La Administración anuncia más dinero para el transporte en plena protesta

La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana (AMB) aportarán más recursos económicos al transporte público. Casualidad o no, el anuncio llega en pleno auge de las protestas de la plataforma Stop subidas que amenazan las líneas de metro, Ferrocarrils de la Generalitat y Renfe cada miércoles desde hace un mes y que podrían extenderse también al Mobile World Congress que se celebra la próxima semana. Esas administraciones siguen negándose a anular la subida tarifaria de este año, como pide el movimiento ciudadano, pero a cambio se compromete a inyectar 20 nuevos millones anuales en 2015 y 2016 en la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) para contener nuevas subidas en el futuro y mantener la viabilidad del sistema.

La urgencia es tal que el Ayuntamiento ya elevará su aportación este año en 10 millones de euros (una cifra que volverá a incrementar en 2015 y 2016 hasta alcanzar una subida de 30 millones en tres años), como también lo hará el AMB, cuya aportación crecerá cada año en siete millones hasta 2016. La Generalitat, por su parte, elevará su aportación en 2,4 millones en 2015 y en otros 5,5 millones en 2016, por lo que al final de ese periodo su aportación será de 289,1 millones, por los 110,4 del Consistorio y los 115,6 millones de la Administración metropolitana.

Las tres instituciones negociaban un acuerdo desde octubre para intentar solventar las crecientes dificultades económicas que atraviesa la ATM, que desde 2008 ha aumentado un 60% su oferta y, en cambio, sufrió en 2012 una radical reducción del número de usuarios que ha mermado sus ingresos. El resultado no es otro que abultados déficits —más gastos que ingresos— año tras año y una deuda acumulada de 546 millones en 2013, que crecerá en al menos 96 millones más en los próximos dos años. La intención de las Administraciones es frenar la sangría y refinanciar con la banca esa abultada mochila crediticia para poner el marcador a cero en un plazo de 15 años, un plazo suficientemente holgado para que las operadoras —sobre todo Transportes Metropolitanos (TMB), que copa el 82% de esa deuda— vuelvan a obtener capacidad para efectuar inversiones.

Además de la reducción del endeudamiento, las tres Administraciones han alcanzado un preacuerdo para lanzar medidas de ahorro en los distintos operadores en el plazo de dos años que no contemplaría despidos. En paralelo se prevé elaborar un plan de estímulo de la demanda. Las Administraciones sostienen que los usuarios no asuman más del 50% del coste del sistema, pero que su aportación no se aleje de ese porcentaje. En 2013 fue del 42%.

El pacto acordado por las tres Administraciones supone algunos guiños para la plataforma Stop subidas. El más evidente es el momento en el que se anuncian nuevas inyecciones de inversiones, pero a este se añade una inconcreta propuesta para "introducir criterios ambientales que penalicen económicamente el transporte privado y que los ingresos reviertan de forma finalista en el mantenimiento en el transporte público. Lo único claro es que no será ningún nuevo impuesto o tasa.