La Justicia archiva la causa contra el anterior Gobierno local de Ferrol

La titular del juzgado de instrucción número 3 de Ferrol, Margarita de Ron Cambón, ha decidido archivar la causa abierta contra el anterior Gobierno local a raíz de la conocida como Operación Torre. El PSOE, que presidía el Consistorio ferrolano la pasada legislatura, ha celebrado que se constate su "honradez".

En concreto, en rueda de prensa, los dos exediles socialistas Ángel Mato y Gerardo López Castrillón, que estaban imputados en el mencionado caso por supuestas irregularidades en la contratación de obras, han sostenido que siempre tuvieron "la conciencia tranquila" y que el sobreseimiento demuestra su "honradez". Incidiendo en esta idea, López Castrillón --exedil de Obras-- ha puntualizado que, "tras dos años de sufrimiento, que se archive el caso pone las cosas en su sitio", al tiempo que pone de manifiesto que entró en el Ayuntamiento de Ferrol "para trabajar". En la misma línea, Ángel Mato, que se encargaba del área de Urbanismo bajo el mandato de Vicente Irisarri, ha expresado su satisfacción porque se vea que "el trabajo del PSOE está fuera de toda sospecha". "El mayor daño que se nos pudo hacer fue poner en duda nuestra honradez", ha lamentado Mato.

En el auto en el que decreta el sobreseimiento provisional, la jueza señala que "no aparecen indicios suficientes de comisión de delito por los imputados". La Operación Torre se había hecho pública el 27 de enero de 2012, con el registro que se realizó en varios despachos del Ayuntamiento de Ferrol y en domicilios personales y de empresas. Se investigaban supuestos delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Se investigaban las contrataciones realizadas a las empresas Parquets Albanese S.L. y Sanmartín. En el proceso habían sido imputados los entonces concejales socialistas de Urbanismo, Ángel Mato, y de Obras, Gerardo López Castrillón, además de las dos empresas, el anterior interventor municipal y el actual y dos aparejadores municipales.

Sin embargo, en su auto la jueza determina que "se ha acreditado la existencia de un error de cálculo por la Policía en su informe a la hora de detraer el IVA" y que por lo tanto no existen incorrecciones en las certificaciones. Además, señala que "los arquitectos técnicos no dictan actos administrativos y los cálculos en las certificaciones se realizaron de manera errónea, como se señaló, por lo que la prevaricación no ha quedado debidamente probada".

Aunque indica que constan una serie de discrepancias interpretativas respecto del contrato de mantenimiento con Sanmartín "no se ha probado que las obras no se hayan realizado" "ni que se hubiera causado daño alguno a los fondos públicos". En la misma línea, recoge que tampoco se acredita que se certificase por encima del valor real y que no consta un acuerdo entre un ente público y un sector privado, aunque asegura que "consta la existencia de una situación de conflicto entre técnicos e interventores".