Siete expertos de Patrimonio examinan las obras de las cuevas de Navalcarnero

La presencia de siete inspectores de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid alteró ayer la rutina de Navalcarnero. Las irregularidades en las obras de las cuevas bajo la plaza principal de esta localidad de 26.000 habitantes, gobernada por Baltasar Santos (PP) desde 1995, obligaron a actuar al Gobierno de Ignacio González, alimentando las críticas, cada vez menos veladas, contra la gestión del regidor. La oposición le responsabiliza de una deuda municipal de 250 millones de euros.

Los especialistas del Ejecutivo autónomo dedicaron la jornada a recabar información en el Ayuntamiento y a examinar sobre el terreno tanto las obras como sus posibles efectos en algunos de los edificios cercanos. Pese a que el equipo de Santos afirma que las obras cuentan con los permisos necesarios y no se han construido galerías nuevas, en la Comunidad “no hay constancia de solicitud de autorización” para las realizadas. Además, un ingeniero municipal declaró ante el juez que las galerías no existían antes del inicio de las obras en 2004. Tras una denuncia presentada por el PSOE, están paralizas desde 2011. Los expertos de Patrimonio tienen que decidir si abren un expediente contra el Consistorio: la multa podría alcanzar el millón de euros en caso de infracción muy grave. La cifra podría incrementarse.

“Tengo la casa llena de grietas, cualquier día estoy durmiendo y me despierto en medio de la plaza”, cuenta Manuel Muñoz, que en 2011 ya avisó a la Comunidad del estado de su propiedad en los números 2 y 3 de la plaza de Segovia, alquilada durante años al Ayuntamiento. En concreto, señaló que se encontró “tres fosos o pozos por derrumbe de tierras” en la planta baja que “comprometían” la seguridad estructural del edificio. También advertía de la “aparición” de grietas en la fachada que “podrían evidenciar daños estructurales”, así como “hundimientos” que obligaron a reponer el forjado del techo del sótano. Un arquitecto técnico recomendó no hacer uso del inmueble, reforzar los cimientos y apuntalar la casa.

Muñoz advertía además a la Dirección General de Patrimonio que las obras se estaban realizando sin la autorización de la Comunidad, sin proyecto técnico ni estudios previos, “con evidente destrucción de patrimonio histórico” y con “peligro” para la “estabilidad y seguridad” de su inmueble. El ámbito delimitado por la plaza principal del municipio es Bien de Interés Cultural en la categoría de conjunto histórico.

El vecino también indicaba que los trabajos consistían en “la conexión de varias cuevas existentes” y “la construcción de nuevas galerías” para conectarlas, con una extensión de varios kilómetros. Muñoz acusó al Consistorio de permitir que las obras fueran ejecutadas por “la brigadilla”: personal contratado por el Ayuntamiento para el mantenimiento general, “sin especificación alguna” en la excavación de túneles. Y sin el control arqueológico requerido.

Razones de sobra, según el escrito que presentó al Ejecutivo madrileño, para definir las obras como “actos negligentes y temerarios” al afectar “sin duda” a la cimentación de las edificaciones de la plaza “con el consiguiente y probable riesgo de derrumbe”. “También denuncié usurpación de la propiedad privada, ya que ocuparon el subsuelo de mi casa”, añade Muñoz. El volumen de tierra extraída en las “labores de limpieza”, según define el Ayuntamiento a las obras nuevas equivale a la capacidad de 700 camiones.