Nueva condena al Consell por negar datos de la Fórmula 1 a Compromís

La vía de los derechos fundamentales ha dado un nuevo disgusto al Consell que preside Alberto Fabra y una alegría a Mònica Oltra, de la Coalició Compromís, su principal impulsora. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), y ya van cuatro (una de ellas confirmada por el Tribunal Supremo), obliga a la Generalitat a entregar a la oposición información que le había denegado. Si la primera, de 2011, que fue ratificada después por el Supremo, se refería a contratos menores de la trama Gürtel y las dos posteriores al informe Price Waterhouse sobre el despido colectivo en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y a los sondeos de opinión que realiza el Consell, la de ahora se refiere a contratos, gastos y facturas de la Fórmula 1 en Valencia.

“La confidencialidad tendría razón de ser tan solo si la petición de información lo fuera de documentos que contienen datos con repercusión exclusiva en el sector privado, como pudieran ser aquellos que afectan a secretos industriales”, señala la sentencia del TSJCV al tumbar los argumentos del Consell. “No he pedido la composición del motor de Ferrari; lo que he pedido es qué ha costado a los valencianos la Fórmula 1”, señaló ayer una satisfecha Mònica Oltra, al dar a conocer el fallo que da la razón a Compromís en su reclamación de los contratos de la Generalitat para el Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, de los beneficios obtenidos por la empresa Valmor Sports, que organizaba la prueba, de las facturas pagadas por la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva y del contrato de compra de Valmor por la Generalitat.

La portavoz adjunta de Compromís explicó que la sentencia del TSJCV, fechada el 18 de febrero, condena al Consell que preside Alberto Fabra por vulnerar los derechos fundamentales de los diputados al negarles esa información, recordó que ya hay sentencias anteriores en el mismo sentido, así como otros recursos en marcha, y anunció que emprenderá una nueva vía ante el Tribunal de Cuentas por “procedimiento de alcance” para que sean los miembros del Consell quienes se hagan cargo de las costas a las que se condena en esas resoluciones a la Generalitat dado que no están defendiendo el interés general sino “intereses partidistas”. Concretamente, Oltra explicó que fue la consejera de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, quien negó la documentación de la Fórmula 1 con la excusa de las cláusulas de confidencialidad. “Que lo paguen de su bolsillo”, sostuvo la diputada.

Aunque posteriormente a la presentación del recurso, en 2013, la Generalitat permitió a los socialistas acceder a los contratos de la Fórmula 1 y ayer mismo el portavoz del Consell, el vicepresidente José Ciscar, aseguró que se ha enviado a Oltra recientemente el contrato de Valmor con la empresa de Bernie Ecclestone que gestiona la competición automovilística, todavía no ha podido acceder nadie a las facturas de Valmor ni a la recaudación detallada por venta de entradas de esa empresa privada que el Consell acabó comprando, y asumiendo al hacerlo deudas por 40 millones.

Oltra recordó que los socialistas decidieron llevar a la fiscalía esa compra y apuntó que preocupa especialmente a Fabra todo lo relacionado con esa operación porque se produjo ya durante su etapa como presidente y no puede atribuirla a Francisco Camps. Precisamente la diputada Eva Martínez, del PSPV-PSOE, señaló, tras hacerse pública la sentencia, que espera que el Consell la cumpla y que entregue a los socialistas “todos y cada uno de los expedientes de contratación de la Fórmula 1, desde 2008 a 2011” que han solicitado y sobre los que no tienen respuesta. “Esperamos no tener que acudir a la justicia”, advirtió la diputada.

La Fórmula 1 ha costado a los valencianos 300 millones de euros, explicó Oltra (110 millones de canon anual, 89 millones del circuito urbano, 46 millones de las gradas, 41 millones del rescate de Valmor y 22 millones de las retransmisiones de Canal 9). “Desde 2009 optamos por atacar la causa de la corrupción”, comentó la parlamentaria de Compromís en referencia a su estrategia de recurrir contra las denegaciones de información del Consell ante el TSJCV y contra los vetos de la Mesa de las Cortes a tramitar iniciativas ante el Tribunal Constitucional, donde Compromís ha ganado cuatro sentencias y Esquerra Unida otra. “Estamos consiguiendo que se cree jurisprudencia”, añadió, al recordar que el Supremo ya ratificó una sentencia del mismo TSJCV y ahora tiene pendiente otro recurso por la denegación del informe de Price Waterhouse en el que se basó el ERE de RTVV.

Sobre la posibilidad de acudir a la vía penal para pedir responsabilidades, Oltra explicó que se puede emprender en cualquier momento. “Lo vamos a estudiar”, dijo, antes de insistir en que las sentencias condenan al Consell “porque está incumpliendo la Constitución”. Algo que en otros países europeos colocaría a los responsables fuera de la política.