La renuncia de La Perla dejaría en el aire el primer gran juicio de Gürtel

La renuncia a su escaño en las Cortes Valencianas de Milagrosa Martínez, La Perla para la trama Gürtel, dejaría en el aire el primer gran juicio del caso Gürtel después del muy mediático pero menor judicialmente de los trajes. El de Fitur, que después de tres años y medio de investigación y otro año y medio de recursos ha quedado fijado finalmente para su celebración con un calendario pantagruélico, que prevé iniciar las sesiones a final de marzo y terminarlas en septiembre. Angélica Such ya ha aceptado dejar su escaño tras las presiones recibidas del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y de su partido, el PP.

Martínez, exconsejera en gobiernos del expresidente valenciano Francisco Camps, es aforada por ser diputada, como lo era hasta este jueves Such. Eso es lo que justifica legalmente que el juicio por las adjudicaciones de Fitur vaya a celebrarse en el Tribunal Superior (TSJ) valenciano en vez de en un tribunal ordinario. Si La Perla también deja su escaño, la misma lógica jurídica impone que todo el juicio abandone el TSJ y vaya a parar a la Audiencia Provincial de Valencia, señalan fuentes jurídicas. Las mismas fuentes advierten, sin embargo, que la lógica jurídica no siempre se aplica.

Si el juicio no se celebrara en el Tribunal Superior, en lugar de tres magistrados elegidos por políticos y por el Consejo General del Poder Judicial, del enjuiciamiento se encargarían tres jueces mucho menos conocidos de la Ciudad de la Justicia.

Para ello, atendiendo a la letra de la ley, bastaría con que cualquiera de los 11 acusados en la pieza separada del caso Gürtel solicitaran en el primer día de juicio el traslado del mismo a la Audiencia de Valencia.

La decisión retrasaría otra vez el inicio del juicio por tiempo difícil de determinar. Su duración, sin embargo, se reduciría, dada la sobrecarga que soporta el TSJ, y que ha obligado a alargar de forma extraordinaria la extendión del juicio.

A La Perla, que fue también presidenta de las Cortes Valencianas, Such, el ya condenado en el caso de los trajes Rafael Betoret, los cabecillas de Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes y al resto de acusados se les atribuye haber amañado entre 2005 y 2009 el concurso del diseño, montaje y desmontaje del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur a favor de empresas de la trama. La red logró cerca de cinco millones de euros.

El fiscal pide 11 años de cárcel y 34 años de inhabilitación para Martínez y nueve años de inhabilitación para Such.

Frente a esa lógica jurídica se levanta, sin embargo, el principio de autoridad, representado en este caso por una decisión del Tribunal Supremo, que podría llevar a los magistrados del TSJ a declinar la petición y conservar el enjuiciamiento.

El motivo: el TSJ ya rechazó en 2011 hacerse cargo de tres de las actuales piezas separadas que investiga. La de la visita del Papa, la del fraccionamiento de contratos y la de los supuestos delitos fiscales de la trama. Argumentó para ello, siguiendo lo que establece la ley, que no había en ninguna de esas investigaciones aforados valencianos que justificaran su instrucción y enjuiciamiento en el TSJ. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que indaga la causa original de Gürtel, tampoco aceptó esas tres piezas separadas, y elevó la discusión al Tribunal Supremo para que decidiera.

El Supremo falló en 2012 que las tres piezas separadas debían ir al TSJ valenciano, estableciendo de esa forma una combinación sui géneris de la competencia por aforamiento y territorial.

Es decir, el Supremo obligó al tribunal valenciano a quedarse con la instrucción —y el sentido común indica que por tanto con el enjuiciamiento— de tres piezas separadas en las que ya desde el principio no había aforado. Por tanto, si el TSJ declinase ahora a favor de la Audiencia Provincial su competencia en la causa de Fitur por la pérdida de condición de aforadas de dos consejeras, podría considerarse que está contraviniendo la voluntad del Supremo.

La maraña judicial, susceptible como se ve de empeorar, es consecuencia en gran medida de la controvertida figura de los aforados, que jueces y fiscales —como el anterior Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana Ricard Cabedo— han pedido revisar.