La Fiscalía investiga al Ayuntamiento por derribar un palacete blasonado

La Fiscalía Provincial de Madrid investiga al Ayuntamiento de la capital (PP) por el derribo de una casa blasonada del siglo XVII que expropió hace una década para construir un equipamiento público (escuela, biblioteca, etcétera).

Quiere averiguar si el edificio municipal se tiró pese a gozar de protección por su valor histórico o artístico, y quiénes fueron responsables de su estado de ruina por falta de conservación.

El Ayuntamiento no se lo está poniendo fácil: las diligencias se abrieron en junio de 2013, pero la Fiscalía lleva más de cinco meses requiriendo sin éxito al Gobierno local el nombre y apellidos de los encargados de cuidar el edificio.

En su última notificación, de 10 de febrero, el fiscal amenazó al Ayuntamiento con actuar por un delito de desobediencia si no facilitaba en 15 días toda la información “de manera directa e inequívoca”. Fuentes municipales aseguran que se ha hecho, pero han evitado explicar su respuesta.

Esta es la segunda investigación abierta al Ayuntamiento por presunto abandono del patrimonio histórico. La Fiscalía indaga también el deterioro del palacio de la Duquesa de Sueca, un edificio municipal con la máxima protección histórica-artística que se encuentra en estado de ruina por falta de conservación. El Ayuntamiento quiso derribar el edificio pero un juzgado lo evitó a instancias de la propia Fiscalía.

La casa blasonada que ha motivado la nueva investigación estaba ubicada en el número 18 de la calle Embajadores. Se remonta al siglo XVII, según el informe remitido a la Fiscalía por la Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio en verano de 2013, tras ejecutarse su derribo. Este palacete castellano estaba rematado por el escudo de armas de la familia Villalobos, y figuraba ya en el plano de Pedro de Teixeira de 1656. Gozaba de protección parcial por su valor histórico-artístico, y según la citada asociación fue derribado sin que su estado fuera tan ruinoso como para hacerlo necesario.

Sobre el inmueble sobrevolaba la amenaza de derribo desde 1963, pero fue en 2000 cuando se abrió su expediente de ruina, gobernando la ciudad José María Álvarez del Manzano (PP).

Desde entonces hasta 2006, el Ayuntamiento inspeccionó en varias ocasiones la casa y ordenó a sus propietarios que llevaran a cabo reparaciones de emergencia. Al no recibir respuesta, las hizo el propio Ayuntamiento por ejecución sustitutoria (es decir, pasando luego la factura a los dueños).

Hasta que, en 2005, cuando Alberto Ruiz-Gallardón llevaba ya dos años en la alcaldía, el Ayuntamiento cayó en la cuenta de que el edificio era suyo. La finca estaba inscrita a su nombre (a falta de un parte que aún estaba por pagar) a consecuencia de un proceso de expropiación iniciado en 2002. El Ayuntamiento decidió entonces archivar el expediente de ruina: “Esta situación cambia las circunstancias de cuando [el edificio] era de propiedad privada y esta había incumplido reiteradamente el deber de conservación”.

En un informe posterior admitía que “carece de sentido que el mismo ente que cataloga para proteger un inmueble, lo califica como dotación y lo adquiere para tal fin, promueva su declaración de ruina”.

El Ayuntamiento frenó pues su derribo, pero no se encargó sin embargo de su mantenimiento. Primero, porque el proceso de expropiación se alargó hasta 2008, de forma que no estuvo inscrito en su totalidad a su nombre hasta entonces. Pese a que la casa era mayoritariamente suya (más del 75% le pertenecía ya) e iba a ser completamente suya, la dejó abandonada. A conciencia, además, porque los inspectores municipales giraron visitas periódicas que certificaron su progresivo deterioro.

Finalmente, en enero de 2012 se transfirió del área de Urbanismo a la de Hacienda, y se tramitó su incorporación al inventario de bienes del Ayuntamiento.

Eso fue en enero. En octubre, Hacienda decretó su ruina y ordenó demolerla. La comisión local de Patrimonio Histórico dio su plácet, obligando a conservar el blasón y la embocadura del portal. Ahora sólo queda un solar de 712 metros cuadrados, en el que se prevé construir, cuando haya dinero para ello, un equipamiento social o cultural.

Y una investigación de la Fiscalía que quiere saber quiénes fueron los responsables de cuidar la casa entre el 27 de febrero de 2008 (cuando acabó el proceso de expropiación) y el 30 de octubre de 2012 (cuando se ordenó tirar el edificio).