Euskadi elabora su futura ley de Vivienda con dos Gobiernos en contra

Un hogar para todos, los que tengan dinero y los que no. El Parlamento arranca, este febrero, el debate sobre una de las leyes más importantes, la de Vivienda, que Euskadi no ha logrado aprobar en más de tres décadas —hubo intentos en 1999, 2008 y 2011— mientras observaba al resto de comunidades hacerlo. El debate comienza con no pocos condicionantes y presiones, desde la posición crítica del Gobierno vasco y el central, hasta las advertencias de la troika o la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la ley andaluza, que guarda puntos coincidentes con la propuesta legal vasca.

 “El derecho a la vivienda es el primero; si no se garantiza, los demás derechos tampoco se van a poder garantizar”, defiende Bixen Itxaso, parlamentario del PSE impulsor de la proposición de ley. Su objetivo es materializar lo que ya recoge la Constitución. El texto está basado en el que elaboró el Gobierno socialista, y es el primero de la oposición que avanza esta legislatura pese a la negativa del Ejecutivo.

El Gobierno vasco está alerta. Lo reconocen abiertamente altos cargos encargados de velar por las finanzas autonómicas, que se muestran “muy preocupados” por el devenir de la futura ley. La principal razón es la creación de un nuevo derecho subjetivo, exigible ante los tribunales, de acceso a la vivienda. La propuesta deja abierto el desarrollo de los requisitos de ingresos de ese derecho subjetivo y señala que pueden reclamarlo quienes no tengan un alojamiento “estable o adecuado”, para lo que se facilitarán pisos de alquiler o ayudas. Un informe jurídico del Gobierno anterior advirtió de que ese artículo “debe ser examinado con especial cautela, por los efectos que conlleva y por la incidencia económica” del derecho. El Departamento de Vivienda actual muestra sus cautelas sobre cómo se materializará.

El temor de la administración es que los presupuestos se disparen o, como ocurre con la Renta de Garantía de Ingresos, otro derecho subjetivo, que a final de año haya que dotar de decenas de millones más a ese fin. Esto ha llevado al PNV a hablar de “derecho de acceso” y no de derecho subjetivo, con el que se puede recurrir a los tribunales. Con un debate aplazado hasta la saciedad, con cinco ampliaciones del plazo de enmiendas, la negociación parlamentaria de las 600 correcciones propuestas por los distintos partidos se antoja polarizada en términos de izquierdas y derechas —dota de protagonismo a UPyD por su capacidad de desbloquear empates—, pero también con el condicionante del pacto PNV-PSE.

Al margen del juego político, la realidad de la calle es que la necesidad es patente. Etxebide tiene 64.162 personas a la espera de una vivienda de alquiler y el Gobierno cuenta con un parque de 11.538 que crecerá en 4.000 durante esta legislatura. Pero en 2011 había 59.000 viviendas vacías. Para movilizar esta parte del parque de viviendas, la propuesta es más contundente que las ya existentes para sacar rendimiento a lo construido.

El PSE apuesta por el alquiler forzoso en casos especiales, un canon de diez euros por metro cuadrado y año a las viviendas vacías durante más de dos años sin causa justificada —EH Bildu lo respalda, con cambios— y por otras medidas. La más mediática es la expropiación temporal por tres años de una vivienda a un banco por estar en riesgo de desahuciar a una familia. La idea es respaldada por EH Bildu y UPyD, con matices, pero ha sido suspendida por el TC en Andalucía.

Tras el registro de la iniciativa, el Gobierno central envió un informe con advertencias sobre el impacto en los bancos de las expropiaciones. Según el Ministerio de Economía, se vulnera la distribución competencial y habrá un “impacto en los mercados financieros”. El exviceconsejero de Vivienda, Javier Burón, reconoció en enero en la Cadena Ser que “hay un cruce de intereses sociales y económicos y no siempre es fácil llegar a acuerdos”.