Alaya y la teoría de la confabulación

Sostiene la juez Mercedes Alaya que el Gobierno andaluz (bajo la presidencia de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán) se confabuló entre 2000 y 2011, año tras año, Presupuesto tras Presupuesto, para crear una partida, el fondo de los ERE, con el fin de repartir dinero público a su antojo, una decisión que considera delictiva. No se trata de una teoría improvisada de un día para otro. A lo largo de más de tres años de instrucción, la juez ha buscado argumentos para apuntalar su tesis de que el caso de los ERE responde a una pirámide corrupta (es una metáfora suya) en cuya cúspide están los dos expresidentes autonómicos, en niveles inferiores los consejeros, en el siguiente los viceconsejeros y los directores generales… Así, hasta llegar a los intrusos, el origen de la investigación y nivel más bajo de la pirámide. En medio, la Cámara de Cuentas, los sindicatos UGT y CC OO, bufetes de abogados, Ayuntamientos, consultoras, empresas…

Alaya no cree que algunos responsables de la Consejería de Empleo de Andalucía hicieran un uso corrupto de una partida presupuestaria (como parece evidente), sino que la partida de los ERE se creó de forma ilegal y con el exclusivo fin de burlar los controles de la Intervención para favorecer a determinadas empresas y personas. Es decir, se creó para delinquir (las imputaciones a los implicados en la rama política del caso son por prevaricación y malversación).

El problema de esta teoría es que tras más de tres años de instrucción no hay ni un testimonio (hay más de 140 imputados) ni un solo documento en la causa que evidencien que hubo una decisión concertada del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para cometer delito mediante la puesta en marcha del fondo y el pago de las ayudas a través de las transferencias de financiación (un procedimiento de ejecución presupuestaria que utiliza la mayoría de Administraciones). Si lo hubiera, el caso debería estar ya en el Tribunal Supremo.

La tesis de Alaya en esta parte de la causa exige una confabulación en la que a lo largo de una década estarían implicadas, por acción u omisión, varios centenares de personas. Porque no solo el Gobierno y los altos cargos de la Administración andaluza conocían el uso de las transferencias de financiación. Lo conocían, o lo debían conocer, los interventores de la Junta, los servicios jurídicos, la Cámara de Cuentas y... el Parlamento de Andalucía, que es el que finalmente aprueba la Ley de Presupuestos (y, por tanto, el fondo y su procedimiento de pago).

En su polémica instrucción (sus choques con la Fiscalía Anticorrupción son cotidianos), Alaya investiga, señala, imputa, preimputa (a los aforados) y en el auto de este miércoles, por primera vez, precondena (apunta la “probabilidad cierta” de que Magdalena Álvarez sea condenada “en un futuro”). Pero si es coherente con las tesis que ha mantenido a lo largo de la instrucción, la juez debería implicar a ¡todo! el Parlamento andaluz (109 diputados) de tres legislaturas (de 2001 a 2011) en el fraude, lo que supondría un mayúsculo escándalo que de momento rehúye.

En el auto sobre la fianza de responsabilidad civil de la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, Alaya afirma: “Para la inclusión de la partida fraudulenta en la Ley de Presupuestos, se aprovecharía la complejidad del lenguaje presupuestario, pues la clasificación económica del gasto por artículos y subconceptos solo es accesible a expertos”. Con este argumento, la ignorancia del lenguaje presupuestario, Alaya prepara el terreno para exculpar a decenas de diputados autonómicos de PSOE, PP e IU. Pone así límite a una confabulación que, por excesiva, se aproxima a una fabulación.