expropiado 700, que eran de la diputación foral. La institución foral pidió que no se concediera la licencia, pero el alcalde del PNV, que lleva tres legislaturas al frente, la concedió. La fiscalía entiende que hay base para condenarle por un delito de prevaricación.

Epsilon Euskadi penal. Instrucción número 1 de Vitoria no da pasos en este caso que quienes lo conocen lo califican de catálogo de prácticas corruptas en el reparto de fondos públicos en beneficio de personas, asociaciones y partidos. Declarado culpable el concurso de Epsilon Euskadi —el sueño de la fórmula 1 que acabó con un pasivo de 40 millones, casi todo el dinero público— la fiscalía acusó al administrador único, Joan Villadelprat y a su socio Phil Payne de vender la parte más sustanciosa de la empresa en su favor. Es posible que salgan más asuntos de este caso pero necesitan una velocidad de crucero que evite una larguísima instrucción. Villadelprat y Payne ni siquiera vinieron a declarar a Vitoria, lo hicieron desde Cataluña.

Caso Víctor Bravo. El hermano del jefe de la Hacienda de Irún, —ya condenado José María Bravo—, el ex senador del PNV, Víctor Bravo, al que políticamente acusaron de ser especialmente permisivo en Hacienda para que su hermano José Mari correteara a sus anchas, está siendo investigado por su relación con la sociedad Glass Costa Este. Poco movimiento en Instrucción 1 de San Sebastián en un asunto que tras ser investigado políticamente y en el que se evidenció que la empresa catalana Glass Costa Este Salou falseó tener su domicilio fiscal en San Sebastián —la firma no tenía actividad alguna en Guipúzcoa— para acogerse a “cuantiosos beneficios fiscales” durante al menos tres ejercicios. Para la comisión del delito fiscal, la compañía contó, presuntamente, con la colaboración entre otros de Víctor Bravo, ex director de Hacienda, y del funcionario de la Diputación Rufino Eizaguirre, ambos imputados por cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos. Víctor, según la fiscalía, falseó su relación con la sociedad. Van más de cinco años.

Caso Margüello. Pese al archivo provisional del “caso Elorriaga” una pequeña parte del caso Margüello, el juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao sigue adelante con las investigaciones para ver si hubo delito de tráfico de influencias, fraude y abuso en el ejercicio de su función en la forma de actuar del ex jefe de calidad del hospital de Cruces, José Carlos Margüello. La investigación tiene como objetivo esclarecer supuestas irregularidades en la contratación de empresas por Osakidetza durante los mandatos de Gabriel Inclán (PNV) como consejero de Sanidad. El anterior Gobierno vasco hizo pública su sospecha de que el ex jefe de calidad de Cruces se había lucrado con contratos conseguidos por un entramado de sociedades con las que él estaba vinculado. Han transcurrido más de cuatro años sin que el caso avance de forma significativa pese a haber sido citado a declarar como imputado. El Ministerio Fiscal solicita el esclarecimiento de presuntas irregularidades en la contratación de una serie de firmas por parte de Sanidad. En concreto, se refiere a Gestión de Servicios Sanitarios XXI, Medical Dom, Rehabilidom, Recard 2000 y la unión temporal de empresas formada por Gestión XXI, Indautxu y Rehabilidom. La Fiscalía imputa a Margüello en base a un informe que pidió al Gobierno vasco para que concretase el perjuicio económico presuntamente ocasionado al erario público. Según este informe, el quebranto a las arcas públicas por la derivación de casos a empresas privadas se elevaría a 6,8 millones de euros.

Caso Silestone. No es un caso de corrupción pero va para cuatro años el bloqueo. El 23 de abril de 2010, el juez de primera Instancia e Instrucción numero 4 de Gernika comunicó la denuncia de la Fiscalía de Vizcaya a los representantes legales de fabricantes de Silestone y Caesarstone y a varios técnicos de Mutualia y Malga Servicios Empresariales que se enfrentaban a una denuncia de la fiscalía que apreciaba indicios de sendos delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores cometidos desde 1991, en concurso con otros seis delitos de lesiones imprudentes. La fiscalía acusa a la multinacional de encimeras y recubrimientos, de no ofrecer información sobre la toxicidad del polvo de ese tipo de aglomerados. De los once trabajadores de la Marmolería Cid de Gernika, seis enfermaron con silicosis, varios de ellos familiares del patrón, que denunció los hechos al Instituto Nacional de Silicosis.