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El copago echa a los dependientes de residencias y centros de día

Los afectados presentan 6.000 quejas al Síndic de Greuges contra la medida

Los dependientes en la puerta de la sede del Síndic.
Los dependientes en la puerta de la sede del Síndic.

El copago sanitario empieza a dejar a gente en la cuneta. Unas 50 personas dependientes que acudían a centros ocupacionales han dejado de hacerlo porque no pueden pagar el dinero que la consejería les exige desde enero pasado. “Hemos vuelto a los años 60 cuando las personas con discapacidad se quedaban en casa en una mesa camilla, con los abuelos jugando a las cartas”, se lamenta Paulino López, trabajador de la discapacidad. Y es que desde el pasado uno de enero los usuarios de estos servicios deben pagar entre 100 y más de mil de euros, en función de su renta, por acudir a estos centros.

La Coordinadora de la Discapacidad y Dependencia en la Comunidad Valenciana presentó este viernes ante el Síndic de Greuges hasta 6.000 quejas por la “situación de desigualdad e injusta aplicación del copago introducido por Bienestar Social” a las personas que precisan de centros de discapacidad o enfermedad mental. Los afectados quieren que se investigue “cuáles son los criterios” de la aplicación de este “repago”, porque como explican, “jamás” la Administración ha pagado íntegramente el servicio, ya que los usuarios sufragaban parte del coste, “pero ahora es mucho más, y en la mayoría de los casos inasumible”, admite Miquel Martorell, de la Plataforma por la Ley de Dependencia.

En el escrito al Síndic, presentado en Alicante, los miembros de la Coordinadora insisten que en realidad “se trata de un repago, porque había familias que ya aportaban cuotas a los centros, y ahora añaden una valoración a las personas con dependencia. Y cada uno, dependiendo de la escala, les sale a pagar mucho más”, explicó Antonio Jiménez, miembro de la Coordinadora de la Discapacidad y del sindicato de CC OO. El pago extraordinario se está aplicando a los usuarios de residencias, centros de día, de acogida y los centros ocupacionales, viviendas tuteladas.

Los firmantes de las quejas consideran que la orden de copago debe ser “retirada inmediatamente” y piden que se establezca una negociación que facilite “una justa financiación de los centros de atención a personas con discapacidad o enfermedad mental”. Miquel Martorell, de la Plataforma por la Dependencia, se lamentó de que “los gobiernos que hacen las leyes y que tienen que cumplirlas, son los primeros en incumplirlas”. Martorell advirtió de que no dejarán que les “roben” derechos “reconocidos por ley”, y anunció que harán “todo lo posible para que atiendan a este sector tan desfavorecido que están sumiendo en la pobreza y en la exclusión social”.

Paulino López, trabajador del sector de la discapacidad, consideró que el actual sistema “añade una sobrecarga” sobre el sistema y trabajadores. “Estamos hartos de buenas palabras, de buenas caras y de buenos gestos”, dijo López que reclamó “hechos y realidades” ante unas “políticas inasumibles” que “cada día empobrecen más a los colectivos de la discapacidad y la dependencia”. López recordó que “dependiendo de los recursos” en las residencias algunos dependientes deben aportar más de mil euros. “Con lo que les quedan apenas unos euros para comer, vestir, lo que están limitando los derechos de las personas con discapacidad”, dijo.

Por último, Gonzalo Nielfa, miembro de la Asociación de Enfermos Mentales de Valencia, instó a la consejería de Bienestar Social a pactar “un copago de más razonable” ante la “falta de cobertura nacional”. Nielfa estimó que la Comunidad Valenciana está siendo “el laboratorio” para implantar el copago nacional que será “en disparate porque la mitad de la gente dejará de ir a los centros y estos deberán cerrar”.