La cúpula de Vendex admite los sobornos

Apuntes contables y pinchazos telefónicos. Estas fueron las dos piedras con las que la juez del caso Pokémon, el mayor sumario por corrupción instruido en Galicia, fue erosionando la resistencia de los responsables del grupo empresarial Vendex a confesar, tras ser detenidos en septiembre de 2012, el lado oscuro de su trabajo en los ayuntamientos. Relojes de alta gama al exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez (PSdeG); entregas de dinero al jefe de la policía local de esta ciudad para viajes con su amante; un pago de 6.000 euros al exedil del BNG Francisco Varela; asignaciones periódicas para el exconcejal lucense Francisco Liñares; y enchufes por doquier. “Yo nunca quise saber”, llegó a afirmar Adrián Cordero, delegado de Vendex en Ourense, sobre los presuntos sobornos al exregidor ourensano que se anotaban en la contabilidad.

Cordero, que reconoció haber recibido de Rodríguez “informaciones” sobre sus rivales en concursos públicos, fue el primero en admitir la generosa “política de regalos” de la empresa —en navidades era “un cristo”, se quejó— y los pagos asignados a políticos y funcionarios que se apuntaban en la contabilidad: “¡Había tal lío de dinero sacado para un lado y para otro...!”, exclamó ante la magistrada Pilar de Lara para justificar su desmemoria y confusión sobre los apuntes contables. Cordero aseguró que cada Navidad su empresa agasajaba a Francisco Rodríguez con un reloj de marca de lujo, que se le enviaba por mensajería o a través de un empleado y que el regalo incluía hasta las futuras averías fuera de garantía. Cuando a uno de ellos se le estropeó la correa, “lo dejaban en la joyería y luego pasábamos nosotros a pagar”, declaró.

Al superintendente de la policía local de Ourense, Abelardo Ulloa, Vendex le pagaba escapadas con una amante, según testificaron Cordero y su superior, José María Tutor, el mandamás del grupo empresarial en Galicia. El delegado ourensano de la firma alega que el dinero lo pedía el propio mando policial con la disculpa de que “no podía sacarlo [del banco] por si se enteraba su mujer”. Las entregas fueron varias, dicen, y rondaban los 1.000 euros. Una de ellas la hizo Cordero personalmente en el despacho municipal del superintendente. Accedía a este chorreo de dinero, alegó el ejecutivo de la concesionaria de la grúa y de la ORA en Ourense, porque tenía “miedo al carácter” de Ulloa y al futuro de esos contratos. “Yo vivo de mi trabajo”, esgrimió.

El superintendente, que comenzó negando ante De Lara incluso conocer a los empresarios de la trama, acabó reconociendo, con un hilo de voz, haber recibido dinero de Cordero. “Le pedí un préstamo personal de 1.000 euros”, justificó la entrega ante le repregunta de De Lara: “¿Con los ingresos que usted tiene?”. “¿Recibió regalos?”, inquirió la juez. Y Ulloa musitó: “Hace diez años empecé a intercambiar regalos personales, por Navidad, con [el funcionario fallecido] Julio Cordero [padre de Adrián]. Empezaron siendo normales —una cobarta...— y fueron subiendo: dos plumas Dupont, figuras decorativas, un reloj Omega...”. También acabó reconociendo haberse reunido en Madrid con el jefe de la trama, Gervario Rolando Rodríguez.

Por su parte, en su interrogatorio, con voz cada vez más quebrada, Cordero también se refirió a una cita en la cafetería Xesteira de Ourense con el entonces concejal nacionalista Fernando Varela y el jefe de Vendex en Galicia. Horas antes, Cordero había retirado unos 6.000 euros del banco por orden de su superior, Tutor. Dice que el dinero era para Varela, pero no para él “físicamente”, sino “para el partido”, el BNG. No presenció el momento exacto de la supuesta entrega de Tutor a Varela; prefirió levantarse de la mesa e irse.

Pese a las grabaciones, los apuntes contables y el cerco de la juez con sus preguntas, el delegado de Vendex en Galicia se negó a admitir haber hecho pagos de dinero al exalcalde de Ourense. Tutor se cerró en banda y aseguró a la instructora que las anotaciones en las cuentas referentes a Rodríguez se trataban de aportaciones para el club de baloncesto de Ourense. Y reconoció haberle pagado a Francisco Liñares, exedil del gobierno de Xosé López Orozco en Lugo, pero no a este último, con el que no tuvo ninguna “conversación” en este sentido: “Se entrega un sobre y cómo se reparte no lo sé”. Liñares admitió ante la juez que Vendex le entregaba 1.000 euros mensuales en agradecimiento por la ORA.

El exregidor ourensano Francisco Rodríguez levantó ayer el silencio de los últimos meses y proclamó, una vez más, su inocencia. “Estoy sufriendo un proceso general sobre toda mi vida y la de mi familia y no me importa porque no tengo nada que ocultar, pero ya es hora de que quienes acusan demuestren sus acusaciones», se desmarcó de las imputaciones judiciales de cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales. Rodríguez negó haber concedido algún concurso público a Vendex precisando que la empresa no ganó ninguno mientras él fue alcalde. “Seguir especulando con algo tan evidente, solo puede ser parte de la manipulación cómplice con el linchamiento político al que se me sometió desde el principio por quienes estaban interesados en hacerme desaparecer de la política”, protestó el exalcalde.

En los nuevos tomos del sumario sobre los que la juez ha levantado el secreto queda constancia del interés del gobierno municipal ourensano por pagar a una filial de Vendex (PAU, adjudicataria de la limpieza de los edificios municipales) el servicio en el inmueble de la policía local que no estaba incluido el contrato.

El superintendente Ulloa,comenzó a remitir al Ayuntamiento las facturas correspondientes a la limpieza del edificio (incluía garaje y calabozos) a cargo de PAU por importes anuales de entre 60.000 y 80.000 euros. Desde 2007, las firmas de Ulloa; del concejal de Seguridad, Fernando Varela, y del alcalde, Francisco Rodríguez, avalan las facturas que constantemente son desacreditadas por el interventor municipal, Gonzalo Alonso. El alto funcionario entendía que dada la periodicidad de la prestación del servicio y el importe global de la facturación era necesario un procedimiento de concurrencia competitiva para adjudicar el servicio a la opción “más ventajosa”. Alonso ponía reparos a los pagos a PAU alertando deque vulneraban la normativa de contratación de las administraciones públicas. El gobierno local levantó los reparos autorizando los pagos al grupo Vendex mediante decretos de la alcaldía basados en “la necesidad de proteger los derechos legítimos de los contratantes que se relacionaron de buena fe con esta administración”.

“Desconocemos la existencia de resolución administrativa alguna en el que se le encargue a PAU la realización de ese servicio e igualmente desconocemos si ha habido órdenes de trabajo y de haberlas habido, en qué manera se han producido y quien las ha formulado y cuál es su contenido”, informó en septiembre de 2012 el técnico municipal Luis Tros en un informe solicitado por los agentes de Vigilancia Aduanera.