El Gobierno paraliza la reapertura de la mina de Aznalcóllar

Siete a diez. Es el resultado, por ahora, del enfrentamiento que el Gobierno de Mariano Rajoy y el de Andalucía mantienen en el Tribunal Constitucional. La Junta ha anunciado esta semana el décimo recurso contra normas estatales. Y el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el séptimo contra Andalucía. En este último caso, contra el paraguas legal que sustentaba la reapertura de la mina sevillana de Aznalcóllar, una iniciativa que apadrina la presidenta Susana Díaz y que contaba con el respaldo de los partidos mayoritarios en la comunidad: PP, PSOE e IU. El Gobierno recurrirá el decreto regional de finales de 2013 que daba cobertura a la operación al considerar que invade sus competencias. También presentará un "conflicto positivo de competencias" contra el concurso que la Junta ha abierto para adjudicar la explotación, que quedará paralizado en cuanto el Constitucional admita el recurso.

La balsa de lodos de Aznalcóllar fue la protagonista hace 16 años de uno de los peores desastres medioambientales ocurridos en España. La presa reventó en abril de 1998 e inundó de residuos tóxicos el cauce del Guadiamar. La empresa sueca Boliden se marchó sin pagar la restauración, unos 90 millones de euros que todavía le reclaman las Administraciones en los tribunales. Pero atrás se dejó sin extraer alrededor de 35 millones de toneladas de cobre, zinc y plomo en la corta de Los Frailes, una de las dos que hay en esta explotación a cielo abierto, hoy abandonada. La compañía, cuando se fue, estaba en la segunda fase de explotación de las cinco previstas, lo que equivaldría a disponer de 12 a 15 años más de trabajo. La Junta estima que la reapertura podría suponer la creación de 450 empleos.

Tras el desastre, la apuesta desde las Administraciones en la zona fue por las renovables. Pero los proyectos fracasaron y, con la crisis ya encima, se volvió la mirada hacia un supuesto renacer de la minería. En ese sector ha depositado el actual Gobierno andaluz muchas de sus esperanzas de creación de empleo. El paro es el principal problema de la comunidad. El alcalde del municipio de Aznalcóllar, el exminero Agapito Ramírez (IU), ha recordado este viernes que la reapertura era una salida al 30% de desempleo que sufre su municipio. Si se levanta el foco, la situación no es mejor: Andalucía tiene una tasa de paro del 36%.

Aznalcóllar es el simbólico cabeza de cartel de una estrategia mucho mayor para la explotación de la llamada Faja Pirítica Ibérica, una rica área geológica que se extiende por el subsuelo del sur de Portugal y la Andalucía occidental. A principios de año, la Junta anunció la convocatoria de un gran "concurso minero" a través del que esta Administración ofrece 61 derechos, entre concesiones y permisos de investigación, repartidos por Sevilla y Huelva.

Con el paso dado ahora por el Gobierno la imagen y proyección internacional de la iniciativa pueden quedar tocadas, ya que el Estado plantea dudas legales en el encaje del proyecto estrella.

La presentación del recurso ha sido aprobada en el Consejo de Ministros. En la referencia de esta reunión semanal se justifica la interposición en que el decreto andaluz otorga facultades a la Junta que "corresponden exclusivamente al Estado". En concreto, el Gobierno de Rajoy sostiene que la Ley de Minas de 1973 atribuye al Estado "la facultad de reservarse zonas de cualquier extensión en el territorio en las que el aprovechamiento de recursos minerales pueda tener especial interés para el desarrollo económico y social o para la defensa nacional". En su decreto, era la Junta la que realizaba la "reserva minera" para poder sacar a concurso la explotación. Ni el Ministerio de Hacienda, el que formalmente presenta el recurso, ni el de Industria, del que depende este sector, han querido ampliar este viernes la información sobre el recurso.

Hasta ahora no había noticias de una oposición del Gobierno a la reapertura. Fuentes de la Junta han lamentado que el equipo del ministro José Manuel Soria no informara de estos reparos en la comisión sectorial celebrada esta semana con las comunidades.

El consejero andaluz de Economía, José Sánchez Maldonado, ha calificado el recurso de "traición a Andalucía". Su departamento ha explicado que el paso dado "puede representar en la práctica el final del proyecto de reapertura". La impugnación suspende automáticamente el concurso hasta que se pronuncie el Constitucional, que tiene un plazo máximo de cinco meses para establecer si levanta o no la paralización cautelar. Pero, aunque se levantara esta medida, los magistrados tardarán bastante tiempo en pronunciarse sobre el fondo del pleito. "Mientras esté pendiente la resolución del recurso difícilmente se van a presentar ofertas ante la inseguridad jurídica que supone", reconoce la Consejería de Economía. La inversión requerida ronda los 300 millones.

Este conflicto recuerda mucho a otro que tienen abierto la Junta y el Gobierno por la venta de la finca pública La Almoraima. El Estado quiere privatizar este latifundio gaditano, algo que rechaza el Ejecutivo andaluz. La Consejería de Medio Ambiente ha aprobado el inicio de una ampliación del parque natural de Los Alcornocales que supondrá la inclusión del 100% de la finca dentro de este espacio protegido. Este paso dado no ha frenado la venta, pero puede hacer menos apetecible la operación, ya que se bloquea el desarrollo turístico que se había diseñado para la zona no protegida hasta ahora del latifundio.

Ecologistas en Acción, que rechazaba reabrir Aznalcóllar, ha aplaudido el paso dado por el Gobierno y considera que la Junta ha incurrido en una "metedura de pata jurídica" al aprobar el decreto recurrido. La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas y de Servicios, una patronal andaluza del sector, ha lamentado el recurso ya que "muchas empresas que directa o indirectamente estaban trabajando para optar al concurso se verán perjudicadas", informa Europa Press.