La ronda la paga el Gobierno

Al final, el Gobierno vasco se ha tenido que rascar el bolsillo, renunciando a 10 millones de euros que le correspondían por ley, para evitar la bronca entre los tres diputados forales en el último Consejo Vasco de Finanzas. Como se recordará, el problema surgió porque habían aparecido ingresos fiscales “no previstos”, tales como que Iberdrola se hubiera acogido a la actualización de balances, que el Gordo de Navidad hubiera caído en Mondragón y que la Unión Europea hubiera forzado a las empresas a devolver subvenciones fiscales del 45%.

Una vez más, la solución pactada contradice a la Ley de Aportaciones, sin que nadie se moleste en justificar este incumplimiento. Ya ocurrió hace cuatro años, cuando Gipuzkoa decidió mantener el Impuesto de Patrimonio, eliminado en las otras dos diputaciones. Eso que suponía que Bizkaia tuviera que pagar 15,7 millones de más y Álava cinco. Bizkaia se negó a pagar su parte, que tuvo que ser pagada por el Gobierno (8,7), Gipuzkoa (7,4) y, sorprendentemente, Álava, que no solo pagó su parte sin rechistar sino que aportó 300.000 euros para la parte de Bizkaia.

El acuerdo era ilegal y yo intenté llevarlo a los tribunales (por lo que se ve, no hay jueces, fiscales, ni tribunales de cuentas que se preocupen de estas cosas), pero los tribunales ya me dejaron claro que en materia de derechos nos movemos en la Edad Media y que un siervo como yo no tenía legitimidad para poder pleitear contra unos autoridades feudales como las nuestras. Así que, garantizada la impunidad, cada vez que hay un conflicto similar, cada Diputación levanta el tono y espera que el Gobierno pague la ronda para apaciguar los ánimos. Funciona.

Todo el mundo sabe que la Ley de Aportaciones tiene defectos graves internos que hace que cuando a una diputación le entra un dinerillo extra, sean las otras dos diputaciones quienes sufran las consecuencias al tener que pagar una cantidad adicional al Gobierno vasco. Es un sistema perverso que hace que si, por ejemplo, Bizkaia colabora fiscalmente con Gipuzkoa para que se puede detectar un fraude de un millón de euros en un contribuyente gipuzkoano, tal decisión le cuesta 360.000 euros a la Hacienda vizcaína. Obviamente, con esas reglas de juego tan absurdas no hay mucho interés objetivo en colaborar contra el fraude fiscal y, de hecho, las haciendas vascas se han negado a conectar sus bases de datos fiscales entre sí hasta el día de hoy.

Y es que todo lo relacionado con la Ley de Territorios Históricos (LTH) es innecesariamente complejo y artificioso. Se quiere dar la impresión de que estamos ante tres verdaderas haciendas autónomas, cuando la realidad es que todo es mucho más complejo y no se acomoda a los estrechos límites provinciales. De hecho, los impuestos especiales o el IVA de importación, que suponen el 25% de la recaudación, se distribuyen al margen de los criterios generales de la Ley de Aportaciones, repartiéndose entre Gobierno y Diputaciones en función de un porcentaje preestablecido y sin tener en cuenta el lugar en que se ha recaudado realmente, porque no hay relación económica alguna entre el lugar en el que se recauda esos impuestos y la residencia de quien los paga.

El defecto, además de evidente es antiguo, pues ya se detectó hace 30 años pero el PNV nunca ha querido modificarlo, por aquello de “sostenella y no enmendalla” tan propio de nuestro políticos. Habrá que estar atentos al siguiente número del circo foral, que también será pagado por el Gobierno de turno.