La Cámara defiende el derecho a una vivienda digna con tres años de residencia

El Parlamento tiene entre sus manos la casi titánica tarea de aprobar una ley de Vivienda que figura en su lista de cuestiones pendientes desde hace tres décadas. Este miércoles a raíz de la presentación del Plan Director de Vivienda por el Ejecutivo, los mismos parlamentarios que analizan ahora las 600 enmiendas a la proposición de ley de Vivienda del PSE se han embarcado en un debate monográfico sobre dicho plan director, un diálogo que fue entendido como un “aperitivo” de la discusión de la futura norma.

El resultado ha sido la aprobación en comisión de 35 resoluciones no vinculantes, pero que avanzan lo que en el futuro podrá ser la ley. Entre las propuestas aprobadas, algunas ratifican de antemano varias ideas planteadas para el texto legal, como su principal objetivo: fijar la vivienda como un derecho subjetivo de forma que, si se cumplen los requisitos, se pueda exigir ante los tribunales que el Gobierno facilite un hogar al interesado.

Esta medida ya ha figurado en los dos últimos proyectos de ley sobre esta materia (uno del tripartito de Ibarretxe, con Ezker Batua al frente de la cartera, y otro del pasado Gobierno socialista), ninguno de los cuales llegó a salir adelante.

La Cámara también aprobó que todas las personas “con vecindad administrativa”, es decir, empadronados, en cualquier municipio vasco “con una antigüedad mínima de tres años tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible”. La idea, planteada por el PP, contó con el apoyo del PNV, la abstención socialista y el voto en contra de EH Bildu. La resolución, que reclama incluir esa referencia en el plan director, no resulta de obligado cumplimiento, pero apunta a un camino para fijar los requisitos para acceder al derecho subjetivo a la vivienda.

El PSE asegura que la iniciativa no tiene más recorrido, porque la rechazará en el debate legislativo. Portavoces de este grupo han explicado que el PSE se ha abstenido en todas las propuestas del PP en señal de protesta ante su discurso contrario a la ley de Vivienda y las advertencias de judicialización. Sin embargo, esta estrategia ha permitido que se aprobaran varias iniciativas populares que, de lo contrario, hubiesen decaído, como la que establece los requisitos en función del padrón. Ese plazo de empadronamiento es exactamente el mismo que el PP y el PSE pactaron en 2011 en otro terreno, que ya está considerado por ley un derecho subjetivo exigible ante los tribunales: la Renta de Garantía de Ingresos. Ambos partidos pactaron elevar de un año a tres el requisito de empadronamiento para acceder a esta ayuda social.

El Legislativo se anticipa a la ley y fija el derecho subjetivo a la vivienda

Los partidos acordaron crear un canon que grave la vivienda vacía y promover los alquileres forzosos, dos ideas ya recogidas en la propuesta legal socialista. Tras la votación de este miércoles, en la que EH Bildu, PSE y UPyD dieron el visto bueno a la idea, posiblemente se extenderá a la ley. Además de estas medidas más contundentes para movilizar los pisos vacíos, también se han aprobado otros planteamientos de fomento o de ceder “voluntariamente” esas viviendas deshabitadas para su arrendamiento.

La aprobación del canon se ha producido tras una bronca entre socialistas y UPyD que certificó la complejidad de los equilibrios de fuerzas parlamentarias. El PNV y los populares suman los mismos votos que la coalición abertzale y los socialistas, lo que genera empates que solo el voto de Gorka Maneiro, de UPyD, puede romper. Este partido está de acuerdo con las ideas de PSE y EH Bildu en este terreno, pero, por norma general, Maneiro no vota a favor de iniciativas firmadas por los independentistas.

La coalición selló con el PSE tres acuerdos. Solo uno salió adelante: garantizar que el alquiler no supere el 30% mensual de los ingresos de la familia y que se revise el arrendamiento cada año en función de los recursos, así como que se permita adaptar el coste si hay un “cambio notable” en los ingresos de los inquilinos. Ha sido aprobado dado que el resto de grupos se abstuvieron.

El socialista Bixen Itxaso ha reprochado a Maneiro su actitud, que atribuyó a “cuestiones estéticas” y le espetó que la política supone la “coherencia por encima de todo”. El parlamentario de UPyD ha respondido que el argumento era “bochornoso” y ha advertido a Itxaso de que él verá cómo actúa en el futuro próximo, en referencia al debate de la ley. “Cada uno es dueño de sus actos”, apostilló.

La votación ha mostrado esa misma inestabilidad del bloque EH Bildu-PSE-UPyD. De las 35 resoluciones aprobadas, once fueron del PNV, cinco de ellas centradas en facilitar el acceso a la vivienda a los discapacitados, y diez del PP, debido al acuerdo entre ambos grupos y la abstención socialista.

La Cámara ha aprobado igualmente que se reduzca el precio del alquiler para adaptarlo al mercado, que el 50% de lo construido se destine al arrendamiento, la creación de una única empresa pública para agrupar a las que se dedican a la vivienda, establecer un sistema de ventanilla única y un servicio de asesoramiento para la rehabilitación.