Valderas se considera “injustamente señalado” por la juez de los ERE

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, afirmó este lunes que como responsable político ha gestionado siempre “en función de los intereses públicos y en el marco de la legalidad”, en respuesta a la investigación sobre el caso de los ERE.

Con esta declaración durante una entrevista con TVE, Valderas —quien recordó que lleva en política desde 1978— se ha referido a la decisión de la juez Mercedes Alaya de pedir que se le investigue a él y al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, por una petición testifical del abogado del ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero en relación con ayudas a empresas.

Valderas señaló que está “seguro de sí mismo y satisfecho” con la forma en que ha desempeñado sus diferentes responsabilidades públicas. El vicepresidente lamentó que la instrucción del caso está “durando demasiado” y esa demora hace que se “pierda el valor de señalar a los responsables”.

“El proceso está durando demasiado y eso hace que pierda el valor que necesita la democracia, que es señalar a los responsables políticos y administrativos con nombres y apellidos”, aseguró, para añadir que él ha sido “injustamente señalado” en el caso de los ERE falsos.

Según Valderas, si Alaya no le llama a declarar es porque no hay indicios para hacerlo. “Si mañana los hubiera, me llamaría”, añadió para, seguidamente, pedir que en todos los casos la justicia debe llegar “hasta el final, alcance a quien alcance”.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE) afirmó ayer que la acusación de Guerrero, que le señala como supuesto partícipe de la trama de la administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, es fruto del “rencor”.

Según Villalobos, la subvención de 90.000 euros, concedida en 2003 por el departamento de Guerrero para la muestra Sevilla son sus pueblos, está “perfectamente justificada”. No obstante, el presidente de la Diputación reveló que ha enviado una carta a la juez Alaya y se pone “a su entera disposición, si es que tengo algo que aclarar”, informa Europa Press.

Guerrero, imputado en la causa y hombre clave en los hechos por el cargo que ostentaba, ha solicitado a la juez que presten declaración Valderas y Rodríguez Villalobos. A ambos les atribuye una supuesta participación en el supuesto uso fraudulento de la subvención de 90.000 euros concedida a la sociedad de la Diputación Sevilla Siglo XXI, para la celebración de una muestra provincial.

La juez ha rechazado la petición de Guerrero, pero ha ordenado a la Guardia Civil “que investigue los hechos expuestos” en el escrito. En ese sentido, Rodríguez Villalobos aseguró ayer que el escrito de Guerrero persigue “dañar mi imagen personal y mi trayectoria política” en venganza por una sesión del pleno de la Diputación en la que el presidente llamó a Guerrero “chorizo, putero y drogadicto”.