El PSM, que critica a la Cámara de Cuentas, se divide los cargos con el PP

La Cámara de Cuentas, cuya independencia el PSM ha puesto en duda a raíz de un informe de Parla, se creó en 1999. Desde su fundación, los partidos políticos han decidido sus componentes. El reparto nunca se cuestionó hasta la irrupción de UPyD en el Parlamento regional. Así, el 14 de diciembre de 2000 el PP propuso cuatro nombres, el PSM dos y uno IU: los siete consejeros fueron elegidos por unanimidad de los grupos, por una mayoría de 3/5 del Parlamento regional. El 14 de diciembre de 2006 se renovaron los siete consejeros que componen el organismo fiscalizador: al PP le correspondieron cinco representantes nombres y al PSM dos (IU propuso un candidato, que no obtuvo el respaldo suficiente). Esta vez, la elección se realizó de forma secreta: en la primera resultó elegido el candidato propuesto por el PP (PSM e IU votaron al candidato de IU). A continuación salieron el resto de consejeros, sin que ningún grupo votase en blanco o nulo.

La última elección de los siete componentes de la Cámara, cinco populares y dos socialistas, se produjo el 12 de diciembre de 2012. La Asamblea de Madrid aprobó como presidente de la institución fiscalizadora a Arturo Canalda —antes de ser recolocado en la Cámara fue el Defensor del Menor hasta la supresión de este órgano— por 72 votos a favor, 53 votos en blanco y un nulo. También fueron elegidos, sin ninguna papeleta en contra, el resto de integrantes de la Cámara, de los que María Victoria Malavé, Carlos Salgado, Marino Díaz y Concepción Ruano —como Canalda, todos a propuesta del PP— pasaron a repetir mandato. Mónica Melle y Andrés Gómez se incorporaron por primera vez como consejeros de la Cámara de Cuentas a propuesta del PSM, en sustitución de Emilio García y Ángel Luis del Castillo.

Previamente, UPyD había impulsado un Proyecto de Ley en el que se animaba a elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas “entre funcionarios públicos, pertenecientes a cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación académica superior, así como entre abogados y economistas, todos de reconocida competencia en relación con las funciones de la Cámara y con más de 15 años de ejercicio profesional”. Tampoco podrían aspirar a ser consejeros de la Cámara aquellos aspirantes que durante los 10 años anteriores a su nombramiento hubieran ejercido algún cargo electo o hubieran sido miembros del Gobierno español o del de cualquier comunidad autónoma o corporación local, entre otros. La iniciativa de UPyD no prosperó al no obtener el respaldo de ninguno de los demás partidos, dejando la senda de la Cámara de Cuentas, con unos sueldos de 7.000 euros mensuales, abierta a los representantes políticos.

Catorce meses después de la votación de finales de 2012 en la que se eligieron a los siete miembros actuales de la Cámara, el PSM ha pasado a denunciar el “fraude institucional” que a su juicio ejerce el PP utilizando la Cámara de Cuentas “para acosar” a los ayuntamientos socialistas con “informes repetidos y manipulados” mientras no se fiscaliza a los municipios que fueron epicentro de la trama Gürtel o, caso de Madrid, con la mayor deuda de España. Mientras, desde el PP resaltan que la Cámara aprobó por unanimidad el programa de fiscalizaciones de 2013 y 2014. “La Cámara de Cuentas es un órgano sectario y manipulado por la mayoría del PP”, afirmó la semana pasada Maru Menéndez, número dos de los socialistas madrileños, que cuestionó a Concepción Ruano “por su parcialidad” como consejera y criticó su “vinculación directísima” con el presidente regional, Ignacio González. De hecho, el PSM registró ayer en la Asamblea una Proposición No de Ley en la que insta a que el hemiciclo repruebe a Ruano como integrante de la Cámara al entender que “no está guiada” en el desempeño de su función “por los principios de objetividad, independencia y rigor”. La crítica de los socialistas se produce más de un año después de haber aprobado la continuidad de Ruano en la Cámara sin ponerle un solo reparo.

En el programa electoral con que se presentó a las elecciones autonómicas y municipales de 2011, el PSM incluía la siguiente promesa: “Reformaremos la Ley de la Cámara de Cuentas para que sea un órgano más independiente y eficaz, que analice no sólo la formalidad contable sino la eficacia del gasto”. Más allá del principio, no se daban más detalles de cómo se renovaría a la institución fiscalizadora. Lo que se decía es que el Gobierno regional sería analizado por la Cámara “una vez se hubiera reformado la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad”.

Mientras, IU iba más allá y recogía en su programa que la Cámara debía “recuperar la filosofía de su creación, como institución vinculada con la Asamblea de Madrid, para el ejercicio, junto con las de control de legalidad, de las funciones de evaluación de la eficacia social y ecológica de las políticas públicas”. La Cámara lo haría “garantizando la objetividad de sus órganos de gobierno y cambiando la forma de elección de sus consejeros para hacerla más democrática”, dando a entender que las cuotas de los partidos en el reparto de los asientos en la Cámara tenía una influencia nociva.

El único partido que abogó en 2011 abiertamente por “despolitizar y profesionalizar los Tribunales de Cuentas estatales y autonómicos” fue UPyD. La formación magenta subrayaba además que estos debían “trabajar de forma independiente, conjunta y coordinada, produciendo un informe técnico anual para el Parlamento y otro de divulgación, breve e inteligible”. El PP fue la excepción, y no planteó ningún cambio en el funcionamiento de la Cámara. De hecho, no hizo la menor referencia del organismo en su programa electoral.

La presencia de los partidos en las instituciones públicas madrileñas no está en cuestión solo en la Cámara de Cuentas. La Asamblea tiene previsto elegir en su sesión de hoy al sustituto del magistrado Antonio Pereira en la Sala de lo Civil y lo Penal en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Mientras el PP ha propuesto tres candidatos, el PSM dos e IU uno, UPyD no propondrá ningún nombre, con el argumento de que el poder judicial “debe ser independiente” del poder legislativo.