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La investigación del ‘caso Innova’ se extiende ahora a Vila-seca

La Guardia Civil solicita documentos sobre el Centro de Asistencia Primaria local

El alcalde de la localidad es Josep Poblet, presidente de la Diputación de Tarragona

Jorge Batesteza, en el centro de la imagen, en los Juzgados de Reus.
Jorge Batesteza, en el centro de la imagen, en los Juzgados de Reus.

La Guardia Civil acudió ayer por la mañana al Ayuntamiento de Vila-seca (Tarragonès) para requerir información sobre el Centro de Atención Primaria local (CAP), según información a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El proyecto está siendo investigado en una de las piezas separadas bajo secreto de sumario que forman el caso Innova, en el que el juez del juzgado de instrucción 3 de Reus (Baix Camp), la fiscalía y la Guardia Civil indagan un largo listado de ilegalidades cometidas en el seno del entramado de empresas municipales de Reus.

El proyecto del CAP de Vila-seca, ubicado en la calle Galceran de Pinós, fue supervisado por Jorge Batesteza, arquitecto imputado por blanqueo por cobrar 387.000 euros presuntamente injustificados entre 2007 y 2010 en concepto de asesoría técnica para la construcción del Hospital Sant Joan de Reus. Los pagos se efectuaron cuando Josep Prat, expresidente del Insitituto Catalán de la Salud (ICS), dirigía Innova. Batesteza fue gerente de Infraestructuras de Area de Patrimonio y Inversiones del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) desde el año 2000 hasta el 2007.

Las pesquisas han llevado a los agentes hasta Vila-seca. La petición de ayer efectuada por la Guardia Civil se fundamenta en recabar toda la información referente a la adjudicación, construcción y puesta en marcha del equipamiento sanitario en esta localidad, que costó 11,2 millones de euros. Con esta investigación el caso Innova da un nuevo vuelco: tras saltar desde los confines de Reus hasta las Tierras del Ebro por presunta corrupción en la concesión del servicio de ambulancias en estas comarcas, ahora el caso se extiende también hasta Vila-seca, cuyo alcalde es el convergente Josep Poblet, presidente de la Diputación de Tarragona.

El proyecto del centro asistencial lo llevó Jorge Batesteza, ya imputado en otra pieza del 'caso Innova'

El proyecto del CAP se remonta a julio de 2006, cuando el Ayuntamiento firmó un convenio con el Departamento de Salud, entonces dirigido por Marina Geli (PSC). El 19 de mayo de 2008 se celebró una sesión ordinaria de la junta de gobierno local en la que según recoge el acta se aprobó la supervisión de la redacción del proyecto del nuevo CAP a Batesteza por 10.440 euros a cargo del presupuesto municipal. La decisión se tomó “por unanimidad” tras un informe emitido por arquitecto municipal. “Este contrato de servicios puede conceptuarse y ser tramitado como contrato menor, por razón de cuantía”.

En mayo de 2009, el Ayuntamiento adjudicó la construcción del CAP a la empresa COMSA en un solar de 4.270 metros cuadrados cedido por Vila-seca al CatSalut. El CAP fue inaugurado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en marzo de 2012 aunque entró en funcionamiento unos meses antes, en septiembre de 2011. Está gestionado por la Red Sanitaria y Social de Santa Tecla y da servicio a alrededor de 21.000 usuarios.

Poblet está casado con Ester Ventura, directora financiera de Innova entre 2002 y 2012 y antigua mano derecha de Prat. El juez del juzgado 3 de Reus imputó ayer a la ejecutiva y a una abogada, Olga Vázquez, por desobediencia por abandonar los juzgados de Reus a través del garaje y no por la puerta principal a pesar de que expresamente el juez les indicara que solo estaba disponible esta última y “que todos los ciudadanos (incluidos los imputados) debían acceder y salir por esa puerta, sin distinciones”, detalla el auto. El incidente ocurrió el 10 de febrero tras declarar Ventura como imputada por el pago desde Innova de 720.000 euros a Carles Manté, exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), por trabajos de consultoría supuestamente no hechos. Ventura está acusada de presunta estafa, apropiación indebida, delitos contra la Administración Pública (prevaricación y malversación de caudales públicos), blanqueo de capitales y falsedad documental.

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