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Parla acumuló 80 millones de deuda por la recogida de basuras en cinco años

La Cámara de Cuentas refleja que estuvo 47 meses sin pagar a la concesionaria

Tomás Gómez junto a José María Fraile, en 2008. Ampliar foto
Tomás Gómez junto a José María Fraile, en 2008.

El Ayuntamiento de Parla, gobernado por el PSOE, debía 80,2 millones de euros a la empresa encargada de la gestión del servicio público de limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes, recogida de residuos y gestión de puntos limpios a 31 de diciembre de 2011. Así consta en un informe de la Cámara de Cuentas, con fecha 26 de febrero, que ha fiscalizado la gestión de esos servicios públicos privatizados en los ejercicios de 2010 y 2011, aunque las facturas pendientes se remontan a 2007. El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, fue el alcalde de la localidad de 124.000 habitantes (según el censo de 2012) entre 1999 y 2008, año en que le sucedió José María Fraile.

El saldo total contabilizado en facturas pendientes de pago a finales de 2011 era de 60,5 millones, de los que 40,9 corresponden a obligaciones reconocidas presupuestariamente y 19,6 millones a operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Pero además, según el informe fiscalizador, no estaba registrada contablemente la facturación del periodo entre el 1 de mayo y el 4 de septiembre de 2011, por un importe de 4,7 millones, así como otros 14,9 millones en deudas asumidas en el acuerdo de rescisión de mutuo acuerdo del contrato firmado el 11 de agosto de ese año. En este caso, fueron contabilizadas en diciembre de 2012 en una cuenta no presupuestaria. La suma de estos 19,6 millones más los 60,5 mencionados anteriormente dejan una deuda total pendiente de pago de 80,2 millones, “equivalente a 4,35 veces el importe adjudicado inicialmente” por la Junta de Gobierno local el 26 de junio de 2006.

Un análisis “polarizado”

El informe de la Cámara de Cuentas cuenta con el voto particular de la consejera Mónica Melle, que considera “polarizado” el análisis que afecta a Parla “y transcribe, en más del 90% de su contenido, la reproducción literal de una gran parte del contenido” de un estudio de la Cámara aprobado en septiembre de 2012 y que tenía por objeto la fiscalización “integral” del Ayuntamiento examinado, incluida la deuda “originada precisamente por este contrato”.

Melle, cercana a Carme Chacón, se incorporó a la Cámara en diciembre de 2012, a la vez que Andrés Gómez, a propuesta del Partido Socialista en sustitución de Emilio García y Ángel Luis del Castillo. El PP cuenta con mayoría en la institución que preside Arturo Canalda, último Defensor del Menor tras la supresión de este órgano de la estructura administrativa regional con el argumento de la crisis.

La semana pasada el PSM afirmó que el PP usa la Cámara para “acosar” a los ayuntamientos socialistas mediante “informes repetidos y manipulados” mientras ignora la fiscalización de los ayuntamientos epicentro de la trama Gürtel.

Respecto a la ejecución del contrato desde su inicio al cierre del ejercicio 2011, “solo estaban pagadas” facturas por 16,4 millones, correspondientes a noviembre y diciembre de 2006, enero de 2007, enero a abril de 2008, enero a febrero y octubre a noviembre de 2009 y mayo de 2010. Por tanto, la Cámara concluye que “solo estaba liquidada la facturación de 12 meses de los 59” en que estuvo en vigor el contrato. Gómez fue alcalde hasta octubre de 2008, por lo que dejó 17 meses pendientes de abonar antes de ser elegido para liderar el PSOE en Madrid.

La Cámara apunta que “no pudo financiarse” el gasto por las prestaciones contratadas, debido a que los créditos del estado de gastos de los presupuestos “no contaban con una cobertura real de ingresos corrientes para satisfacer las obligaciones”. Por ello, “se incumplieron los plazos de pago previstos” en la legislación de contratos de las Administraciones públicas.

El incumplimiento de las obligaciones de pago generadas por este contrato ha causado un grave perjuicio patrimonial al Ayuntamiento”, prosigue el análisis fiscalizador de la Cámara.

La Junta de Gobierno local del 29 de septiembre de 2006 acordó la adjudicación a Valoriza por un periodo de 10 años —se contemplaba además una opción de prórroga de hasta dos años más— y un importe anual de 18 millones, IVA incluido, formalizándose el contrato administrativo el 2 de noviembre de ese año. El coste previsto se repartía de la siguiente forma: 9,5 millones para para la limpieza viaria; 3,2 millones para la conservación y mantenimiento de zonas verdes; 4,8 millones para la recogida y mantenimiento de contenedores soterrados; y 377.000 euros para la gestión de puntos limpios.

El informe, según la Cámara, “no justificaba la necesidad de reunir todas las prestaciones en un único contrato, ni la conveniencia de extender la duración de los servicios que se venían prestando”. La decisión de agruparlos en un único contrato de gestión de servicios públicos “implicaba superar el plazo autorizado para los contratos de servicios y comprometer disponibilidades presupuestarias en 10 ejercicios posteriores”. Los autores del informe también destacan que “no consta” un estudio económico “que justifique la cuantía, garantice la cobertura de los gastos necesarios para realizar la prestación y un beneficio mínimo para el contratista”.

