La juez de los ERE reclama información bancaria sobre la UGT valenciana
Alaya profundiza en la investigación sobre los fondos públicos que recibieron
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido a varios bancos información sobre cuentas de UGT y CC OO, incluida la federación valenciana del primero de los sindicatos, para profundizar en la investigación sobre los fondos públicos que recibieron y que pudieron "acabar capitalizando otros intereses".
La juez de Instrucción 6 de Sevilla, en un auto al que ha tenido acceso EFE, dice que la Guardia Civil investiga para "depurar las responsabilidades penales de personas físicas o jurídicas que habrían sido receptoras de fondos públicos que originariamente habían salido del erario con un fin subvencionador y, sin embargo, habrían acabado capitalizando otros intereses".
Hasta ahora, la Guardia Civil "ha podido acreditar que los sindicatos y sus entornos societarios habrían sido receptores de fondos públicos, indiciariamente como contraprestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas". Ello "habría permitido obtener altos beneficios a las mediadoras intervinientes" en los ERE, según Alaya.
Por ello, la juez ordena investigar las cuentas bancarias de la federación regional (andaluza) del Metal de CC OO, la UGT de Valencia, la Confederación Sindical de CC OO y la Federación Agroalimentaria de Andalucía, con las fechas de apertura, titulares y movimientos.
Juan Ortega, secretario de Relaciones Institucionales y miembro de la ejecutiva de UGT de Valencia, ha dicho este jueves no tener constancia de que el sindicato valenciano haya recibido notificación sobre la medida solicitada por Alaya. Ortega, que decía haberse enterado de la noticia por la prensa, ha asegurado que la Junta de Andalucía nunca ha dado a UGT valenciana dinero ni subvenciones.
Una veintena de sindicalistas de CC OO y UGT se encuentran entre los 143 imputados por los ERE y la juez ha decretado en la mayoría de los casos la responsabilidad subsidiaria de su central, lo que ya ha llevado al embargo de un inmueble de CC OO en la calle de Manuel Cortina de Madrid para hacer frente a la fianza civil de 471.352 euros impuesta al exresponsable de su federación siderometalúrgica en Andalucía.
El pasado 10 de febrero, la juez pidió además las cuentas desde 2001 de las consultoras Atlantis Asesores, Atlantis Correduría de Seguros, Consultura Actuarial, Temiqui e ITG, vinculadas a CC OO y UGT, así como información sobre todas las federaciones de ambos sindicatos.
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