Millet y Montull, primer asalto

Fèlix Millet y Jordi Montull afrontan desde hoy el primero de los juicios que tienen pendientes por sus desmanes al frente del Palau de la Música. La vista oral es una derivada menor del caso Palau, que investiga el expolio (más de 30 millones) de la institución musical perpetrado por Millet y su mano derecha. Lo que se dirime es si los saqueadores confesos presionaron a altos cargos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona para que agilizaran el proyecto de construcción de un hotel de lujo junto al coliseo modernista. El caso ha arrastrado también al banquillo a los máximos responsables del urbanismo en el consistorio durante la etapa del PSC, que según el fiscal cedieron al influjo del otrora todopoderoso Millet y “ocultaron” que la operación urbanística poco tenía que ver con el interés general.

El fiscal acusa a Millet y Montull de falsedad documental y apropiación indebida; según su tesis, los acusados recibieron una comisión de 900.000 euros del promotor del hotel a cambio de adjudicarle el proyecto y de garantizar que este llegara a buen término. Los dos acusados podían lograrlo, según el escrito de acusación, por la “relación de confianza y amistad” que les unía con diversos cargos electos. Pero el hotel no prosperó: en septiembre de 2009, apenas tres meses después de que los Mossos registraran el Palau, los vecinos del casco antiguo —que siempre se opusieron al proyecto por “especulativo”— facilitaron gran cantidad de información a la fiscalía. De ahí brotó una investigación judicial que tuvo una consecuencia que jamás ocurrió en la instrucción del expolio del Palau: Millet y Montull pasaron 13 días en prisión provisional, para evitar que influyeran en los testigos de la causa. Fueron pocos días, pero “muy tristes”, según Montull al salir de Brians 2.

La suerte del caso del hotel se decidió, en buena medida, en junio de 2010. Desde la cárcel, Millet y Montull amenazaban, a través de sus abogados, con tirar de la manta. En el Parlament, una comisión de investigación trataba de encontrar respuestas a un expolio millonario que nadie había sido capaz de detectar a tiempo. Y mientras todo eso ocurría, diversos altos cargos del Gobierno tripartito desfilaron ante la juez para dar explicaciones sobre su intervención en los trámites que permitieron recalificar los terrenos comprados por el Palau y cedidos, más tarde, a la cadena Olivia Hotels. El exconsejero de Economía, Antoni Castells, defendió el “interés público” del proyecto y negó haber dado “trato de favor” a Millet. Aunque durante días se especuló con la posibilidad de que acabara imputado, Castells se libró. No salieron airosos, sin embargo, los responsables de Urbanismo, que dimitieron a las pocas horas de ser imputados.

El exteniente de alcalde de Urbanismo, Ramon García Bragado; el exgerente de esa área, Ramon Massagué; y el exdirector jurídico, Enric Lambies, afrontan una petición de cuatro años y siete meses de cárcel por falsedad y prevaricación. El exconcejal, que también fue secretario de Presidencia en el Gobierno de Pasqual Maragall, “ocultó”, según el fiscal, que la operación beneficiaba a un particular, el hotelero Manuel Valderrama —que había sido patrono de la Fundación del Palau—, para mantener la apariencia de que se hacía por interés público. El fiscal pide para ellos una pena de inhabilitación de 13 años y medio y una multa de 12.000 euros. La participación de García Bragado es clave en la causa porque admitió que presentó el proyecto del hotel a Economía. Entre 2006 y 2009 constan numerosas comunicaciones entre García Bragado y los saqueadores del Palau.

El juicio se prolongará el próximo mes a razón de tres sesiones por semana (lunes, martes y miércoles). Los tres primeros días están reservados para los acusados, por este orden: Millet, Montull, Díaz, García-Bragado, Massaguer y Lambíes. Después, será el turno de los testigos. No hay día en que no haya un testigo de interés: el hotelero Manuel Valderrama, que vio frustrado su proyecto; el que fuera director ejecutivo del Palau tras la investigación judicial y que aportó numerosa documentación sobre el caso, Joan Llinares; el constructor Josep Lluís Núñez; el exconsejero de Economía Antoni Castells; el exconcejal Xavier Casas; el exalcalde Jordi Hereu y su sucesor, Xavier Trias; el arquitecto Óscar Tusquets y la exconcejal de Ciutat Vella Itziar González, entre otros.

El testimonio de Itziar González es clave: en su declaración como testigo, hace tres años y medio, explicó a la juez Míriam de Rosa que recibió presiones para aprobar el proyecto del hotel; entre ellos, citó a García Bragado. Afirmó que recibió más llamadas, cartas y correos electrónicos que con ningún otro proyecto urbanístico. El hotel, añadió, no le gustaba y no era conveniente. En una reunión, en 2008, se reunió con García Bragado y Millet, que pidieron su colaboración. Montull, por su parte, le pidió que obviara el proceso de participación y la opinión de los vecinos.

El juicio se celebrará el próximo mes a razón de tres sesiones por semana

En el caso ejerce la acusación particular la Fundación del Palau, que ha evitado acusar a la excúpula de Urbanismo. Una estrategia paralela a la que ha seguido en la causa principal del Palau, la que investiga el expolio y el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de CDC a Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública. El Palau pidió altas penas de prisión para Millet y Montull, los malos oficiales, pero rechazó exigirlas al extesorero de CDC, Daniel Osácar. Los vecinos de Ciutat Vella ejercen la acusación popular y sí han pedido penas de cárcel para los responsables municipales.

Millet y Montull prevén declarar solo al fiscal de delitos urbanísticos Antoni Pelegrin y a sus defensas, según fuentes judiciales. Las defensas de los responsables políticos ven “normal” los contactos y correos para negociar un convenio y creen que la tesis de la fiscalía “demuestra un desconocimiento de cómo funcionan las instituciones profundo, sorprendente y sospechoso”. Los políticos defienden que hubo un proceso participativo “intenso” con vecinos y comerciantes, que el procedimiento fue correcto y que el proyecto del hotel era beneficioso para la ciudad, porque todas las partes ganaba de forma “equilibrada”. El escándalo, no obstante, forzó a los políticos a dar marcha atrás, lo que ha derivado en multitud de litigios cruzados (entre Olivia Hotels y las administraciones) que complican el caso.