Adicionalmente, la adjudicataria incluyó en su oferta una serie de mejoras, como las obras de construcción de una nave y un parque de maquinaria para los servicios del contrato y usos municipales, de acondicionamiento del parque de las Comunidades de España y de remodelación del parque de Parla Este, con unos costes previstos de 25 millones más otros de 6,8 y 3,8. La primera obra no fue realizada por la concesionaria durante el periodo de ejecución del contrato, “no constando” en el expediente de este “los informes técnicos sobre este incumplimiento”.

El pago de esas obras se realizaría durante la vigencia del contrato, imputando un coeficiente de amortización anual por el coste de la inversión y, al término del mismo, se pagaría el valor residual pendiente de amortizar. "Por consiguiente, tanto la adjudicación de los proyectos y ejecución de las obras, como su pago, estaban al margen de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y de Haciendas Locales, e incrementaban los compromisos de pago de futuras obligaciones en un importe aproximado del 19,8% del precio de adjudicación".

El 22 de mayo de 2009 se aprobó una reestructuración de los servicios del contrato con una reducción del canon anual de 2,4 millones (dos millones del servicio de limpieza y 449.000 euros para las zonas verdes). La intervención municipal informó desfavorablemente acerca de esta modificación, al entender que "no quedaba suficientemente acreditada". Posteriormente, el 7 de julio de 2009 se aprobó un acuerdo complementario de la modificación del contrato, en este caso con la supresión de varias mejoras por un importe de 54.000 euros, "reiterando la Intervención los mismos reparos". El 16 de abril de 2010 la Junta de Gobierno local aprobó la revisión de precios del contrato, "con efecto 1 de enero de 2008", y el correspondiente gasto de ese año, por un importe de 910.000 euros. La empresa manifestó su disconformidad con la actualización de los precios del contrato, al considerar que debería ascender a 1,5 millones, por lo que interpuso un recurso ordinario de reposición que fue desestimado.

El 11 de agosto de 2011 la Junta de Gobierno local aprobó la resolución del contrato de mutuo acuerdo entre las partes. El Ayuntamiento reconoció una deuda pendiente de 79,8 millones de euros, intereses de demora aparte. En detalle, las facturas pendientes de pago al día de la firma del acuerdo sumaban 65,3 millones; las revisiones pendientes de pago suponían 4,2 millones; y la maquinaria pendiente de amortización 2,1 millones, con una minoración por maquinaria procedente del contrato anterior de 1,9 millones. Además, entre las mejoras pendientes de amortización figuraban la remodelación del Parque de las Comunidades de España (6,4 millones) y el ajardinamiento del parque Parla Este (3,5 millones).

El abono de liquidación se estableció conforme a un calendario de pagos, con inicio el 2 de noviembre de 2011 y fin el 2 de julio de 2023. Además, se acordó la cancelación y devolución de los cuatro avales constituidos, por un importe de 798.000 euros. La Intervención municipal formuló reparos "por la falta de crédito adecuado, disponible y suficiente" para hacer frente al gasto por las inversiones a asumir por un importe de 12 millones debido a "la falta de informes técnicos acreditativos de la correcta ejecución de las obras entregadas", así como por una "diferencia no identificada" de 366.000 euros entre las facturas pendientes de pago reclamadas por la adjudicataria y las presentadas. La Intervención también "advirtió de la imposibilidad de tramitar y finalizar" los nuevos procedimientos de licitación "antes de la fecha de rescisión", así como del "difícil cumplimiento del calendario de pagos propuesto". Y subrayó 1,9 millones en obligaciones pecuniarias pendientes de la concesionaria con el Consistorio.

Por otra parte, se acordó abonar los intereses de demora derivados de las facturas pagadas extemporáneamente con anterioridad a la firma de este acuerdo, calculados desde la fecha de vencimiento originaria de dichas facturas hasta el momento que fueron satisfechas.

El 2 de septiembre de 2011 se adjudicó la gestión de los servicios de limpieza a otra empresa "por razones de interés público". Se hizo por un precio anual de 8,9 millones -750.000 euros mensuales: 563.000 por la limpieza viaria, 165.000 por la recogida y mantenimiento de contenedores y 23.000 por la gestión de puntos limpios (269.000 euros)- y un plazo de ejecución de seis años, con posibilidad de prórrogas anuales hasta un máximo de dos. Este contrato estuvo en vigor hasta el 26 de diciembre de 2011, esto es, durante un periodo de 116 días. Uno posterior, y también por 8,9 millones anuales, se aplicó entre el 27 de diciembre y el 28 de agosto de 2012, cuando se resolvió en una "sesión extraordinaria urgente" del Ayuntamiento. ¿La razón? Las "dificultades económicas" de Parla, "que hicieron imposible, por antieconómica, la pervivencia del contrato y aconsejaron resolverlo". El 4 de octubre de ese año se adjudicó un nuevo contrato por 7,6 millones anuales y un plazo de duración de ocho años.

La Intervención municipal informó, mediante certificado el 21 de enero de 2014, que se pagaron 79,1 millones en facturas pendientes con la adjudicataria "a través del Fondo de Financiación de pago a proveedores".

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