Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El interventor del Estado socava la defensa de Blasco

El funcionario desgrana ante el juez cómo se saquearon las ayudas para la cooperación

El exconsejero Rafael Blasco en las cortes Valencianas.
El exconsejero Rafael Blasco en las cortes Valencianas.

Un funcionario dejó ayer en paños menores al estratega más veterano de la política valenciana. Rafael Blasco, ocho veces consejero de la Generalitat con gabinetes de PP y PSPV, fue desarmado por el interventor del Estado Joaquín Falomir en la que fue la última declaración tras dos meses de juicio del caso Cooperación, que indaga el saqueo millonario de la extinta Consejería de Solidaridad durante el mandato del dirigente procesado (2008-2010).

Con la crudeza de los datos, el interventor desgranó cómo la ONG Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) destinó en 2008 una subvención de 1,6 millones de la consejería de Blasco para construir dos pozos en Nicaragua a la compra de pisos y plazas de garaje en Valencia.

La organización, relató el funcionario, justificó su iniciativa solidaria con facturas falsas de “importes disparatados” como salarios de 90.000 euros en Nicaragua, uno de los países más pobres de Latinoamérica. Los recibos usados para acreditar la farsa se pagaban en córdobas —moneda oficial nicaragüense— y se cobraban en euros. Y el concepto de algunas facturas no coincidía con las tareas del proyecto.

Facturas falsas en Nicaragua

J. GIL

La ONG Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) presentó facturas falsas para justificar la construcción de dos pozos en Nicaragua, donde solo aterrizaron 43.000 euros de los 1,6 millones concedidos en 2008 por la extinta Consejería de Solidaridad durante la etapa de Rafael Blasco. Así se deduce de la declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJ) del interventor del Estado Joaquín Falomir. Ayer, este funcionario desgranó que la ONG bajo sospecha acreditó sus trabajos solidarios con facturas de viajes, hoteles y restaurantes sin relación con el proyecto final del dinero en el país centroamericano. “Hay facturas que no están en el periodo de ejecución de la subvención y nada tienen que ver con la iniciativa, tanto en la versión original como en la reformulada”, zanjó.

La ficción fue posible gracias al trato de favor del departamento de Blasco. Cyes, que carecía de experiencia en la cooperación internacional, escrituró los inmuebles a su nombre y no a favor de las cuatro ONG nicaragüenses como fija la ley durante quince años. Además, recibió la subvención de la Generalitat sin cumplir requisitos. Y no devolvió el dinero tras conocerse que la partida concebida para abastecer de agua Nicaragua acabó en el ladrillo.

La ONG bajo sospecha, alegó el interventor, adquirió los inmuebles en Valencia por 805.000 euros con los fondos de la Consejería de Solidaridad. Y, aunque cobraba por las matrículas de unos cursos, carecía de solvencia para un desembolso tan grande.

El funcionario se encargó de auditar el contrato entre la Generalitat y la Fundación Cyes. Durante sus pesquisas, descubrió la constelación empresarial levantada para distraer el dinero público. Ayer, indicó que desconocía los trabajos prestados en Nicaragua por la sociedad Arcmed, controlada por el presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni.

La firma facturó 455.000 euros por unos supuestos informes realizados en 2008. Y la fiscalía cree que el pago de Cyes a esta mercantil instrumental fue una comisión. “Los informes de Arcmed estaban copiados de Internet con faltas de ortografía y erratas incluidas”, zanjó Falomir para sostener su tesis.

Despojado de la pose desafiante de los primeros días de juicio, Blasco mostró cansancio y gesticuló lo mínimo. Tras dos meses en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJ), de 27 sesiones que han incluido las declaraciones de 80 testigos y peritos, el exportavoz del PP en las Cortes se asoma al reto más complejo de su prolija carrera política.

La Fiscalía Anticorrupción le reclama 14 años de prisión y 11 la Abogacía de la Generalitat. El futuro de los nueve acusados del caso Cooperación, que salpica a cinco funcionarios de la extinta consejería de Solidaridad, tres empresarios y el representante de una presunta ONG, se despejará en breve. El caso podría quedar visto para sentencia la próxima semana.