Melón levanta otro pabellón ilegal pese a la condena que apartó al exalcalde
La regidora, esposa de su antecesor, obvia las sentencias en contra de las obras
El Ayuntamiento ourensano de Melón lleva un lustro asediado por la construcción ilegal de un polideportivo —la principal infraestructura municipal de la última década— en el que se empecinó en su momento el exalcalde condenado por prevaricación urbanística en 2010, el baltarista Alberto Pardellas, y ahora su mujer y sucesora en el cargo, Cristina Francisco, también del PP. Pardellas comenzó en 2006 a levantar la estructura del edificio deportivo a escasos metros del monasterio cisterciense de Santa María, declarado Bien de Interés Cultural, vulnerando los planes urbanísticos y obviando todos los dictámenes contrarios de la Xunta que le exigía la paralización de la obra. Hasta que la justicia lo condenó y lo apartó de la política siguió adelante con el proyecto. Ahora, y con el mismo propósito de hacer el polideportivo, repite el empecinamiento, aunque en otro enclave, su mujer. También con sentencias en contra.
La alcaldesa sucesora de Melón retomó el paralizado proyecto familiar (esta vez ampliado y reconvertido en centro multiusos) y lo trasladó al área de un polígono industrial cuyo desarrollo fue anulado en julio de 2012 en sentencia firme por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Pese a la decretada ilegalidad, Francisco ha seguido invirtiendo dinero público en esa infraestructura que, aún aprovechando una construcción antigua, supera ya los 600.000 euros de inversión —el presupuesto municipal es de 900.000— procedentes de subvenciones, aunque solo se ha puesto en marcha una guardería.
De la misma forma que había hecho antes su marido obviando la orden de paralización del polideportivo anexo al monasterio, Cristina Francisco hace también caso omiso no solo a la sentencia del alto tribunal gallego sino también a una resolución del juzgado de lo contencioso que ha ordenado demoler lo construido en el espacio dedicado a polígono empresarial: el multiusos y una rotonda de acceso. “Recurrimos esa resolución y hasta que no sea firme tengo derecho a seguir adelante”, justifica la alcaldesa su decisión.
El multiusos —ideado para dar servicio al aluvión de trabajadores que según el matrimonio habrían de ocupar “si no viniera la crisis” las empresas del polígono— preside un terreno yermo a uno seis kilómetros del núcleo urbano de Melón. En la montaña.
Alcalde a toda costa
En 2006, siendo alcalde del PP, Alberto Pardellas hizo una sentada ante el Ministerio de Vivienda, en Madrid, para exigir la recuperación del monasterio de Santa María enclavado en su municipio. Tres años después, Pardellas fue denunciado por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por un delito de prevaricación urbanística por el que acabó siendo condenado, en 2010, a multa de 120.000 euros y a la inhabilitación para cargos públicos durante ocho años y medio: había levantado, pese a las reiteradas advertencias, un polideportivo a 75 metros del preciado convento. En el juicio, el exregidor alegó en su defensa que no sabía que el monasterio era un bien patrimonial.
Apartado del cargo, Pardellas promovió la candidatura de su mujer, Cristina Francisco —ajena hasta entonces a la política— a las municipales pasadas. Arrasó y nombró director general del pequeño municipio a su inhabilitado marido. Cuando Feijóo desautorizó el nombramiento, el matrimonio alegó que estaba pendiente la concesión del indulto. Pidió varios; el último, hace unos meses, a Alberto Ruiz-Gallardón. Nunca llegó ninguno.
Decidido a mantenerse en el poder, el exalcalde siguió ejerciendo en la sombra, según consta en una documentada denuncia (incluye fotografías aportadas por una empresa de detectives privados) que lo sitúa diariamente, en horario laboral, en las dependencias municipales y controlando a los operarios que ejecutan las obras del Ayuntamiento.
Cristina Francisco —imputada por un delito de falsedad documental por haber firmado, supuestamente, certificados falsos de realización de trabajos en el municipio— mantiene el ideario político de su marido y predecesor en el cargo. Han hecho del polideportivo su bandera.
El parque languidece sin la primera petición para asentarse en él. En medio del vacío, a finales de 2013, la alcaldesa ordenó construir, pese a la sentencia firme de ilegalidad del polígono, una glorieta de acceso por más de 136.000 euros. Los han aportado, a golpe de subvención, la Diputación, la Consellería de Industria y el Gobierno. Y los ha cobrado el exalcalde del PP de Maside y constructor Benigno Álvarez, a quien la alcaldesa le adjudicó a dedo la obra.
“Fue un proceso negociado urgente”, puntualiza inicialmente Cristina Francisco a este diario aunque, cuando se le comunica que existe un documento de contrato firmado por ella y el representante empresarial de Álvarez, reconoce la adjudicación directa. “Antes hubo una adjudicación a otro constructor pero renunció porque no le interesaba y se lo dimos después al que lo quiso”.
Para poder adjudicar sin acudir al procedimiento negociado con publicidad, la alcaldesa fraccionó la contratación. Mediante resolución de la alcaldía ordenó en noviembre de 2013 el pago de 28.000,16 euros a la empresa del exalcalde popular en concepto de “Vías de acceso al parque empresarial”. Un mes después, aprobó otro pago, por el mismo concepto, de 29.580,54 euros y días más tarde autorizó otras dos certificaciones —ambas con la misma fecha: 18 de diciembre— por 28.398,14 y 50.216,88 euros también por el mismo concepto a Benigno Álvarez, SL. Le encargó además, igualmente a dedo, el acondicionamiento de la piscina del multiusos y, por 51.271,18 euros, el acondicionamiento de la plaza del monasterio, entre otras obras.
La guardería municipal es la única dependencia activa. La oposición asegura que van media docena de niños, “aunque en Melón solo hay cuatro de esa edad”. La alcaldesa eleva la cifra de usuarios a 14 y sostiene que “tienen derecho a venir de otros municipios”. Francisco insiste en su determinación a invertir en el polígono fantasma aún gobernando con los presupuestos prorrogados desde hace cuatro años. “Mis vecinos no van a ser menos que otros; ¿por qué no van a poder ir a la piscina o al gimnasio?”, resuelve pese a que aún no existe ninguna de ambas dotaciones y pese a las dos sentencias judiciales que la conminan a reponer la legalidad en un enclave sin urbanizar.
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