Un error del Ayuntamiento de Castellfollit costará 175.000 euros a las arcas públicas
Durante la construcción del nuevo Consistorio se ocuparon los terrenos de un vecino Se pagará la indemnización para evitar el derribo de parte del edificio, dictado por los tribunales
Un error del Ayuntamiento de Castellfollit de la Roca (Garrotxa) costará a las arcas municipales 175.000 euros. El equipo de Gobierno de CiU, con mayoría absoluta, ha llegado a un acuerdo con el vecino propietario de los terrenos que denunció que el nuevo edificio consistorial no cumplía la legalidad, y le pagarán 175.000 euros a cambio que no se ejecute la sentencia de la Audiencia de Girona de 2009, que obliga a derribar parte del inmueble. Tras siete años de litigio, este episodio podría cerrarse antes del verano.
Según el acuerdo, el Ayuntamiento admite que con la construcción del nuevo Consistorio ocuparon más espacio de lo permitido en la finca vecina a la de los propietarios de los terrenos, que al derribar una escalera les dejaron sin acceso a viviendas de su propiedad y que con ello les causaron un perjuicio. Además, se compromete a indemnizarles con 175.000 euros y con la construcción de una nueva escalera de acceso a una de las viviendas. Por su parte el denunciante, cede al Consistorio los 20’41 metros cuadrados que invadieron de su propiedad y renuncia a tirar adelante el procedimiento judicial por expropiación ilegal que se está instruyendo en los Juzgados de Olot contra el alcalde y la secretaria municipal. Una vez los acuerdos del convenio se hayan materializado, el Ayuntamiento y el denunciante se comprometen a solicitar conjuntamente al juzgado que de por ejecutada la sentencia.
En el pleno de este lunes está previsto aprobar la petición de dinero que hace el Consistorio a la Diputación para cubrir la indemnización y devolverla poco a poco. El objetivo es no hipotecar las arcas municipales. Previsiblemente la Diputación accederá a cambio de que el Ayuntamiento renuncie a las aportaciones anuales que le hace el ente supramunicipal hasta que salde la deuda.
El juez del contencioso número uno de Girona, después de concederles varias prorrogas porque estaban negociando una salida pactada, a finales del año pasado instó a ambas partes a que se dieran prisa a solucionar este tema o ejecutaba la sentencia y hacia pagar una multa al alcalde de su bolsillo por cada día de retraso.
