La patronal y CC OO exigen los 90 millones de deuda en dependencia

Las deudas que arrastra el departamento de Bienestar Social, capitaneado por Neus Munté, han puesto en jaque a todo el sector residencial. Ante una situación “insostenible” para los geriátricos, incapaces de asumir los gastos corrientes del negocio, la patronal de pequeñas y medianas residencias (UPIMIR) y el sindicato CC OO se han reunido esta mañana para exigir a la Generalitat que prioricen los pagos que adeudan de la ley de dependencia. Las residencias calculan que la deuda del gobierno catalán asciende a cerca de 90 millones de euros.

El retraso en los pagos de las plazas colaboradoras durante 2013 o la suspensión indefinida desde el pasado agosto de la prestación económica vinculada (PEV) –para ayudar a los dependientes a pagar una cama en un geriátrico privado mientras consiguen una plaza pública- son algunos de los motivos que, según las residencias, están desmantelando el sector. “Si la Generalitat no nos paga, las pequeñas y medianas residencias no tenemos fuelle para hacer frente a nuestros gastos. Estamos debiendo dinero a los trabajadores y hemos dejado de pagar a algunos proveedores. Sabemos que no hay dinero, para sí debería haber prioridades en las partidas presupuestarias”, denuncia el presidente de la patronal, Vicente Botella.

Debemos dinero a los trabajadores y a los proveedores", avisa Vicente Botella, de la patronal UPIMIR

Las residencias alertan de que los recortes sociales y los impagos por dependencia han obligado a cerrar 1.192 camas en diciembre de 2013. Botella añade, además, que medio centenar de geriátricos de UPIMIR están “en peligro inminente” de cierre, porque “con la deuda acumulada no pueden salir adelante”. CC.OO y la patronal de pequeñas y medianas residencias han urgido a Munté un calendario de pagos de las deudas con las residencias colaboradoras y que se suprima la suspensión indefinida de las PEV.

También el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, se ha unido esta mañana a la exigencia de la patronal de reanudar las prestaciones para residencias, suspendidas el pasado verano. La Generalitat argumentó la necesidad de interrumpir las PEV –primero de forma transitoria durante los dos meses y luego sine die­- por razones presupuestarias referentes a los impagos que, a su vez, adeudaba el gobierno central con la Administración autonómica. Sin embargo, el Síndic ha desechado el argumento presupuestario y ha defendido que “la reducción del gasto no depende únicamente de la aplicación de la normativa estatal, y que el establecimiento de prioridades en el gasto público también es competencia de la Generalitat”.

Ribó ha afirmado que "son necesarias medidas urgentes en los casos en que el ingreso residencial sea la única alternativa" para la persona dependiente y ante la insuficiencia de recursos residenciales públicos, ha sugerido a Bienestar que "arbitre medidas paliativas y garantice el acceso en un plazo prudencial". Las listas de espera para entrar a una residencia pública rondan los dos años.